(Fotos y vídeo por Ana María Abruña Reyes)
Con más de 18 años trabajando directamente con mujeres que sobreviven la violencia que ejercen contra ellas sus parejas o exparejas, la administradora y educadora Vilmarie Rivera Sierra sabe muy bien qué se necesita para salir de ahí: vivienda segura, independencia económica y una red de apoyo. Pero, también tiene claro que la mejor herramienta contra la violencia machista es la prevención.
Desde el salón de conferencias de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en la Milla de Oro, en Hato Rey, contó a Todas cómo han transcurrido sus primeras semanas en el cargo al que la nombró el gobernador Pedro Pierluisi el pasado 8 de enero de 2023.
Lo primero, conocer, desde adentro, la estructura de la OPM, una entidad jurídica independiente del gobierno de Puerto Rico, que cuenta con 43 empleados y un presupuesto de $6.6 millones para el año fiscal en curso. La mayor parte de ese presupuesto está dirigido a cubrir las propuestas de trabajo sometidas por las organizaciones sin fines de lucro que atienden a sobrevivientes de la violencia machista.
Lo segundo, hilvanar un plan de trabajo que responda a sus prioridades.
¿Cuáles son esas prioridades?
“En lo inmediato, trabajar con el componente de la prevención”, estableció quien fundó, hace 12 años, la Red de Albergues de Violencia de Género y fue su presidenta hasta su nombramiento a la OPM. Y para Rivera Sierra, la prevención requiere trabajar con jóvenes, desde edades tempranas, para que entiendan dinámicas de control que no son aceptables en las relaciones entre personas.
Pero, enfatizó, también requiere trabajo directo con las personas que han ejercido la violencia contra sus parejas.
“A mí, me parece que es una oportunidad, y algo que no se ha hecho desde esta oficina, el que nosotros podamos prevenir y ayudar a la parte agresora para que pueda reconocer que ciertas acciones que lleva a cabo pueden ser un acto de violencia. Posiblemente, la parte agresora ni cuenta se da de eso, porque es algo que se ha normalizado”, señaló.
Un ejemplo sencillo que la nueva procuradora pone sobre la mesa es el uso de las contraseñas de la pareja para tener acceso a sus teléfonos celulares y redes sociales. Para muchos, podría pasar como una dinámica inofensiva. Pero no lo es. Es una forma de control que violenta la intimidad y la independencia de la otra persona.
“Nosotros podemos enviar ese mensaje de que es una bandera roja y necesita buscar ayuda”, apuntó Rivera Sierra.
Con el foco en los programas de desvío
En la ruta de trabajar con quienes han ejercido la violencia contra sus parejas, Rivera Sierra tiene un interés especial en fiscalizar los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras. También conocidos como “programas de desvío”, se contemplan en la Ley 54 de 1989 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, como una alternativa a la cárcel para quienes se declaran culpables.
Sin embargo, a 33 años de su creación, no existen pruebas que sostengan su efectividad y la entidad encargada de su supervisión. La Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, que se creó en el 2000, ha estado inoperante la mayor parte del tiempo, sin producir un solo informe sobre los programas, reveló una investigación de Todas y el Centro de Periodismo Investigativo en 2021. El informe de la Comisión de la Verdad sobre la Violencia de Género del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico reiteró el hallazgo.
“No existe información confiable sobre el estado actual de la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Readiestramiento para las Personas Agresoras, si el número de sus integrantes está completo y si están cumpliendo la función ministerial de acreditar y supervisar los programas”, lee una de las conclusiones de la investigación que se dio a conocer en noviembre pasado.
Lee aquí: Pasan años sin fiscalización los programas de desvío para agresores por Ley 54
Rivera Sierra conoce de cerca este problema, pues, desde el Hogar Nueva Mujer, organización que dirigió por 18 años hasta antes de ser nombrada a la OPM, participó de una investigación entre 2015 y 2017 que evaluó la fiscalización a los programas de desvío y descubrió que, para entonces, la Junta llevaba más de dos años sin operar y que el Reglamento para Evaluación y Licenciamiento de los Programas de Reeducación y Readiestramiento de Personas Agresoras no se había revisado en una década.
Aquella investigación, que se hizo en alianza con el Instituto Tercera Misión de la Universidad Carlos Albizu, también identificó que no se atendían las necesidades de personas LGBTT, que la evaluación para obtener licencias para establecer un programa era accidentada y que los adiestramientos de educación continua que recibía el personal facilitador estaban enfocados en proveer servicios de apoyo a víctimas de violencia doméstica, pero no en intervención con las personas que habían ejercido la agresión. Además, se aplicaba un mismo currículo de manera genérica a todos los participantes.
En la actualidad, la Junta sigue inoperante, pues no tiene el cuórum necesario. Ahora, como procuradora, Rivera Sierra le ha solicitado al gobernador que nombre a quienes serán sus miembros para comenzar el trabajo de fiscalización que, por tantos años, se ha ignorado.
Aun sin la fiscalización requerida por ley, los jueces siguen enviando a personas convictas por Ley 54 a estos programas.
“Urge que entremos de manera inmediata, junto con la administración de Corrección [Departamento de Corrección y Rehabilitación] para ver los programas que están licenciados, pedir información y establecer un plan de trabajo para que, de la misma forma que fiscalizamos que las organizaciones tienen que estar en cumplimiento, podamos tener programas de desvío que nos puedan dar información sobre su efectividad y cuáles son sus estrategias para poder reeducar a la parte agresora”.
¿Cree que la reeducación de personas que han cometido violencia contra sus parejas es posible?
– La reeducación es posible. Yo creo que es un proceso personal. Fíjate, posiblemente, no es que del todo esa persona cambie su conducta, pero sí va a conocer que hay unos indicadores. A que cuando ya se está acercando a un punto que siente ‘no puedo contener mis emociones’, diga: ‘Pero sé que si utilizo X o Y estrategia, o me muevo o me voy o me quedo callado, puedo limitarme y no cometer un acto de violencia en contra de mi pareja’. Yo creo que sí, si nosotros damos la oportunidad, buscamos modelos basados en evidencia, podemos atenderlo. No es que la misma camisa le sirva a cada agresor y agresora, pero sí hay unos criterios generales que podemos evaluar y que podemos utilizar para poder incorporar dentro de lo que es la metodología, el currículo que se ofrezca y la necesidad que tengan estas personas, porque, ciertamente, tienen unas necesidades a nivel psicológico y de otras áreas que habría que atender también.
Una de las muchas críticas que se hace dentro de todo este tema de los programas de desvío es que solamente es posible llegar a través de un proceso criminal. No existe otro tipo de apoyo antes llegar a los tribunales y que evite las dinámicas de violencia que sí, a veces, llegan a los tribunales, pero, la mayoría de las veces, no.
–Una de las cosas que yo quisiera hacer como procuradora es que podamos identificar recursos de ayuda para esta parte agresora. Yo prefiero que estén recibiendo algún tipo de ayuda a través de algún programa, que podamos evaluar que sea serio, certificado, que tenga algún tipo de metodología, a que esté sin recibir absolutamente nada, que es lo que está pasando. Yo creo que aquí es un asunto de poder identificar programas, proyectos que puedan dar el apoyo y también motivar a la comunidad. Existen profesionales que tienen muy buenas ideas y que posiblemente quieren enfocarse en la víctima, pero es que necesitamos también mirar la parte agresora.
Creo que eso es parte de lo que es un componente preventivo y me parece que son áreas de estrategia que debiéramos ir incorporando y que yo quiero incorporar como parte de lo que yo llamo esta “nueva procuraduría”.
Relacionado con eso, quiero preguntarle sobre un tema que sé que hay que tratar con cuidado, porque no queremos desalentar a las víctimas y sobrevivientes de buscar ayuda ni de denunciar la violencia machista. Sin embargo, sabemos que la mayoría no va a llegar a los cuarteles ni a los tribunales. ¿Cuáles son las alternativas que se contemplan para atender el tema de la violencia entre parejas fuera del proceso criminal?
–Existen organizaciones que cuentan con un sinnúmero de servicios y yo creo que eso es algo que, desde esta oficina, vamos a fortalecer. Vamos a establecer directorios regionales. Yo pienso que una víctima que vive en Utuado no puede venir aquí, al área metropolitana, porque es un asunto de accesibilidad. Así que yo tengo que identificar cuáles son todos los servicios de ayuda que existen en esa región, conectar organizaciones y agencias gubernamentales, para que se conozcan y que puedan servir de ayuda a una víctima que lo necesite. Me parece que puede ser una forma distinta de trabajar este proceso, porque no todo lo tenemos que centralizar aquí a la Línea de Orientación de la Procuradora, que sí, es importante, pero yo tengo que garantizar que los municipios sepan cómo atender a una víctima de violencia de género, que donde primero una mujer busca ayuda es en su municipio. ¿Y sabes dónde también? En las iglesias.
Así que nosotros tenemos que lograr que a donde las víctimas van a buscar ayuda, [las personas] estén capacitadas y eso lo que significa es que yo les pueda decir, mínimamente, “usted tiene que tener un protocolo”.
La forma que tenemos para atenderlo es estableciendo acuerdos colaborativos y protocolos uniformes para que el municipio sepa cómo trabajar, una agencia de gobierno sepa cómo trabajar y cualquier ente comunitario sepa también cómo trabajar. Y eso lo que nos ayuda es que una víctima no necesariamente tiene que acudir a un tribunal. Va a acudir al lugar más cercano que tenga para poder buscar ayuda y nosotros tenemos que garantizar que su seguridad esté protegida, que tenga acceso a servicios de ayuda, acceso a la justicia y que tenga también acceso a poder satisfacer sus necesidades.
Aquí, todo el mundo tiene que darse la mano y tiene que ver cómo colabora porque todos y todas queremos vivir en un país que sea libre de violencia, donde haya equidad, donde haya respeto, y, sobre todo, que la dignidad de cada ser humano sea protegida.
Además del tema de la violencia de género en las relaciones de pareja, ¿qué otros temas o manifestaciones de la desigualdad que le toca atender a la OPM van a ser parte de sus prioridades?
– Desarrollo económico, el tema de acceso a la vivienda y la atención a las adultas mayores.
Cuando tú evalúas por qué una mujer se mantiene en una relación de violencia, yo que vengo del área de dar servicio, puedo identificar que algunas cosas son repetitivas: ‘No tengo una vivienda’, ‘no tengo un trabajo’, ‘no tengo recursos de apoyo’. Nos tenemos que mover a fortalecer esas área de redes de apoyo.
Ya nosotros sabemos el problema: es que hay unas circunstancias por las que las mujeres se mantienen ahí, pues tenemos que trabajar con esas circunstancias para darles alternativas. Es cuestión de traer a la mesa personas que nos pueden ayudar a dar soluciones concretas.
*Si tú o una persona que conoces está en una situación de violencia de género, llama al 787-489-0022, que funciona en todo momento, para obtener orientación y ayuda. La línea de ayuda de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, 787-722-2977, también ofrece apoyo a personas que están en situación de violencia de género.
