(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
Mientras en otros países en América Latina y el Caribe luchan por legalizar el aborto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos restableció este martes un requisito federal para que las personas gestantes que deseen interrumpir un embarazo mediante píldoras abortivas tengan que ir a un hospital o consultorio médico para obtener directamente uno de los medicamentos requeridos para este proceso.
La decisión del Supremo confirma el tratamiento diferenciado que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) le da a la píldora abortiva mifepristone durante la pandemia por COVID-19. Y es que luego de que la Secretaría de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) declaró la pandemia como una emergencia de salud pública, la FDA levantó los requerimientos de acceso a muchos medicamentos, pero excluyó la mifepristone de esta política.
Como resultado, el gobierno permitió a pacientes recibir recetas, incluso para opioides, sin que las personas tuvieran que salir de sus casas, pero requirió a mujeres y personas gestantes viajar a las oficinas médicas y hospitales para recoger mifepristona, aun cuando estas solo tienen que ingerir el medicamento en sus hogares sin supervisión médica.
Una carga “indebida, innecesaria e irracional”
El efecto práctico de la decisión del Supremo de mantener la restricción establecida por la FDA es una limitación al acceso al aborto en Estados Unidos y Puerto Rico, ya que debido a las condiciones de riesgo de contagio de COVID-19, muchas personas gestantes no podrán procurar el medicamento presencialmente.
“Es una tendencia clara de restringir los derechos de los cuerpos gestantes y de los derechos sexuales y reproductivos. La necesidad de seguir abogando sobre los embarazos de las mujeres y los cuerpos gestantes es un tema que no debe de ser moral”, sostuvo la directora de Comunicación de Taller Salud, Alexandra Figueroa Miranda.
Esta decisión, que contó con seis votos a favor y tres en contra, es el primer fallo contra el aborto desde la llegada de la jueza conservadora nombrada por la administración de Donald Trump, Amy Coney Barrett.
La jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, quien votó en contra, manifestó en su escrito de disidencia que mantener los requisitos de ir en persona a las clínicas impone una carga “indebida, innecesaria e irracional a las mujeres que buscan ejercer su derecho a escoger”.
El aborto es legal en toda la nación norteamericana, desde el caso Roe v. Wade, en 1973. Esta decisión también aplica a los territorios y colonias de Estados Unidos, como Puerto Rico. Dentro de las opciones del procedimiento médico para terminar un embarazo no deseado, se encuentra la píldora abortiva.
La mifepristona, conocida como RU-486, se utiliza en los primeros 70 días del embarazo y fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) hace 20 años.
Según MedlinePlus, la mifepristona se usa en combinación con misoprostol (Cytotec) para terminar un embarazo en su inicio. Esta píldora funciona para bloquear la actividad de la progesterona, una sustancia que el cuerpo produce para avanzar el embarazo.
La insistencia de decidir sobre el cuerpo de las mujeres
Este intento de limitar el derecho al aborto no es nuevo. En octubre de 2020, la administración de Donald Trump intentó frenar la distribución por correo de las píldoras para propiciar el aborto. El tribunal lo detuvo en ese momento.
Sin embargo, con la llegada de la jueza Coney Barrett, la mayoría es conservadora en la Corte Suprema de Estados Unidos. Ante esto, muchas medidas de grupos religiosos, fundamentalistas y antiderechos pueden ser avaladas dado el mensaje de apertura a restricciones desde este cuerpo judicial de mayor jerarquía en el país norteamericano.
“Todavía se distribuyen otros medicamentos por correo. En este momento, es que no hay necesidad de hacer esto (requerir que las personas lo obtengan personalmente). Claramente, esto es un intento de hacer el tema del aborto un tema singular para restringir aún más e imponer mayores barreras”, denunció Figueroa Miranda.
En el contexto estadounidense, Figueroa Miranda explicó que existen estados conservadores donde este tipo de medidas cala más profundo y abre las puertas a restricciones mayores.
“Hacen que más personas no puedan entonces acceder a este proceso de salud pública, de bienestar social y emocional”, agregó.
La abogada de Proyecto de Libertad Reproductiva de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), Julia Kaye, calificó la decisión de la corte como “escalofriante” y que “innecesariamente” pone en peligro a las personas durante esta pandemia, según nota de NPR.
Inaccesibilidad a este derecho de salud pública
En Puerto Rico, hace falta una cultura sobre el aborto y tener una educación sexual integral, estableció Figueroa Miranda. Desmitificar el tema sigue siendo un problema debido a la alta presencia religiosa y fundamentalista en las instituciones y sociedad a pesar del concepto de separación de Iglesia y Estado.
“Si yo no tengo consentimiento informado sobre lo que ocurre en mi cuerpo, yo no tengo salud. Si yo no sé dónde empiezan ni dónde terminan mis derechos, yo no tengo salud. Yo quedo a la merced de lo que me diga la sociedad”, recalcó la comunicadora.
Por otro lado, los últimos eventos que han sacudido la isla y las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal han afectado en gran medida todos los servicios de salud en Puerto Rico, incluidas las clínicas de planificación familiar.
La activista feminista abundó que solo quedan cinco clínicas privadas de siete que habían antes de la pandemia en Puerto Rico, una en Ponce y cuatro en la zona metropolitana.
Portavoces de la campaña nacional de Aborto Libre, Seguro y Accesible han sostenido que mientras mayores restrincciones haya respecto a este derecho, más probabilidades existan de que el aborto clandestino cobre más vidas y se convierta en un problema más grande en el archipiélago.
La Organización Mundial de la Salud (OMS, en inglés) señala que 20 millones de abortos clandestinos se practican al año en el mundo.
“Mientras en América Latina nuestras compañeras están haciendo historia, abriendo puertas, adquiriendo derechos e inspirando, nosotras sentimos que estamos como agarrando lo que nos queda”, insistió Figueroa Miranda.
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