“Sin pruebas no hay gráfica que valga”, leía uno de los carteles visibles durante la caravana feminista convocada por la Coalición 8 de marzo que recorrió parte de San Juan esta mañana para reclamar diligencia en el manejo del gobierno a la emergencia por COVID-19.
Con banderas feministas y de la comunidad trans, y mensajes alusivos a la insuficiente acción gubernamental para proteger a la población del coronavirus, decenas de carros transitaron en fila desde Puerta de Tierra hasta la Milla de Oro.
Desde dentro de los automóviles, retumbaron los reclamos por la realización de más pruebas, el rastreo de casos positivos, la publicación de datos actualizados que incluyan variables como género, casos con síntomas y asintomáticos, zonas geográficas y personas contagiadas que se han recuperado. Además, exigieron que el gobierno abandone el sistema de salud privado y, en su lugar, se adopte un sistema de salud pública universal que garantice el derecho constitucional y humano a la salud en todo momento, en especial ante esta pandemia de COVID-19.
“No se está protegiendo a todas las mujeres que están en peligro durante el toque de queda”, expuso Marielle de León, una de las manifestantes.
De León criticó a la Policía por estar más enfocada en dar multas y detener a personas durante el toque de queda que en ayudar a las mujeres que están confinadas en casa con sus agresores. Urgió, además, la declaración de un estado de emergencia por la violencia machista y la destitución de Lersy Boria como procuradora de las mujeres. También, pidió un mejor trato a las poblaciones trans y que se esclarezcan los asesinatos de personas trans que aún no están resueltos.
Por el camino, residentes de condominios respondieron con cacerolazos en apoyo.
En total, la Coalición 8M levantó 15 reclamos puntuales para que todos los sectores estén representados en las medidas adoptadas y decretadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
Los reclamos incluyen acciones para atender la escalada en violencia de género, la transversalidad e interseccionalidad en el manejo de las condiciones de vida de las personas pobres, negras, migrantes, LGBTTQI+, con diversidad funcional, sin hogar, confinadas, entre otras poblaciones. Exigen la separación de iglesia y estado, así como la cancelación de la deuda y reasignar dichos fondos para el manejo de la emergencia causada por el COVID-19.
Reclamos de la Caravana Feminista de la Coalición 8 de Marzo
1. Pruebas masivas de detección de COVID19 y el uso de pruebas apropiadas, rastreo de casos positivos y la publicación de datos actualizados que incluyan variables como género, casos con síntomas y asintomáticos, zonas geográficas, personas contagiadas que se han recuperado, entre otras.
2. Descartar el modelo de salud privado que ha promovido el Estado en las pasadas décadas y la adopción de un sistema universal de salud público, accesible y de calidad, que garantice el derecho constitucional y humano a la salud en todo momento, en especial, en una crisis de salud pública como la del COVID19.
3. Seguridad, protección y condiciones laborales adecuadas para las mujeres que realizan trabajos considerados esenciales y están en mayor riesgo de contagio: salud y cuidados, mantenimiento, limpieza y línea de distribución de alimentación. Rechazamos enérgicamente los despidos en los hospitales privados.
4. Equipo de protección adecuado para personal de salud, en hospitales, centros de salud públicos y privados, y servicios paramédicos.
5. Alto a la corrupción gubernamental y especulación mercantil con pruebas y materiales necesarios para la protección.
6. Adoptar un protocolo con perspectiva de género para el manejo de desastres, incluyendo pandemias.
7. Reconocer que los servicios de salud sexual y reproductiva – incluyendo anticoncepción y aborto – son servicios esenciales de salud. Que se garantice el acceso las personas que buscan servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo servicios de aborto, contracepción de emergencia, servicios de dulas y parteras sin que se obstaculice el proceso. Que se entienda que cualquier producto relacionado con la salud sexual y reproductiva, incluyendo toallas sanitarias, tampones o condones son productos de primera necesidad. Que se garanticen acompañamientos humanitarios durante el parto.
8. Garantizar el acceso a pruebas, servicios de salud, cuidados, alimento y ayudas económicas a poblaciones excluidas con una perspectiva transversal e interseccional: personas pobres, negras, migrantes, LGBTTIQ, con diversidad funcional, sin hogar, confinadas, a la niñez entre otras poblaciones vulnerables.
9. Declarar un estado de emergencia debido a la violencia de género que se agrava aún más en la situación de confinamiento en la que nos encontramos, incluyendo a las mujeres trans. Demandamos que se garantice el acceso a órdenes de protección, intercesoría legal y manejo de casos de violencia de género, así como la publicación de estadísticas actualizadas, desagregadas, para cada región judicial y policial.
10. Cumplir con el derecho constitucional de separación de iglesia y estado, y que el gobierno no utilice la pandemia ni los medios de comunicación para transmitir mensajes religiosos o para intereses de grupos religiosos.
11. La cancelación de la deuda y la reasignación de dichos fondos al manejo de la emergencia causada por el COVID-19.
12. La moratoria a todos los pagos: hipoteca y/o renta, agua, luz, teléfono, Internet, tarjetas de crédito, préstamos, entre otros. En momentos en donde más de 300 mil personas se han registrado en la oficina del desempleo urge garantizar un techo seguro y cubrir las necesidades básicas de las personas.
13. El desembolso inmediato del dinero de desempleo a las cientos de miles de personas que lo han solicitado al Departamento del Trabajo, así como la asistencia nutricional a las miles de familias que lo han requerido. Para esto, insistimos en que se flexibilice la entrega de documentos y evidencias que se les requieren mientras dure la emergencia.
14. Un alto a la represión policial durante la pandemia, que se eliminen las multas y desestimen las acusaciones y los cargos contra las personas intervenidas a consecuencia del toque de queda.
15. La destitución inmediata de la procuradora de las mujeres en propiedad, Lersy Boria, quien durante la pandemia continúa demostrando su incompetencia para atender los problemas particulares que enfrentan las mujeres en esta emergencia de salud pública.
