(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
El 23 de noviembre se cumple un año del Plantón 23N, convocado por la organización política Colectiva Feminista en Construcción, en el que se exigió al gobierno de Ricardo Rosselló que firmara una orden ejecutiva que declarara un estado de emergencia por la situación de violencia de género que vive el país.
Ellas estuvieron en los adoquines de la calle La Fortaleza, después del Verano del 19 nombrada como Calle de la Resistencia, hasta el 25 de noviembre de 2018 sin ser atendidas por el primer ejecutivo, y enfrentando a los policías.
Desde esos días, ha pasado mucho, pero también poco. Mucho porque no ha habido manera de silenciar a estas voces que hablan por quienes fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. En el transcurso de un año, las activistas no han parado de tomar las calles para reclamar los derechos de sus compañeras, pero, sobre todo, el derecho a la vida.
En el 2018, 23 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, y este año, hasta el momento, a 15 mujeres les han arrebatado sus futuros.
En este camino, la Colectiva no ha estado sola, pues organizaciones, activistas e individuos se sumaron a la exigencia de ese estado de emergencia que, entre otras acciones, conllevaría que el Estado tome medidas concretas en los distintos departamentos y agencias gubernamentales para atajar la violencia machista.
También, ha pasado poco. Ese fuerte llamado solo tuvo como respuesta una alerta nacional por parte de la gobernadora Wanda Vázquez. Desde el 4 de septiembre, cuando se pronunció Vázquez, ha imperado el silencio, pero, en los pasados días, trascendió que pronto revelará un plan para atender la violencia de género.
El documento, que han solicitado organizaciones feministas, al parecer, coincidirá cuando las mujeres salgan nuevamente a las calles el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hoy, martes, la Colectiva, en compañía de organizaciones, maestras, ambientalistas, abogadas y activistas, ofreció detalles de la manifestación Mujeres en marcha: Construyendo otra vida del 25 noviembre que iniciará a las 4:00 p.m. en las oficinas de la Junta de Control Fiscal en la Milla de Oro, en Hato Rey, y culminará en La Fortaleza, en el Viejo San Juan.
En la conferencia de prensa, estuvieron representantes de Coordinadora Paz para la Mujer, la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, Amigos del Mar, Colectivo Interreligioso de Mujeres, Papel Machete y otros.
La ruta es larga, porque son múltiples los reclamos de las mujeres. En la marcha, exigirán la declaración de un estado de emergencia y la paralización de los recortes a los servicios de salud, vivienda, seguridad y educación. Denunciarán, además, las condiciones de trabajo de las maestras, la falta de sensibilidad hacia las comunidades desplazadas, los recortes millonarios a la Universidad de Puerto Rico, las represiones a los grupos que defienden derechos humanos y los recortes a las pensionadas.
“Las mujeres estaremos ocupando las calles de San Juan para continuar con la exigencia de que se declare un estado de emergencia, y visibilizar la inacción e indolencia del Estado ante las violencias que vivimos las mujeres en Puerto Rico”, expresó Zoán Dávila, de la Colectiva Feminista en Construcción.
Dávila hizo referencia a los resultados del informe La persistencia de la indolencia: feminicidios en Puerto Rico 2014-2018, que realizaron Proyecto Matria y Kilómetro Cero. Esta investigación reveló que, en ese periodo, hubo 266 casos de feminicidio en Puerto Rico. Entre los datos sobresalen que un feminicidio ocurre cada siete días, y que estos asesinatos suceden, principalmente, en las residencias de las mujeres o de sus familiares.
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Dávila resaltó que diversas organizaciones llevan un año exigiendo al Estado que priorice y atienda con urgencia la erradicación de la violencia de género.
“El informe reveló lo que hemos denunciado, que existe indolencia y despreocupación del Estado, en cuanto a los feminicidios en Puerto Rico, y que el Estado ha fallado en atender con seriedad las querellas y los casos de violencia doméstica”, agregó quien también señaló el silencio de la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, ante revelador informe.
Por su parte, Frances Hernández, de Coordinadora Paz para la Mujer, expresó que la actitud de indiferencia del gobierno, ante esta problemática, es más preocupante, aun cuando el Departamento de Justicia Federal publicó que, desde el 2005 al 2010, la Policía de Puerto Rico recibió al menos 1,459 querellas de violencia doméstica por hechos cometidos por oficiales. Mencionó, además, que el último informe publicado por el Monitor de la Policía, a principios de año, reveló que en un periodo de seis meses se habían presentado cerca de 80 querellas de este tipo. A lo anterior, se suman los miles de “safe kits” sin analizar y miles de casos de agresión sexual sin investigar.
“Esto nos releva las preocupantes dimensiones de este problema. Por eso, nos unimos a las voces de tantas mujeres y grupos que apuntan a la necesidad prioritaria de atención a la violencia de género, tanto de forma inmediata como preventiva. Urge declarar un estado de emergencia para atajar la violencia de género. Las implicaciones de esta declaración permitirán la atención en fondos y recursos contra este problema de forma inmediata, y trabajar en la prevención y erradicación del mismo”, dijo.
“Las mujeres tenemos derecho a disfrutar de relaciones equitativas que nos permitan vivir en libertad y con calidad de vida. El Estado tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo de sus ciudadanas y ciudadanos. Esto incluye la obligación de mantener en efecto las medidas de prevención e intervención necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres. Que mantenga su actitud de indeferencia es una violación frontal a ese derecho”, añadió.
Shariana Ferrer, por su parte, señaló que el “verano combativo” evidenció el rechazo del pueblo ante las expresiones misóginas, homofóbicas, burlonas y discriminatorias del entonces gobernador Ricardo Rosselló, pero, sobre todo, que la gente exige una política pública efectiva para el país.
“La marcha es para denunciar que el Estado tiene responsabilidad por la violencia que vivimos las mujeres, y para exigir que asuma esa responsabilidad, pero también estamos marchando en contra de las políticas de austeridad que están tratando de impulsar y que pone la Junta de Control Fiscal; medidas que van en detrimento de las condiciones de las mujeres en el país”, indicó.
“Marcharemos porque queremos construir otro país, otra vida para nosotras y que las generaciones que vendrán puedan vivir y desarrollarse sin prejuicios, estigmas, sin opresiones .Tomaremos las calles nuevamente y marcharemos por nuestras vidas, por las de todas”, destacó Ferrer.
