(Foto por Álex Román)
Para agilizar, crear mayor accesibilidad y comodidad a las víctimas de violencia de género, la Rama Judicial de Puerto Rico unió esfuerzos con Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) para crear una herramienta virtual para solicitar órdenes de protección de Ley 54.
El formulario en línea facilitará el traslado al tribunal y proveerá un lenguaje sencillo para eliminar procesos largos, difíciles y burocráticos. El documento estará disponible a partir de hoy en las páginas oficiales de Ayuda Legal PR y la Rama Judicial.
“Estoy convencida de que la educación, el uso de la tecnología y la colaboración con otras entidades son estrategias efectivas y necesarias para erradicar la violencia de género. Por eso hoy, como parte estos esfuerzos, presentamos, junto a Ayuda Legal Puerto Rico, el formulario interactivo para facilitar el proceso de completar una solicitud de orden de protección en los tribunales”, expresó la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez.
Cada siete días una mujer es asesinada en la isla, lo que significa una tasa muy alta de tres feminicidios por cada 100 mil habitantes, según hallazgos del informe La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018, que trabajaron Proyecto Matria y Kilómetro Cero.
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La tasa más alta de asesinatos por razones de género corresponde a la población de jóvenes. En vez de tres mujeres asesinadas, se eleva a 19.6. Este dato posiciona a las jóvenes que aún no han terminado el cuarto año de escuela superior como las víctimas más vulnerables.
“Las organizaciones existimos porque estamos buscando soluciones, no solo para denunciar los problemas, para que haya propuestas basadas en datos y análisis riguroso. Nosotros necesitamos adoptar unos mecanismos de acceso a la información que nos permitan investigar. Es muy difícil llevar a cabo investigaciones cuando uno necesita estar litigando con agencias del gobierno por documentos que nos pertenecen”, enfatizó la periodista e investigadora Mari Mari Narváez.
“Nosotras nos guiamos por el principio del acompañamiento legal. Creemos que las personas, en la medida que conocen sus derechos, están más empoderadas para la defensa, pero también están empoderadas para replicar y educar a otras personas que están en condiciones de vulnerabilidad”, articuló, por su parte, Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de ALPR.
La herramienta fue programada y diseñada por el licenciado David Rodríguez Andino de ALPR. Asimismo, el producto fue resultado del trabajo colaborativo de más de 30 secciones con expertas en el campo de violencia doméstica, como las intercesoras de las salas especializadas en casos de violencia de género.
La versión web incluye un avatar que acompaña al usuario en todo el proceso, explicándole los pasos a seguir y produciendo un entendimiento más integral. Para lograr mayor efectividad, el formulario se irá personalizando a través de las respuestas de la víctima. Las preguntas que no le apliquen a la persona serán omitidas.
En cualquier espacio que se encuentre, cualquier víctima podrá solicitar por computadora o teléfono inteligente una orden de protección, que es un remedio civil que emite un tribunal para prohibirle a un agresor acercarse, comunicarse por cualquier medio, amenazar, molestar u hostigar de cualquier forma a la víctima. Luego de la solicitud, será necesario radicarla en el tribunal. La jueza presidente se comprometió a adelantar trabajos para que la radicación en línea de la solicitud también sea posible.
“La mayoría de las mujeres mueren en sus casas, y no porque están expuestas en un negocio criminal, o porque están en riesgo”, puntualizó la investigadora Narváez.
La licenciada Godreau Aubert explicó que seguirán educando a especialistas en el área del derecho sobre cómo utilizar la herramienta para así llegar a más mujeres.
“Y al final del día, salvemos vidas”, añadió.
Los datos recolectados en el formulario en línea tendrán la información necesaria para que el juez o la jueza pueda tomar la decisión de emitir una orden de protección. También, proporcionarán datos estadísticos para formular políticas para educar y que no solo sean números en unas carpetas de los tribunales.
“Nuestra meta tiene que ser que en los próximos años actuemos a lo unísono. Esto no es un problema únicamente de la Policía de Puerto Rico, del ejecutivo, de legislación o tribunales; no es un problema de las comunidades o del ente privado. Esto es un problema de país. Y tenemos que atajarlo unidos en una estrategia. Y no tengo duda de que, si lo ponemos como prioridad en la política del país, ese número se reduce”, declaró la jueza presidenta Oronoz Rodríguez.
La inauguración de esta herramienta formó parte de la campaña de 16 días de Activismo contra la Violencia de Género, que se celebró desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre. Igualmente, tiene el propósito de celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos.
