(Foto de Ana María Abruña Reyes)
El sistema penal, en el que opera el derecho en Puerto Rico, trata desigualmente a las personas. Las comunidades vulnerabilizadas son las más afectadas, y se agrava por sus intersecciones de género, raza, clase social y estatus migratorio.
La selectividad del Estado para criminalizar a las personas que sistémicamente son menos aventajadas se ha evidenciado en el caso de la joven madre dominicana Elianni Bello Gelabert, quien fue arrestada y enfrentaba un cargo de negligencia por dejar a su hija en casa de su abuela paterna, donde reside el padre de la menor.
El sistema penal criminalizó a esta mujer sin tomar en cuenta las situaciones que enfrentaba. Aunque el Estado sabía que fue desahuciada y era víctima de violencia de género, le impuso una fianza de $50,000 que luego se redujo a $1, por la presión pública y mediática.
El lunes, 18 de abril, el Departamento de Justicia solicitó retirar el cargo. Las conversaciones a estos fines se suscitaron luego de la manifestación del martes ,12 de abril, que convocó la Colectiva Feminista en Construcción. Como resultado de la demostración, frente al edificio de Justicia, la fiscalía se reunió con las representantes legales de Elianni, María Soledad Sáez Matos y Rosa Falcón Díaz, y Mariana Iriarte Mastronardo, en representación de la organización.
“Hay un sesgo importante siempre, en las decisiones que se toman desde la Rama Ejecutiva y la Rama Judicial. Yo lo que veo es que, cuando las mujeres son las imputadas o las acusadas, el sistema es duro, el sistema es fuerte”, expresó la abogada Iris Yaritza Rosario Nieves, especialista en derecho penal.
Problema estructural
Para la abogada feminista Iriarte Matronardo, la situación de la selectividad yace de una marginación estructural que vulnera a grupos menos privilegiados. Entiende que el Estado abandona a estas personas mucho antes de llegar al sistema criminal.
“Desde el nacimiento, los pone ya en una situación de vulnerabilidad que hace que esas personas sean criminalizadas con mucha más facilidad”, comunicó la licenciada sobre el sistema que se niega a atender las desigualdades económicas, de género y de raza.
Explicó que, en vez de hacer un análisis integral de las situaciones, el sistema ve únicamente la comisión de los delitos.
“Nosotros podemos meter presas a todas las personas que delinquen y no vamos a terminar con la violencia porque no estamos atendiendo las causas estructurales que hacen que esas personas ingresen al sistema criminal”, agregó la también profesora.
Rosario Nieves coincidió, en entrevista individual, al decir que el derecho en Puerto Rico “no previene, no disuade, no retribuye y no rehabilita”, lo que, según el discurso del Estado, debería hacer. Añadió que la inefectividad del sistema se puede ver en que las tasas de violencia no disminuyan.
Las abogadas, además, concurrieron en que, si no se atienden las inequidades estructurales, el sistema penal se sigue nutriendo y legitimando a costa de criminalizar a las personas más vulnerabilizadas.
El sistema criminaliza la pobreza
Rosario Nieves señaló que los grupos que se ven más afectados al ser criminalizados son las personas racializadas, personas de las comunidades LGBTTIQA+, en situación de pobreza, inmigrantes y mujeres.
“Es un sistema que reproduce todas las dinámicas de exclusión y marginación que se dan en la sociedad. Nosotros vemos los llamados perfiles que hace el Departamento de Corrección y lo que vemos son personas pobres”, sostuvo.
De acuerdo con los datos más recientes de la población privada de su libertad, 47.37% dijo que su ingreso familiar no sobrepasaba los $20,000. Asimismo, 70% vivían en barriadas o residenciales públicos. Esta información valida que el sistema penal selecciona a las personas con menos recursos.
“En las cárceles, no vamos a encontrar a personas con dinero y no es porque no delincan, es porque, de ordinario, los delitos que cometen los poderosos son delitos que se conceptúan, por ejemplo, como crímenes de cuello blanco”, aclaró la también catedrática auxiliar en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Asimismo, explicó que, para procesar estos casos, se necesita mucho conocimiento para sobrepasar los mecanismos y privilegios que les protegen.
Expuso, además, que hay personas con las que el gobierno interviene desde su nacimiento. Las personas empobrecidas generalmente se concentran en espacios públicos, como los residenciales, las escuelas públicas y las calles, lo que facilita que el Estado les vea y les señale.
“Eso hace que la selectividad sea mayor porque, en la medida en que se ven las cosas, el sistema las puede acaparar”, dijo Rosario Nieves.
La doble vara en la criminalización también alcanza a las mujeres a quienes se les impone el rol de cuidadoras y encargadas del espacio doméstico. En el caso de Elianni, la discriminación por género también es palpable, pues no se ha señalado al padre de la niña por no asumir su corresponsabilidad parental. El sistema patriarcal lo privilegia de tal manera que, incluso, fue considerado testigo del ministerio público en el caso de negligencia en contra de la joven madre.
Criminalizar no rehabilita
Aunque los datos de Corrección no están desagregados por raza, sí lo están por sexo. Esos números evidencian que el 56.65% de las mujeres privadas de su libertad padecían de alguna enfermedad de salud mental, diagnosticada previo a su reclusión.
Además, el 65.25% tenía, antes de entrar a la cárcel, un historial de abuso de sustancias. Solo el 27.54% recibió algún tratamiento para la adicción.
Estos datos son reveladores de que el sistema criminaliza a personas enfermas, en vez de ofrecer soluciones no punitivas que les ayuden a sobrellevar sus respectivas situaciones.
“Aquí, se criminalizan las adicciones, que es una enfermedad; se criminaliza a las personas neurodiversas; se criminaliza la pobreza; se criminaliza, muchas veces, la identidad de género. Cuando tú vienes a ver, estas poblaciones están en una mayor probabilidad de ser criminalizadas. Son las circunstancias de vida que están alrededor tuyo que hacen que, en algún momento, sea más probable que delincas”, indicó Iriarte Mastronardo.
Rosario Nieves, por su parte, explicó que el sistema carcelario, en sí mismo, viola los derechos humanos.
Aparte de privar de la libertad, el proceso se da en un espacio en el que no necesariamente se ofrecen los servicios que merecen todas las personas. La abogada relató que, por ejemplo, los servicios de salud y de alimentos no siempre son los adecuados. Igualmente, la prohibición de las drogas puede desencadenar en el clandestinaje y en el uso descontrolado de sustancias.
“El derecho penal es muy selectivo y, en ese sentido, violenta crasamente los derechos fundamentales de mucha gente, en Puerto Rico y en el mundo”, acotó.
Urgen cambios en el sistema
Ambas profesionales del derecho concurrieron con que el sistema carcelario se debe tener como último recurso para atender las conductas constitutivas de delito.
“A lo que debemos apostar es a un sistema de justicia social, no a un sistema de justicia criminal, como le llaman ahora. Si tú atiendes esto, desde el punto de vista de la justicia social, sin duda, debe redundar en un ver a la cárcel como un último recurso”, sostuvo Iriarte Matronardo, quien se considera una feminista de la abolición, corriente que, busca eliminar el sistema carcelario.
Rosario Nieves, por su parte, no cree que el sistema penal pueda transformarse en uno completamente justo. Sin embargo, entiende que “por lo menos, debería reconocerse que existen momentos en los que la criminalización de determinadas conductas, no pueden ser la primera alternativa”.
En cambio, propone una justicia restauradora y transformadora, que podría comenzar por aspectos políticamente correctos como no procesar a los menores como adultos. Y, podría continuar por la despenalización total de las drogas, la prostitución y el aborto, que sigue siendo criminalizado en el Código Penal de Puerto Rico, aunque haya jurisprudencia local y federal que lo legalice.
