La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Overseas Press Club (OPC) anunciaron este lunes que pedirán al Tribunal Supremo de Estados Unidos que ordene la divulgación de las grabaciones de las vistas judiciales en las que Andrea Ruiz Costas detalló el acecho al que la tenía sometida su expareja, antes de que este la asesinara y su cuerpo fuera encontrado parcialmente calcinado el 29 de abril en Cayey.
Las organizaciones llevarán el caso a través de la Alianza Pro Transparencia, que reúne esfuerzos entre las dos organizaciones periodísticas y otros recursos legales.
“Que nuestra lucha no se interprete como una simple protesta al sistema de justicia, sino como una férrea defensa del derecho fundamental a la libertad de expresión, el cual goza de la más alta jerarquía y que le asiste a todas y a todos los puertorriqueños, sin importar raza, género, origen, condición social, ideales políticos o religiosos. Ya es tiempo de que el gobierno le sirva a su pueblo; no solo con palabras, sino con acciones concretas. La transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental es lo menos que nos merecemos como país”, sostuvo el periodista y abogado Rafelli González desde la conferencia de prensa, celebrada en el Colegio de Abogados.
La Alianza Pro Transparencia nació para desarrollar una estrategia común para analizar la viabilidad de presentar los casos ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con la intención de que se revoque la determinación de su homólogo en Puerto Rico.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico otorgó un “no ha lugar” a las peticiones de las asociaciones periodísticas, apoyadas por la familia de Ruiz Costas, de divulgar las grabaciones de los procesos judiciales, en los que Ruiz Costas compartió sus testimonios de acoso, maltrato y amenaza por parte de su agresor, Miguel Ocasio Santiago, sin recibir la protección que requería del tribunal.
“Los procesos judiciales no están al margen del acceso a la información y del reclamo de transparencia, no solo de Andrea y de otras como ella, sino de decenas de ciudadanos que acuden a este foro y que a diario escuchamos que tienen quejas sobre lo que ha ocurrido dentro de la sala de los tribunales. Esas grabaciones son el espejo y la evidencia más clara para lo que ha ocurrido en esta y otras salas de nuestro país”, manifestó, por su parte, el presidente del OPC, Luis Guardiola Rivera.
La presidenta de la Asppro, Damaris Suárez, insistió en que esta petición trasciende porque plantea que la falta de transparencia sirve de velo para ocultar un trato injusto en los procesos judiciales.
“No es solamente que se revoque esta determinación del Supremo, sino que a su vez tengamos una campaña de recaudación de concientización para promover la transparencia. Buscamos trascender este junte a largo plazo para lograr transparencia y rendición de cuentas en todas las ramas de gobierno”, resaltó Suárez.
La familia de Ruiz Costas también asistió a la conferencia de prensa en apoyo a la campaña y mostró su agradecimiento con los gremios periodísticos por su trabajo desde que se dieron a conocer las denuncias de la ineficiencia del sistema de justicia.
González, quien también forma parte del equipo legal que defenderá los casos en el Supremo, insistió que la información pública es el hilo conductor hacia la libertad de pensamiento y el libre flujo de ideas.
La Alianza Pro Transparencia cuenta con la campaña de conciencia social bajo los hashtags #PorTuDerechoASaber y #QueremosSaber sobre la importancia de la transparencia en la rendición de cuenta de las tres ramas de gobierno.
La campaña también tendrá una recaudación de fondos para cubrir los gastos de los abogados que trabajarán para llevar la discusión sobre el acceso a la información al Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Guardiola Rivera compartió que desde hace más de 30 años no se lleva un caso como este al más alto foro judicial. Además, explicó que es la primera vez que se acude como un frente de gremios periodísticos, ya que en otras ocasiones han sido canales de televisión.
“Necesitamos la ayuda de los medios y del país para poder llevar a cabo esta encomienda. Es un proceso largo. Es un proceso costoso, y ya está ganando. Ya está ganando y generando lealtades y alianzas. Esperamos que nos permita recaudar las cantidades que necesitamos para un proceso que es sumamente oneroso para organizaciones como las nuestras, que, actualmente, tenemos recursos muy limitados”, detalló Guardiola Rivera.
