Líderes y organizaciones feministas de amplia experiencia trabajando en defensa de los derechos humanos y contra la violencia de género contrarrestaron el discurso negacionista que difunden las legisladoras electas por el Proyecto Dignidad Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos.
Más de 150 organizaciones y profesionales endosaron un comunicado de prensa en el que catalogan el contenido de una carta que Rodríguez Veve y Burgos enviaron al gobernador electo Pedro Pierluisi como una manifestación de discrimen por género. En la misiva, la senadora y la representante electa le piden a Pierluisi que ignore su promesa de campaña de declarar un estado de emergencia por violencia de género a uno por la violencia generalizada en el país. Las legisladoras electas ignoran en la misiva las raíces de la violencia de género, así como los datos científicos, estadísticas y literatura internacional sobre el tema.
Las organizaciones y feministas establecieron que ambas políticas insisten de esta manera en invisibilizar las violencias de género y obstaculizar el trabajo de organizaciones que llevan décadas trabajando para alcanzar la paz, seguridad y desarrollo de las mujeres en el país.
“La violencia de género es un problema social y de salud pública que debe ser atendido con rigurosidad. Negar su existencia es ser cómplices de los feminicidios y transfeminicidios que tanto consternan al país, así como del dolor y terror que sufren las mujeres que luchan por sobrevivir las agresiones que enfrentan en sus hogares o comunidades”, lee la comunicación.
“Pedirle al gobernador electo, Pedro Pierluisi, que ignore los datos y estadísticas sobre la violencia de género es un acto más de violencia contra el resto de las mujeres en Puerto Rico, incluyendo a las personas trans. Invisibilizar esa violencia, más que proteger vidas, las destruye todas”, estableció la directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez.
Las estadísticas demuestran que la violencia de género impacta en su mayoría a las mujeres y a las personas sexo-género diversas, colocándolas en una situación de abuso físico, verbal, emocional o sexual, usualmente perpetrado por hombres. Según datos de los pasados cinco años, en Puerto Rico asesinan a una mujer cada siete días.
El Observatorio de Género reporta que durante el año 2020 y en la semana número 49 del año, el total de feminicidios es 55, incluyendo a dos menores de edad y seis transfeminicidios. De ese total, 16 están categorizados como íntimos. Esto equivale a 1.12 mujeres cada 7 días, una cifra que supera las de años anteriores.
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“Es un atentado contra la vida de las mujeres pretender invisibilizar la violencia ejercida contra estas –y solicitar que no se les proteja– cuando en un contexto de pandemia, la cifra de mujeres violentadas ha ido exponencialmente en aumento, y muchas organizaciones del sector civil han estado denunciando y reportando dicho incremento”, añadió Frances Collazo, de Profamilias.
Las organizaciones destacaron que el Estado de Emergencia comenzó a solicitarse desde el año 2018, bajo la gobernación de Ricardo Rosselló. Ese año, las estadísticas señalan 52 feminicidios.
En Puerto Rico, más de 40 organizaciones civiles se dedican a ofrecer servicios de seguridad, albergue, apoyo psicosocial, intercesoría legal, vivienda y desarrollo económico a mujeres en situaciones de violencia doméstica.
“No solo trabajamos para salvar las vidas de miles de mujeres, sino que además garantizamos la seguridad de sus niñas y niños y les acompañamos durante su proceso de sanación y recuperación”, explicó Vilma González Castro, de Coordinadora Paz para la Mujer.
Miles de mujeres y sus hijos han necesitado albergue
Como ejemplo del trabajo que hacen las organizaciones, informaron que en lo que va del año 2020, seis de los albergues ya han albergado a más de 238 familias, mientras que cuatro programas de vivienda transitoria han dado un techo a mediano plazo para más de 160 participantes y sus familias. Cuatro de los programas de Rapid ReHousing existentes en este grupo de organizaciones lograron facilitar vivienda a 67 familias mientras que en dos programas de vivienda permanente a más de 50. Las intervenciones de apoyo psicosocial y de acompañamiento a tribunales llegaron a miles y a esto se suman las llamadas a las líneas de ayuda de las organizaciones que tienen ese servicio disponible.
“Si bien en Puerto Rico, al igual que en muchos países, los hombres también son víctimas de violencia que atenta contra sus vidas, las principales causas de la violencia no están basadas en su género, sino que se asocian al narcotráfico o crimen organizado. Ya el Estado de Derecho en Puerto Rico protege actualmente a las víctimas de crímenes violentos, así como penaliza dicha conducta delictiva, sin distinción de género”, dijo Edda López Serrano de Aborto Libre Puerto Rico.
Las organizaciones hicieron referencia al Informe Anual de Muertes Violentas de Puerto Rico para el año 2017 del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en el cual se informa que “[d]e las 1,025 muertes violentas registradas en 2017, 729 fueron homicidios (71.1%). Los homicidios son más frecuentes en hombres (n=692, 94.9%) que en mujeres (n=37, 5.1%) […] Las circunstancias criminales más frecuentes de homicidios en Puerto Rico están relacionadas con el tráfico ilegal de drogas y el crimen organizado. De los 729 homicidios ocurridos en 2017, 332 (45.5%) estaban relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.”
“El Estado de Emergencia por violencia de género que se solicita es debido a la alta incidencia de violencia contra las mujeres y personas sexo-género diversas, a causa de su género”, expuso Patricia Otón, de Inter-Mujeres.
“No podemos tapar el cielo con una mano y negar las estadísticas comprobadas de violencia de género y feminicidios en Puerto Rico. Nuestras organizaciones han sido rigurosas en el proceso de contabilizar los feminicidios y también al registrar y documentar los eventos de violencia de género que atienden a través de sus programas de servicio directo. Si no atendemos la violencia de género con medidas de equidad y respuestas concertadas desde el gobierno, la sociedad y las organizaciones, seguiremos perdiendo vidas que podrían haber sido protegidas”, señaló la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo Nazario.
La violencia de género continúa siendo una de las manifestaciones más claras de la relación de poder y opresión contra las mujeres. Aunque existen diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres, el fenómeno de los feminicidios ha sido reconocido explícitamente por la Organización Mundial de la Salud como el caso más extremo de todas las formas de violencia de género.
En la Declaración de la Asamblea General sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU en 1993, la violencia de género se define como “[t]odo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.
La ONU, así como otros organismos internacionales, continúan realizando esfuerzos para eliminar la violencia basada en género. En el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, por parte de un compañero sentimental (infografía ONU Mujeres). A su vez, el 38% de los asesinatos de mujeres en el mundo ha sido perpetrado por una pareja masculina, según datos de la Organización Panamericana de la Salud.
Finalmente, las organizaciones puntualizaron que el rechazo de ambas legisladoras a las políticas públicas y modelos de trabajo dirigidos a atender las diversas manifestaciones de violencia basada en prejuicios y estereotipos de género constituye una violación crasa de los derechos humanos y refleja desde ahora el potencial incumplimiento de su obligación de ejercer una debida diligencia en la protección de quienes sufren violencias de género. Reiteraron, además, su solicitud al gobernador electo, Pedro Pierluisi, para que se decrete un estado de emergencia por violencia de género.
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