(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
Las aspiraciones a escaños públicos en nuestro archipiélago parecen aumentar con cada cuatrienio. Esto, a grandes rasgos me parece positivo, pues me gusta creer que de alguna forma abona y promueve el fin del bipartidismo que nos ha perseguido por más de sesenta años.
La papeleta estatal de este año cuenta con cinco candidatos y una candidata a la gobernación. Algunxs de ellxs han participado de todos los diversos foros y debates que han abarcado temas muy diversos, que van desde la seguridad pública, la educación, la salud, la pobreza infantil y juvenil, la Universidad de Puerto Rico, las mujeres, las personas LGBTTQI+ hasta la infraestructura y el medioambiente.
Sin embargo, creo que es importante señalar que quien gane el 3 de noviembre heredará un país con un colapso gubernamental sistémico. Las instituciones públicas andan en una crisis total que vemos evidenciada en la precariedad de los servicios que recibimos a diario.
Con los terremotos y la pandemia de este año, estos servicios se han trastocado aún más sin dejar de lado que nuestra condición colonial con los Estados Unidos y el yugo de la Junta de Control Fiscal, la representación más burda del colonialismo, complica y atraviesa cualquier intento de autodeterminación en nuestras instituciones. Me parece pertinente hacer un repaso sobre los asuntos que considero urgentes a trabajar una vez el gobernador o la gobernadora juramente el 3 de enero de 2021.
Energía
La vulnerabilidad más evidente que cualquiera puede notar con pasar una semana en Puerto Rico se halla en la inestabilidad del sistema eléctrico. Hace años que la Autoridad de Energía Eléctrica es blanco de ataques a su estructura y mantenimiento, pero en esta pasada década, el cantazo ha sido mortal. Imposible olvidar la cuestionable labor de Lisa Donahue durante la administración de Alejandro García Padilla, de la que devengó más de $45 millones para una reestructuración que nunca se dio.
Luego del huracán María, el sistema eléctrico del archipiélago ha estado en constante vulnerabilidad. Los esfuerzos no han ido en dirección a reforzar la infraestructura ni mejorar los servicios, tomando en consideración que han ocurrido otros eventos atmosféricos aunque no con la misma intensidad. De esta forma, han creado las condiciones para que la generación de energía pase a manos privadas. Uno de los legados del derrocado exgobernador, Ricardo Rosselló, fue la firma de la ley que dio paso al proceso de privatización de la AEE. Esto provocó que la Autoridad pasara a una convocatoria para empresas que quisieran invertir y así es que llega LUMA energy a la conversación. Mucho se ha dicho sobre el contrato, en especial los unionados de la UTIER y grupos de ambientalistas, quienes han manifestado su claro rechazo.
Activistas han sido clarxs en su apuesta por un sistema de energía renovable con su generación principal en el sol, que es gratis y está libre de regulaciones en el mercado. Hace unos días, la jueza Laura Taylor Swain, a cargo de la quiebra de Puerto Rico, aprobó que el contrato se considere como un gasto administrativo de la AEE. El escenario final está por verse pues, el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo expresó que irían hasta el circuito de Boston para detener el contrato y cuatro de lxs cinco candidatxs a la gobernación han expresado que, de salir electxs, cancelarían el mismo. Mientras tanto, la fragilidad del sistema eléctrico aumenta y no hay solución cercana que alivie la vulnerabilidad a quedarnos a oscuras ni la esperanza de que este contrato no nos ahogue más el bolsillo.
Educación
No es un secreto para nadie que el Departamento de Educación cuenta con el presupuesto más grande de la plantilla gubernamental. Sin embargo, entre las administraciones PNP-PPD, han cerrado más de 600 escuelas, el magisterio aún no cuentan con un salario digno y es el estudiantado del sistema público de enseñanza el que más vulnerable ha quedado ante la crisis de los terremotos y la pandemia.
Desde que comenzó el año, el Departamento no ha podido organizarse para trabajar con urgencia la inspección y recuperación de las escuelas afectadas por los terremotos. Una búsqueda rápida en internet, nos deja clara la dejadez y el desprendimiento en cuanto a este asunto. La última entrada sobre el tema es del 2 de febrero de 2020, en la que se alude a que terminaron las inspecciones y no se ha vuelto a tocar el tema, considerando que luego de esa fecha ha vuelto a temblar en múltiples ocasiones.
Asimismo, luego de aquel 15 de marzo de 2020, día que parece que seguimos viviendo, se comenzó un proceso de enseñanza virtual que no garantizaba el acceso de todos y todas a las clases. El semestre terminó y hubo estudiantes que no pisaron una escuela, no abrieron una computadora ni pudieron conectarse al internet.
A finales de julio, el secretario, Eligio Hernández, hizo su aparición para anunciar que las clases continuarían de forma virtual, que habían diseñado módulos de enseñanza y que repartirían computadoras, poniendo como prioridad al sur del país. Hasta hace una semana, cuando se anunció el subsidio de $400 para pagos de internet, casi en noviembre, faltaban 172,000 aparatos electrónicos que aún no estaban en las manos de lxs estudiantes. La vulnerabilidad de la niñez puertorriqueña es evidente y las irreparables lagunas que traerán en su formación académica no se verán ahora. Las veremos cuando tengan que enfrentarse a un sistema que solo mide competencias y que con tanta fragilidad en los servicios no pudieron adquirir.
Salud
La cuestión de la salud y específicamente de la COVID-19 ha sido un tema relativamente ausente en la discusión de los debates y foros a la gobernación, asunto que preocupa. Quien juramente en enero, lo hará en medio de una pandemia. La candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, denunció en uno de sus vídeos de Facebook que, durante el primer debate no se habló sobre la COVID-19 porque algunos candidatos condicionaron su participación a que no se discutiera el tema. Mientras, en el país que buscan gobernar, se intenta sobrevivir a una pandemia que para el gobierno de turno ya terminó.
Mucho ha pasado desde aquel 15 de marzo. Hace unos meses, unas transacciones cuestionables alzaron la bandera para que se comenzara una investigación sobre la compra de pruebas. Hubo vistas en la Cámara de Representantes que luego terminaron en nada y que probaron las irregularidades y el intento de lucro a partir de la pandemia que aún persiste. Hasta una empresa de construcción sin previa experiencia en productos médicos, (véase, APEX) terminó milagrosamente involucrada en la venta de las pruebas.
En la actualidad, hemos visto la implementación de más de diez órdenes ejecutivas que se han enfocado en medidas punitivas contra quienes violen el toque de queda y han ignorado las garantías sociales que el pueblo necesita. La más reciente trajo flexibilizaciones cuando el país todavía se encuentra en un pico que no parece bajar. Tan reciente como el pasado viernes, se alcanzó una cifra récord con 1,114 casos confirmados en lo que va de octubre.
Sin embargo, el sábado nos levantamos con la noticia de que el Departamento de Salud costeará las pruebas de la liga de Baloncesto Superior Nacional (BSN) con fondos del Cares Act para la reanudación de la temporada. Esto parece un chiste de mal gusto cuando quienes tienen plan médico, necesitan un referido y, quienes no lo tienen, tienen que pagar entre $40 y $100 para poder hacerse una prueba. Asimismo, hay una probabilidad alta de contaminación cruzada en las muestras de 1,478 pruebas que se realizaron durante el período del 11 al 28 de septiembre que pudieron arrojar falsos positivos, lo que pone en entredicho la veracidad de los datos que estamos recibiendo. Esto es peligroso, pues no nos deja saber realmente en dónde estamos ni a dónde nos dirigimos.
Trabajo
La crisis del trabajo en Puerto Rico se manifiesta en muchos espacios, sobre todo, en la mal llamada Reforma Laboral, que ha condenado a las trabajadoras a la precariedad y a la explotación reduciendo cada vez más sus derechos. También, la encontramos en el salario mínimo y lo insostenible que se vuelve vivir en este archipiélago a $7.25 la hora. Asimismo, la Junta de Control Fiscal acaba de anunciar que, para que el gobierno pueda responder a las leyes de retiro que Wanda Vázquez firmó en agosto pasado, deben reducir la nómina y despedir empleados públicos. El panorama laboral en Puerto Rico se torna cada vez más inestable con la sombra de la junta y la deuda encima.
Durante la pandemia, las circunstancias laborales han empeorado y la gestión del Departamento del Trabajo no ha sido efectiva en garantizar que cada persona desempleada reciba las ayudas estatales y federales. Solo hace falta echar un vistazo a las interminables filas que primero se dieron en las oficinas centrales en Hato Rey y ya luego en el Centro de Convenciones, en Miramar, para ver el mal manejo de la institución. Los días pasaban y la secretaria de aquel entonces, Briseida Torres, aludía a que el trabajo se estaba llevando a cabo sin problemas, pero las personas seguían sin cobrar. Tuvo tiempo para darse una vuelta con el representante Jorge “Georgie” Navarro por el centro de llamadas, pero no para resolver la necesidad de atención directa que reclamaban las trabajadoras. Antes de su salida, ya señalaba que la cantidad de empleados que tiene la agencia no daban abasto para las reclamaciones. Sin embargo, faltó la urgencia para resolver esa necesidad.
A la salida de Torres, el designado secretario, Carlos Rivera Santiago, prometía en televisión nacional que agilizaría los procesos. Hace dos meses, la espera continuaba y unos manifestantes fueron arrestados por exigir lo que por derecho les corresponde. Al día de hoy, todavía quedan muchas personas a las que se les adeudan miles de dólares y no parece que haya urgencia en responder.
Estado de emergencia
La primera vez que escuchamos “estado de emergencia” para reclamar la acción contundente del gobierno ante la violencia de género, fue de parte de la Colectiva Feminista en Construcción en un plantón de tres días frente a la Fortaleza hace dos años. En Puerto Rico, asesinan a una mujer cada siete días y se ha probado que, en su mayoría, el asesino es una pareja o expareja. En aquel momento, el entonces gobernador Ricardo Rosselló, se hizo de la vista larga y no atendió la propuesta de una orden ejecutiva en la cual el gobierno asumiera su responsabilidad. Meses después y luego de su salida, gracias a las protestas y presión del pueblo, la gobernadora en fila, Wanda Vázquez, se reunió con organizaciones feministas para delinear un supuesto plan de acción. Luego de eso, declaró un estado de “alerta nacional” que dio paso a otras reuniones. La falta de acción concreta provocó que organizaciones como el Movimiento Amplio de Mujeres (MAMPR), Taller Salud, Proyecto Matria y la Colectiva Feminista en Construcción, entre otras, decidieron levantarse de la mesa y no continuar las conversaciones.
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En noviembre del año pasado, la Colectiva convocó a un 10K en el que mujeres, desde diferentes frentes, y también en carácter individual, marcharon desde la Milla de Oro hasta la Fortaleza. La lógica de esa marcha era visibilizar que la violencia de género va más allá de las dinámicas entre parejas y exparejas y que atraviesa todas las instancias de nuestra vida, desde vivienda, salud, educación y seguridad. Desde ese momento, el aumento de los asesinatos de mujeres cis y mujeres trans ha ido en incremento. Hace poco más de un mes, la Colectiva volvió a convocar una manifestación, el mismo día en que se halló el cuerpo de Rosimar Rodríguez, una joven de 20 años que había sido secuestrada días anteriores. Hace unas semanas un grupo de mujeres y femmes entró a las oficinas de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para dejar un mensaje claro sobre la urgencia de atender los feminicidios y la discusión se redujo al vandalismo de las oficinas.
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En estos días, la gobernadora reapareció con una orden ejecutiva en la que diseña un plan para atender el asunto de la violencia de género en Puerto Rico. En ningún momento mencionó “estado de emergencia” y expresó que los nombres no importan. De su discurso se desprende que creará una comisión multisectorial para la rendición de cuentas de las agencias, un protocolo para la investigación de los asesinatos de las mujeres, unos adiestramientos para empleados y empleadas del Departamento de Educación, otorgará un tiempo para que las agencias y la Policía de Puerto Rico determinen cuánto dinero necesitan para implementar estas medidas. Así también, las agencias tendrán 90 días para recibir propuestas de organizaciones que se dedican a trabajar con las mujeres.
Si bien esto representa un paso grande en la discusión sobre la desigualdad de género en nuestro archipiélago, me parece imperativo reconocer que estas acciones son el resultado de una lucha continua en la calle que ha buscado una y otra vez que el Estado asuma lo que le toca. Me alegra que al fin el gobierno entienda que no es suficiente que las organizaciones se echen en los hombros salvar las vidas de las mujeres. Asimismo, hay que recalcar que estas medidas quedarán en nada si quien entre a gobernar el 3 de enero de 2021, no les da continuidad. Estaremos pendientes.
Estatus
El estatus colonial de Puerto Rico constituye uno de los obstáculos -si no el más grande- más grandes que atraviesa cualquier intento de autodeterminación local. A lo largo de los años, se han celebrado cinco plebiscitos. Este año, nos tocará el sexto. Ninguno ha sido vinculante con Estados Unidos y el Congreso así lo ha dejado claro. Sin embargo, el PNP ha dedicado toda su energía y también nuestro dinero a promover un proceso de elección de estatus que solo ha servido para movilizar a la base de su partido a votar.
Ahora, con la Junta de Control Fiscal, el asunto es mucho más complejo. La imposición de este organismo por parte del gobierno de Estados Unidos es la representación más tremenda del colonialismo actual. La junta controla todos los presupuestos y que, a su vez, desemboca en el control de la política pública del gobierno, amparándose en la prioridad del pago de la deuda. Es una deuda que no ha sido auditada y sobre la que, al día de hoy, no tenemos certeza sobre cuánta parte es legítima. A nombre de ella, han precarizado la vida de los y las puertorriqueñas y nos han condenado a pagos que duran hasta cuarenta años (véase, COFINA). Quien gobierne en Puerto Rico debe tener claro que la junta no está diseñada para ayudarnos ni mucho menos para mejorar nuestra calidad de vida y, por lo tanto, debe ir contra ella.
La auditoría de la deuda y su cancelación, la inconstitucionalidad de la Junta y el proceso de descolonización son asuntos que cada día se vuelven más urgentes. La apuesta más tremenda a la que debemos aspirar es a nuestra capacidad de pensar, crear, proponer y accionar a partir de nuestra libertad sin la sombra de una fuerza mayor que nos controle. La única opción real de descolonización descansa en nuestro derecho inalienable a la libre determinación y la independencia.
Aunque estos son los asuntos que considero urgentes atender con prioridad, la realidad es que la crisis gubernamental en Puerto Rico se transmite a través del colapso de todas sus instituciones. Este solo es un resumen de algunas de ellas y de su progresivo deterioro durante este año. La deuda sin auditar atraviesa y cancela cualquier posibilidad de autodeterminación, pues las miradas de las políticas de austeridad la fijan como prioridad. Esa postura solo limita nuestras aspiraciones y posibilidades para una vida digna.
Desarticular el poder de la junta y disolverla es esencial si de verdad el objetivo de estos candidatos y esta candidata es sacar a Puerto Rico de la precariedad y la desigualdad. Con la junta de por medio, la gobernanza se reduce a pedir permiso y seguir órdenes, postura que al candidato del PNP, Pedro Pierluisi no le molestaría, pues la junta responde a muchos de sus intereses. Al del PPD, Carlos “Charlie” Delgado, parece no preocuparle mucho, pues en estos días no pudo identificar en televisión nacional a David Skeel, el nuevo presidente de la junta. Son fallos y deficiencias crasas para candidatos que se proclaman como los más capacitados para gobernar.
Mientras leía y buscaba para escribir esta columna pude ver que todxs usan un discurso en el que aluden al futuro. Yo lo que digo es que se nos hace urgente atender el presente y que el pasado nos deja claro a dónde no queremos volver. Quien gane las elecciones del martes que viene debe tenerlo claro. Se nos va la vida y a Puerto Rico hace rato que le toca dar un golpe de timón. ¡Urge!
