En la reciente investigación Procesamiento de casos de violencia sexual 2011-2018, revelada en el tercer simposio Empieza por creer, la organización sin fines de lucro Centro Salud Justicia de Puerto Rico presentó perfiles de las víctimas de violencia sexual, que atendió durante ese tiempo, y de los agresores.
El evento virtual fue un espacio en el que coincidieron decenas de profesionales y expertas de la salud que aportaron al público general datos sobre la intervención médica como parte investigaciones forenses.
La investigadora y doctora de Salud Justicia Linda Pérez describió que, en promedio, las víctimas de agresión sexual que recibieron durante ese tiempo fueron niñas de 12 años. Especificó que la mayoría contaba con un buen rendimiento académico y cursaba en la escuela elemental.
Del perfil también se desprende que 47 por ciento aún era prepuberal y 66 por ciento tenía su menstruación regular cuando fue agredida sexualmente. Más de tres cuartas partes contaba con un plan médico del gobierno al momento.
Por otra parte, especificó que el agresor de violencia sexual tiene, en promedio, 37 años y, en más de tres cuartas partes de los casos, se trató de un miembro de la familia. En 19 por ciento de las denuncias, el abusador o violador fue el padre biológico de la víctima.
Respecto a la experiencia de violencia, la doctora encontró que el 54 por ciento de las sobrevivientes reportó agresión sexual y 42 por ciento fue acosada sexualmente.
La investigadora detalló que la muestra del estudio incluye 271 víctimas de las 502 que atendieron entre 2011 y 2018, casos en los que se gestionó querella. Los distritos judiciales en los que se atendieron fueron principalmente Caguas, Carolina y San Juan.
El Centro, en Caguas, provee servicios forenses a sobrevivientes de violencia sexual mediante la aportación de expertas en medicina, enfermería, psicología, trabajo social, entre otras disciplinas, para asegurar un tratamiento interdisciplinario de los casos, según la página web oficial.
Influencia del tipo agresión en la atención que se le da al caso
En la investigación aprobada por la junta de revisión institucional del Ponce Health Sciences University, la doctora Pérez obtuvo resultados sobre cuánto influyó el tipo de agresión en la prioridad que los fiscales dieron a la investigación. Tras evaluar la evidencia del Centro durante el periodo de tiempo establecido, concluyó que el tipo de violencia tuvo un impacto significativo.
“La posibilidad de que el fiscal atienda el caso, o presente cargos contra el agresor, es tres veces más si la víctima habló de ser sobreviviente de agresión sexual”, dijo al especificar que los resultados responden a los perfiles identificados.
Respecto a los actos lascivos observó una tendencia opuesta: si la víctima dijo haber sido abusada de este modo, hubo un 64 por ciento de probabilidad menos de que el fiscal atendiera el caso o presentara cargos contra el agresor.
Pérez expresó que lo más sorprendente fue que, si se administró un safe kit a la víctima, la probabilidad de que el caso fuera atendido y se presentaran cargos contra el agresor fue cuatro veces más con respecto a otras investigaciones evaluadas.
Respecto al estatus del procesamiento de los casos evaluados, especificó que 68 por ciento aún continúa bajo investigación, 22 por ciento fueron acogidos por fiscales, y 10 por ciento ya fueron cerrados. Estas cifras fueron obtenidas al considerar 201 querellas de un total de al menos 370.
Añadió que, en el 63 por ciento de los casos que atendió el Centro, las víctimas expresaron que la violencia había ocurrido más de una vez.
Limitaciones en el procesamiento del caso
“Vimos consistencia en que a las víctimas no se les preguntó, en algún momento por un profesional, sobre alguna experiencia de violencia sexual”, destacó la investigadora tras especificar que esta situación ocurrió en 86 por ciento de los casos evaluados por el Centro de Salud Justicia. El resultado coincidió con el de la literatura revisada.
La doctora Pérez detalló que la única limitación de su estudio fue el no poder acceder a la información de las víctimas cuyo caso no fue reportado ante tribunal, y expresó que recomendaría al sistema judicial que también evalúe este tipo de datos.
En reconocimiento de otras investigaciones presentadas en el simposio, Pérez sostuvo que impera la necesidad de que se establezcan programas de mentoría para policías, fiscales y otras profesionales. Estableció que se puede lograr mediante adiestramientos multidisciplinarios integrados a sus protocolos e interacciones en las interacciones con las víctimas sobrevivientes.
Si tú o alguna persona conocida ha sido víctima de agresión sexual, tienes derecho a recibir ayuda. Puedes llamar al 787-337-3737 o al 939 Contigo (266-8446). Mira más recursos de ayuda aquí.
