Fotos y vídeo por Ana María Abruña Reyes
Cuando Elianni Bello Gelabert fue arrestada, acababa de llevar a su hija a la casa de la abuela paterna. En ese lugar, vive la única familia que la menor, de tres meses, tiene en Puerto Rico. La joven dominicana, de 22 años, enfrentaba una orden de desahucio, por lo que no tendría un hogar seguro.
“Si hay algo que Elianni no hizo, fue abandonar a su hija. Esto es una mujer inmigrante que tenía tres meses de haber parido, con una orden de desalojo y navegando sola en un sistema sumamente injusto”, expresó la abogada Mariana Iriarte Mastronardo, quien añadió que Elianni hizo lo que cualquier madre protectora haría: llevar a su hija a un espacio más seguro.
La licenciada, también madre e inmigrante, se unió a un grupo de personas, que convocó la organización política Colectiva Feminista en Construcción, en una manifestación frente al Departamento de Justicia para exigir que se retire el cargo por negligencia que mantiene a Bello Gelabert sumariada, desde el sábado, en el Complejo Correccional de Bayamón.
“No hay ningún efecto positivo, ni para ella ni para la menor en que el Estado la meta presa. Está dañando completamento dos vidas, de manera innecesaria, cuando su intervención puede ser distinta”, señaló Zoán Dávila Roldán, dirigente de la Colectiva, organización que estableció contacto con dos de las hermanas de Bello Gelabert, quienes indicaron que la joven estaba deprimida.
En la noche del viernes, Elianni llevó a su hija a la casa de la familia de su padre, Yon Arias Lugo, de 42 años, quien no se quería hacer cargo de la niña, comunicó la mujer cuando contactó a la Policía.
La respuesta de las autoridades fue el arresto y la radicación de un cargo por violación a la Ley para la Salud, Bienestar y Protección de Menores contra de Bello Gelabert, a quien la jueza Brenda Salas impuso una fianza de $50,000 que no pudo prestar.
“Determinó que había que ingresarla con una fianza de $50,000, pero entonces escribe, en la denuncia, que se le brinde ayuda psiquiátrica y psicológica. De entrada, uno ve eso y uno dice: ‘Si necesitaba ayuda psiquiátrica y psicológica, según la evaluación de la jueza, ¿por qué está presa?’”, cuestionó María Soledad Sáez Matos, una de las representantes legales de Bello Gelabert.
Esta decisión ha sido fuertemente criticada por defensores de los derechos humanos, quienes creen que el asunto se pudo atender de otras formas, como la asistencia y el acompañamiento. En vez de castigar, el Estado pudo proveer recursos para que esta mujer y su hija pudieran tener una vida digna, sentenció Dávila Roldán.
La abogada Iriarte Mastronardo reclamó por qué Justicia decidió presentar un cargo que “no se sostiene”, en vez de “utilizar los mecanismos no punitivos que provee la Ley 246 para brindarles todos los servicios necesarios a Elianni y a su niña”.
“Así como la arrestaron, así podrían haberse comunicado con las agencias para que esa joven madre y su hija recibieran los servicios. A diferencia, ¿qué es lo que hace el derecho hoy, que lo ve desde su ojo patriarcal y machista? La tiene encarcelada”, añadió.
Además, expuso que Bello Gelabert tiene una orden de protección, desde hace un año, en contra del padre de su hija, quien también es testigo de la fiscalía en el caso por la supuesta negligencia. Así que hizo un llamado a que el aparato judicial estudie estos casos en su complejidad y desde una perspectiva de género.
Las representantes legales de Bello Gelabert, Sáez Matos y Rosa Falcón Díaz, de la Sociedad para la Asistencia Legal, mañana, miércoles, comparecerán a una vista para que se reduzca la fianza a un monto que se pueda pagar y que permita que la joven madre salga del Centro Médico Correccional. Las abogadas mencionaron que Elianni está tomando fármacos. Según sus comunicaciones, el personal médico no informó el nombre de los medicamentos.
Asimismo, Sáez Matos indicó que el caso ejemplifica perfectamente lo que implican las interseccionalidades en el sistema judicial, pues se criminaliza a una mujer, pobre, joven e inmigrante.
Otro de los señalamientos fue que no se trate de la misma forma al padre de la niña, quien se desentendió de su corresponsabilidad, lo que denota que el sistema cree que el deber del cuidado de los hijos recae exclusivamente sobre las mujeres, dijo la abogada Sáez Matos.
Según se reportó en la prensa, la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Jessika Correa González, se distanció del asunto y dijo que el Departamento de la Familia era la entidad que debía dilucidar cuánta responsabilidad tuvo el padre en esta situación.
“La definición de negligencia, en la ley, es cuando un padre o una madre falta a su deber de proveer alimento, vivienda, salud a ese hijo e hija. Definitivamente, este padre ha faltado a su deber, en todos los aspectos con esa menor. Sin embargo, no vemos que eso esté en la conversación, que eso tenga algún impacto, ni que el Estado le esté responsabilizando”, acotó Dávila Roldán.
Agregó que para las miembras de la Colectiva lo central y lo importante son Elianni y su hija. Su posición no es exigir que encarcelen al padre, pero entiende que se debe señalar “esa incongruencia, esa doble vara en donde, contra ella, baja todo el peso de la ley; y él es hasta testigo de la fiscalía”.
Como resultado de la manifestación, las abogadas de Elianni e Iriarte Martronardo, como representante de la Colectiva Feminista en Construcción, se reunieron con Correa González.
“Esperamos que esa reunión dé buenos frutos para que se haga justicia a Elianni y a su hija”, comunicó Iriarte Mastronardo en entrevista con Todas.
