(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
Ante la percepción generalizada de que en Puerto Rico no hay racismo, activistas destacan que una de las formas más evidentes de discrimen es la exclusión de las personas afrodescendientes de los procesos de toma decisiones para el uso de terrenos en sus comunidades tras eventos naturales y otras emergencias, como la pandemia de la COVID-19.
En el conversatorio Racismo ambiental: el impacto que tiene en nuestras comunidades, organizado por la Fundación Segarra Boerman e Hijos, la abogada Ruth Santiago definió el concepto como “la concentración de actividades contaminantes que impactan, de forma desproporcionada, a comunidades mayormente afrodescendientes”.
“No hay tal cosa como justicia ambiental si no hay justicia racial”, opinó, por su parte, la abogada y gerente de asuntos ambientales del proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, Estrella Santiago Pérez, durante el encuentro virtual el 28 de septiembre.
El término “justicia ambiental” se refiere al trato justo y participación significativa de las personas en la formulación, implementación y cumplimiento de políticas ambientales sin discrimen por color de piel, origen étnico, cultura, educación u otras posibles distinciones, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).
Santiago Pérez describió que el reto que supone que en Puerto Rico no se reconozca abiertamente que hay racismo dificulta la resolución de los conflictos medioambientales que enfrentan las comunidades afrodescendientes, así como en el acceso a ayudas y servicios básicos de salud y económico.
Explicó que no reconocer el factor racista en la falta de acción del gobierno resulta en que los terrenos de estos sectores poblacionales, en los que también hay altos índices de pobreza, se conviertan en foco para la ubicación de entidades que contaminan el ambiente.
Por su parte, Mapenzi Chibale Nonó, integrante de la organización de base comunitaria Parceleras Afrocaribeñas por la Transformación Barrial, en Carolina, recordó que cuando su comunidad se dispuso a rescatar los predios de la escuela pública Carlos Conde Marín, en 2017, supieron que el plantel había sido designado como vertedero.
“En una conversación con la Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de Educación, les cuestionamos por qué la escogieron para ser receptora de un vertedero, y dijeron que allí no vivía gente”, ejemplificó Chibale Nonó para describir cómo se vive el racismo ambiental.
Resaltó que la industrialización alrededor de la comunidad San Antón & Saint Just, que afecta los recursos de los que se han suplido por décadas, se dio sin consultarles. Especificó, además, que se les ha excluido de la toma de decisiones respecto a los cambios de uso de terreno.
“No está desligada la raza y cómo nos ve el Estado para ser receptores de estas industrias, dar permisos y cambiar zonificaciones sin el consentimiento, orientación y participación ciudadana de estas comunidades que se ven afectadas”, explicó Chibale Nonó.
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Recomiendan “deconstruir” y organizar
Durante el conversatorio, las invitadas coincidieron en que se requiere de un trabajo continuo para atajar el racismo ambiental por tratarse de un problema de varias capas.
“Es un trabajo continuo, particularmente de las personas que quizás están ajenas a que existe este problema [el racismo] en Puerto Rico, de reconocer constantemente que las comunidades más desventajadas son mayoritariamente afrodescendientes o visiblemente negras, y que, hasta que no hagamos un trabajo antirracista desde todos nuestros niveles, no podemos hablar de tal cosa como justicia ambiental”, subrayó la abogada Santiago Pérez.
Añadió que, en el proceso de autogestión comunitaria, también se requiere deconstruir pensamientos racistas. Describió que se trata de un ejercicio de reconocer la interseccionalidad de cada cual, evaluación de opresiones y privilegios que las personas viven en los diferentes aspectos de su vida.
“Entendemos que la organización comunitaria es un recurso de mucho poder”, reconoció Chibale Nonó. Sin embargo, abundó en que la comunidad sola no puede trabajar en los proyectos que impulsan mediante la participación ciudadana y la abogacía, sino que requieren del apoyo de política pública y creación de alianzas con otras organizaciones ciudadanas y el gobierno.
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Cambio en la producción de energía eléctrica
Respecto a las vías de acción, Santiago Pérez reconoció que las comunidades en Guayama, Salinas y Humacao, entre otros pueblos, donde se ubicaron las carboneras y producción de energía, se afectan por la gran demanda energética de los municipios del norte, particularmente San Juan.
“Necesitamos que las personas cobren conciencia de la carga que se le impone a la comunidades cercanas a las plantas” de producción, puntualizó.
Reiteró la necesidad de que las personas actúen ejerciendo presión para que se transforme el sistema de generación de energía eléctrica en la isla, especialmente ante la reciente obligación de poco más de $10 mil millones por FEMA para fortalecer, entre otros asuntos, el sistema eléctrico actual.
Instó, además, a que las personas conozcan de dónde viene la energía que consumen y cómo pueden insertarse en los frentes de acción para evitar que empresas contratadas por la Autoridad de Energía Eléctrica, como LUMA Energy, se lleven los fondos públicos sin resolver el problema de raíz.
