“Andrea podemos ser todas. Honrémosla haciéndole justicia”.
Fue el mensaje claro y contundente que replicaron familiares de Andrea Ruiz Costas, mujer asesinada por su expareja, desde la entrada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, exigiendo este lunes la entrega de las grabaciones de las vistas a las que acudió la víctima de violencia doméstica solicitando protección que le fue denegada.
Las grabaciones de las vistas, en las que Ruiz Costas relató las múltiples instancias en las que su expareja la acosaba, maltrataba y amenazaba, aún no se han hecho públicas tras una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
“Exigimos se le deje de dar excusas al país. Es imposible revictimizar a Andrea. Muy triste y dolorosamente, ella fue asesinada por aquel contra el cual buscó protección, protección que le negó el Estado”, declaró Rebeca Noriega Costas, prima hermana de Ruiz Costas.
El cuerpo de la mujer, de 35 años, fue encontrado parcialmente calcinado el pasado jueves, 29 de abril, en el sector Guavate, de Cayey. Había acudido en dos ocasiones a los tribunales para presentar una querella por Ley 54 contra Ocasio Santiago y solicitar una orden de protección. La jueza Ingrid Alvarado Rodríguez determinó no causa para arresto y la jueza Sonya Nieves le denegó la orden de protección.
A menos de un mes de su petición de protección al sistema de justicia de Puerto Rico, su feminicida, Miguel Ocasio Santiago, la secuestró y asesinó. Luego del hallazgo del cuerpo, confesó el feminicidio.
Los familiares sostuvieron que la entrega de las grabaciones es clave para la fiscalización del trámite de casos tan sensitivos como los de violencia de género. Agregaron que la publicación de esas grabaciones ofrecerá confianza a otras mujeres para que sus casos se atiendan con deferencia y sensibilidad.
El Overseas Press Club de Puerto Rico y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) solicitaron que se hicieran públicas las grabaciones. El alto foro judicial determinó “no ha lugar” a las peticiones, así como a las mociones de reconsideración que presentaron las organizaciones de periodistas.
“Los procesos en las salas de violencia doméstica son de naturaleza sensible que requieren por ley de un acceso controlado y, por ello, no son compatibles con la posibilidad de que posteriormente la grabación se haga pública, aunque sea de manera suprimida o limitada, independientemente de quién lo solicite”, lee la sentencia del Tribunal Supremo.
Por otra parte, la familia de Ruiz Costas también denunció que la vista preliminar contra el imputado se ha pospuesto en dos ocasiones, lo que denunciaron como “fisuras en el sistema de justicia del país”.
“Aquí no se está hablando de todos los casos de violencia doméstica, de violencia machista, de violencia de género. Aquí se está hablando de un caso en donde la víctima está muerta a manos de su expareja. Aquí no hay forma de revictimizar, y eso tiene que quedar claro. No sé por qué la procuradora y los otros cinco jueces piensan eso. ‘¿A quién protegen?”, reclamó Noriega Costas.
Escrutinio ético a la función de las jueces
La madre de Ruiz Costas, Olga Esther Costas Rodríguez, sometió la semana pasada una querella ética ante la Oficina de Administración de Tribunales contra las juezas Sonya Nieves e Ingrid Alvarado .
Este documento fue entregado al Tribunal Supremo durante la manifestación. La denuncia de la familia también pretende plantear las tantas deficiencias en el sistema de justicia, que deja desprovistas de protección a las sobrevivientes cuando acuden en busca de ayuda como Ruiz Costas.
“Ha sido muy doloroso saber que Andrea buscó auxilio donde tenía que buscarlo, hizo todos los pasos que tenía que hacer, y el Estado le negó la ayuda continuamente. Ahora mismo, están poniendo excusas diciendo que se revictimiza. Eso no es cierto”, defendió Noriega Costas.
En su opinión, como portavoz de la familia, Noriega Costas indicó que las dos juezas no tienen el carácter jurídico para atender estos casos y “deben estar fuera” de sus funciones.
“Ellos (Rama Judicial) tuvieron la oportunidad de proteger a Andrea, y no lo hicieron. Ahora, ¿a quién protegen? Se protegen a ellos mismos. Se autoprotegen”, cuestionó la portavoz.
¿Qué pasa en otros casos?
La abogada feminista Maria Dolores Fernós, primera procuradora de las Mujeres, avaló que las grabaciones del caso de Ruiz Costas se hagan públicas por varias razones.
“Una, porque ella hizo un relato de lo que pasó allí (en la vista judicial) a su amiga y la amiga lo divulgó, y lo que se demostraba era que había fallado grandemente ese proceso judicial. La preocupación que surgió entre la población, el interés público-no de chisme, sino de conocer cómo está funcionando o no funcionando el sistema- era suficiente para que se conociera”, recalcó Fernós.
Además, insistió en que los reclamos de su familia y amistades, a su juicio, cubren todo lo necesario para que se conozcan los detalles de cómo se manejó el proceso y corroborar si hubo debido proceso de ley.
La licenciada, una de las propulsoras de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, mejor conocida como la Ley 54, explicó que no debe ser una decisión abierta, aplicable para todo caso. Las víctimas sobrevivientes acuden a los tribunales con la presunción de que sus relatos no se harán públicos.
“No creo que debe entenderse como una carta blanca para que todo lo que pase allí (en una vista judicial por violencia doméstica) se divulgue al público”, aseveró.
En el Senado, se encuentra el Proyecto 406 para enmendar la Ley 54 a fines de añadir dos nuevos párrafos para “permitir que una parte peticionaria pueda renunciar expresamente a su derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los procedimientos”, de la autoría de la senadora del Partido Popular Democrático Gretchen Hau.
Por su parte, familiares de Ortiz Costas aseguraron que su petición busca que la función de los jueces sea verificada y más empática con las víctimas. Javier Noriega Costas, primo de la víctima, recalcó que la confidencialidad de las futuras víctimas siempre está disponible y garantizada.
“Es preciso señalar que, si algo, reveló el caso de Andrea es que esos oídos (jueces) deben ser atentos, empáticos y tener un mínimo grado de incisividad, especialmente cuando las víctimas comparecen solas. Estoy seguro que las futuras víctimas de violencia de género favorecerían la publicación de los audios de Andrea nada más por el mensaje que eso enviaría a los jueces que en un futuro escucharán sus relatos”, apuntó Noriega Costas.
Si tú o alguna persona conocida está en situación de violencia, llama a la Línea de ayuda 787-489-0022. Mira más recursos de ayuda aquí.
