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Cuando Ivelisse Reyes convivía con su expareja, tenía limitaciones. Él controlaba el aspecto económico, desde el dinero para una compra mensual hasta la cantidad de toallas sanitarias que usaría para sus periodos menstruales.
En ese momento, Reyes tenía una situación con su útero que le causaba una menstruación de flujo abundante, por lo que necesitaba de dos a tres cajas de toallas sanitarias por periodo. Sin embargo, el hombre con quien compartió por 15 años se las controlaba y consideraba que no eran una necesidad.
“Siempre me estaba cuestionando. Llegó un momento que me sentía tan mal y tan incómoda con esa situación que, a veces, tenía que recurrir a mi familia y pedir que me ayudaran con relación a las toallas porque no tenía acceso a dinero”, explicó.
Al pensar en la violencia doméstica, lo primero que se considera es la violencia física, la sexual y la emocional. Poco se habla de la violencia económica o abuso económico, una de las manifestaciones de la violencia doméstica.
La violencia doméstica es un tipo de violencia de género que sucede entre personas que son o fueron pareja, y entre las que existió una relación consensual. No es necesario que las personas vivan juntas o que hayan tenido hijos o hijas en común. Y la violencia económica es solo una de las manifestaciones más comunes en las relaciones de pareja.
Se trata de una manifestación del poder y control de la persona agresora dirigida a minar la capacidad o estabilidad económica de la víctima o sobreviviente. Este tipo de violencia de doméstica se ejerce mediante acciones como la restricción del acceso a dinero y ocultar información del capital familiar hasta controlar la capacidad de trabajo y el endeudamiento forzado de la víctima.
“Lo que hay detrás es poder y control, el control de los recursos, de los ingresos. A veces, los ingresos de la pareja, pero también los ingresos de ella [la víctima o sobreviviente] por su salario. El abuso económico, muchas veces, acompaña el abuso físico y al abuso sexual”, definió la doctora Diana Valle Ferrer, investigadora de los procesos de violencia doméstica.
Según datos de la organización Freefrom –que recogió los datos de 1,321 sobrevivientes en 36 estados de Estados Unidos y Puerto Rico–, el 96% de las sobrevivientes de violencia doméstica reportan haber experimentado abuso económico, mientras que el 77% de las sobrevivientes reportaron que los agresores le limitaron su capacidad de generar ingresos.
¿Cómo se ve la violencia económica?
El abuso económico puede tomar forma de muchas maneras. Sin duda, se trata de una forma de control, que tiene base en la distribución del poder económico en las sociedades patriarcales y capitalistas, donde se relega lo racional de las finanzas al género masculino y se valora el trabajo asalariado sobre el no asalariado, que se asigna tradicionalmente a las mujeres.
La doctora Jenice Vázquez Pagán, quien investiga la violencia económica en el contexto de Puerto Rico, señaló que una de las formas más comunes en que se manifiesta este abuso es en el control de las finanzas. Es decir, que la persona agresora tiene poder absoluto sobre el dinero, y sobre cómo, cuándo y por qué se gasta.
Como trabajadora social, Vázquez Pagán atendió un caso en que la sobreviviente, pese a trabajar asalariadamente, tenía acceso únicamente a tarjetas de crédito. De esta manera, su pareja controlaba cada mínima transacción realizada por la mujer y así, sabía dónde estaba, qué se compró y cuándo lo hizo.
No obstante, el abuso económico también se puede dar en relaciones en las que la víctima no devenga un salario, lo que la pone en una posición aún más vulnerable. En muchas ocasiones, la víctima no accede al mundo laboral asalariado porque la persona agresora no se lo permite o le obstruye el desempeño laboral, al provocar ausencias, llamadas constantes durante la jornada laboral y la limitación a que asuma mayores responsabilidades.
En el caso de Reyes, había solicitado incapacitarse luego de una crisis nerviosa por el patrón de abuso psicológico del que fue víctima por 15 años. Por esta razón, el único ingreso en el hogar era el de su expareja. Cuando le aprobaron la incapacidad, el hombre, por su posición patriarcal del “hombre de la casa”, quería también controlar el cheque que ella devengaba.
Según el artículo El abuso económico y la violencia de género en las relaciones de pareja en el contexto puertorriqueño, en el que Vázquez Pagán es coautora con la profesora Elithet Silva-Martínez, la violencia de género incide en la productividad de las víctimas y en el concepto que tienen de sí mismas, lo que las hace más propensas a aceptar trabajos con sueldos ínfimos y condiciones laborales deplorables, que no permiten su desarrollo económico.
La violencia económica también se puede manifestar cuando la persona agresora fuerza a la víctima a endeudarse, no dividir equitativamente los gastos familiares y ocultar o no compartir información sobre los bienes y activos de la pareja.
Además, en una separación, la persona agresora puede intentar afianzar su poder a costa de no pagar o pagar tardíamente la pensión alimentaria. De esta manera, la violencia económica no solamente repercute en la víctima o sobreviviente, sino también en la estabilidad de sus hijos.
En la medida en que, a las mujeres, se les adjudican las labores de la crianza, lo que hace más propenso a que se les conceda la custodia de los menores, la violencia económica tiene un efecto sustancial en los hijos, como víctimas secundarias de la violencia.
“Si la mujer se divorcia o cuando se divorcia, él [agresor] se tarda en pasar la pensión o no la pasa. Eso afecta a los hijos e hijas. Está afectando a la escuela que van, lo que comen, a dónde pueden ir, su recreación y entretenimiento. Afecta todo”, añadió Valle Ferrer.
El referido estudio sobre abuso económico, en Puerto Rico, asegura que presenciar la violencia doméstica hacia su madre puede repercutir en bajo aprovechamiento académico de los hijos, lo que les pone en desventaja a la hora de entrar al mundo laboral. Así que, desde una perspectiva de la ciudadanía, la violencia doméstica afecta el potencial de las personas que, en el futuro, sostendrán al país.
“Es una forma de controlar y minar su autosuficiencia económica, y de obligarla, en muchas ocasiones, a que regrese o permanezca en esa relación”, acotó Vázquez Pagán.
Dificulta la liberación de la víctima
Por mucho tiempo, la violencia económica se ha englobado dentro de las manifestaciones de violencia psicológica, lo que no permite el estudio a profundidad de sus efectos diferenciados, respecto a otras expresiones de abuso emocional.
Sin embargo, lo que sí se ha evidenciado es que el aspecto económico es un factor determinante para que las mujeres permanezcan, salgan o regresen a una relación violenta.
“La parte económica es necesaria, o sea que tenemos que tener un ingreso, un mínimo para vivir una vida digna. Pero, además, esta sociedad, nos ha enseñado que, mientras más tienes, más vales”, sostuvo Valle Ferrer, autora del libro Espacios de libertad: mujeres, violencia doméstica y resistencia.
La también trabajadora social explicó que, en sus investigaciones con sobrevivientes de violencia doméstica, muchas veces, el factor económico es determinante para regresar a la relación porque las mujeres no tenían la capacidad económica para sostener sus necesidades y las de sus familias. Algunas de las sobrevivientes le expresaban sentir culpa por no proveer a sus hijos lo que tenían cuando vivían con su agresor.
“Muchas veces, las mujeres están, como decimos, entre la espada y la pared de decidir si se queda con esta persona [agresora] o sale y vive en la pobreza, con todo lo que eso implica en nuestra sociedad y en un estado capitalista y neoliberal, donde las políticas de cuidado, de apoyo, de protección son cada vez más limitadas”, expresó, por su parte, Vázquez Pagán.
Valle Ferrer indicó que una mujer entra y sale de una relación, en promedio, de cuatro a cinco veces, lo que es parte del proceso de liberación de las víctimas sobrevivientes de violencia.
“Cada vez que la mujer regresa, ya ha ganado algo en autosuficiencia, en experiencia, en seguridad. Así que, esa salida y ese regreso no es en vano, sino que es parte de un proceso”, aseguró.
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Esos procesos de liberación de la víctima sobreviviente vienen acompañados de la resistencia, que está presente, en diversas manifestaciones, en la persona oprimida.
Violación a los derechos humanos
En una sociedad capitalista, en la que el acceso al dinero determina la capacidad del disfrute a los derechos humanos, la violencia económica pone a las víctimas y sobrevivientes en una posición de mayor vulnerabilidad a la violación de estos derechos.
Vázquez Pagán sostuvo que la violencia económica tiene efectos severos en la autosuficiencia económica de las mujeres. Además, a mayor desigualdad, hay menos acceso a derechos como la salud, la educación y la transportación.
La limitación de la transportación fue un aspecto importante en el caso de abuso económico en el contexto de violencia doméstica de Reyes. Al no devengar un salario, no tenía dinero para arreglar su carro y su pareja no accedía a llevarla a, por ejemplo, sus citas médicas.
“En una sociedad capitalista, en la que muchos de los bienes y servicios se acceden a través del dinero, el no poder acceder a ese dinero limita ese disfrute a derechos”, acotó la también profesora universitaria.
La abogada Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, añadió que todos los derechos humanos se ven trastocados por este tipo de violencia.
Asimismo, hizo especial énfasis en el derecho a la vivienda, que también se ve seriamente limitado en casos de abuso económico por la dificultad, para muchas sobrevivientes, de asumir el coste del alquiler o de una hipoteca, y que, frecuentemente, este derecho no sea protegido por el Estado.
Precisamente, Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva del Proyecto Matria, considera que garantizar el acceso de las sobrevivientes a la vivienda digna es una manera de atender la violencia económica.
“La vivienda, de por sí, es un derecho económico. Así que, nosotras, con el programa de vivienda, con la mera otorgación del vale, ya es un servicio que apoya el desarrollo económico de las participantes porque les da un techo seguro, les permite tener un respiro económico, en lo que se reorganiza financiera y emocionalmente”, acotó Pagán Jiménez sobre la iniciativa que ha impactado a más de 500 mujeres y sus familias.
Ivelisse Reyes es participante del Proyecto Matria en uno de sus programas de vivienda. La organización proveyó el apartamento en el que vive, luego de dejar la relación violenta, lo que, compartió, fue complejo porque sucedió durante la pandemia por COVID-19. La mujer recibe también apoyo psicológico y talleres que le han hecho comprender las dimensiones de la violencia que atravesó.
“Todavía estoy mejorando. Estoy trabajando conmigo misma, un día a la vez, porque no es fácil después de tantos años en una relación así, bastante difícil”, indicó Reyes.
“Me siento con más libertad. Siento que me estoy recuperando a mí misma”, añadió.
La directora ejecutiva de Matria también indicó que sus programas de vivienda tienen un componente de servicios que incluye, acceso a educación, colocación en empleos, el desarrollo de su propia empresa y, en algunos casos, transportación y cuido para los hijos. Este apoyo puede incentivar a mejorar la situación financiera de las víctimas.
Igualmente, desarrollaron la empresa social Arepa Chic, que nació como una transformación de la incubadora de microempresas que tuvo la organización, de 2006 a 2020. “Decidimos crear Arepa Chic, donde hay empleos a tiempo completo para las participantes que así lo deseen”.
Radican proyecto para incluir la violencia económica en la Ley 54
Pese a que la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) tiene en su intención incluir la violencia económica como una manifestación de la violencia psicológica, en la práctica, conseguir remedios para las víctimas del abuso económico no es tan sencillo.
A base de la experiencia de las defensoras legales de víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, y en consulta con organizaciones feministas, Ayuda Legal Puerto Rico presentó un proyecto de ley para incluir la violencia económica como una de las modalidades de la violencia doméstica, incluida en la Ley 54-1989.
Esta acción, le sigue el paso a la ley federal Violence Against Women Act (VAWA), que recientemente fue reautorizada e incluyó la definición de violencia económica.
“Nos parece que ese movimiento de la esfera federal, debe tener repercusiones aquí, en Puerto Rico”, sostuvo Godreau Aubert.
La medida, que se radicó como el proyecto de la Cámara 1311 y el proyecto del Senado 865, cuenta con la coautoría de legisladores del Partido Popular Democrático, del Partido Independentista de Puerto Rico y del Movimiento Victoria Ciudadana. Aparte de la definición, la legislación incluye medidas puntuales para atender la violencia económica, en caso de que medie una orden de protección, como la protección de la víctima en su ambiente laboral, la continuación de los pagos de los cánones de arrendamiento o hipoteca y acceso a toda la información financiera a la que la parte peticionaria tenga interés, entre otros.
Aunque hay remedios puntuales, este proyecto busca que el Estado también asuma su responsabilidad por la violencia económica.
“La obligación del Estado va a ser tomar nota. No se puede desentender de que hay una situación de violencia doméstica y tiene que darle salida a esa sobreviviente para poder retomar su vida”, puntualizó la abogada Verónica Rivera Torres, de Ayuda Legal Puerto Rico.
Asimismo, la medida ordena a la División de Prevención y Educación, de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que integre lo dispuesto en el proyecto en sus esfuerzos educativos al Gobierno, y se debe incluir en el currículo de certificación para la intercesoría legal.
Para la doctora Vázquez Pagán, es importante porque se comience a nombrar la violencia económica como un asunto independiente, lo que permitirá su visibilidad, su cuantificación y proveer remedios.
“Cuando nacimos (Proyecto Matria), en 2004, aunque no estaba tipificada como delito la violencia económica, sabíamos que una de las razones que mantenía a las mujeres en las relaciones violentas, era esa dependencia económica de la parte agresora”, opinó Pagán Jiménez, quien se expresó entusiasmada por el proyecto.
De acuerdo con el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico, el próximo paso para encaminar la aprobación de este proyecto será impulsar la celebración de vistas públicas, lo que, aparte de nutrir y mejorar el proyecto, pondrá el tema de la violencia económica sobre la mesa de discusión pública.
Tanto Rivera Torres como Godreau Aubert coincidieron en que la medida legislativa tiene altas posibilidades de convertirse en ley.
¿Qué más se puede hacer?
Una de las bases de la violencia de género es la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, se deben trabajar estrategias de prevención, como la educación con perspectiva de género.
Además, las expertas consideraron que se debe atender la inequidad estructural para que las mujeres accedan, por ejemplo, a empleos bien remunerados y a educación financiera.
Un estudio sobre la violencia psicológica con mujeres en Colombia concluyó que, mayor independencia económica, menor es el nivel de violencia que está dispuesta a soportar por parte del agresor.
“En esta sociedad desigual, no siempre las mujeres tienen el acceso a un buen trabajo, a una buena educación, a una independencia económica. Esa es la realidad”, sostuvo Valle Ferrer.
Por su parte, Vázquez Pagán destacó los programas de organizaciones feministas que brindan servicios a víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica –como Casa Protegida Julia de Burgos y Proyecto Matria– que promueven la independencia económica de las mujeres. Pero considera que “tiene que haber una asignación de recursos mayor por parte del Estado y tiene que haber un compromiso mayor, por parte del Estado. No se puede dejar todo en manos de las organizaciones no gubernamentales, cada vez con menos recursos”.
