(La directora ejecutiva de Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, durante la presentación del estudio Licencia para matar / Suministrada)
Entre 2014 y 2020, ocho personas identificadas como mujeres murieron por uso de fuerza policial en Puerto Rico, reveló la investigación Licencia para matar, de la organización Kilómetro Cero.
Milagros Ivette Ortiz Alvarado, Frances Dennisse Pagán Resto y Pilar Hernández Llera fueron asesinadas, en 2018, con el arma de reglamento de sus parejas, quienes eran oficiales del orden público.
“La Policía no lo informa como un caso de uso de fuerza policial simplemente porque la Policía entiende que, para desentenderse de ese asunto, es un policía que actuó en carácter individual, no estaba en funciones oficiales. Por lo tanto, aunque se haya utilizado el arma de reglamento, la Policía no lo informa como uso de fuerza”, expresó el investigador principal del estudio, Luis A. Avilés sobre los feminicidios íntimos perpetrados por policías.
Mientras trabajaban, un agente de la Uniformada mató, en la comandancia de Ponce, a las policías Luz Miladys Soto Segarra y Rosario Hernández de Hoyos. Mientras, Michelle Sánchez Tirado y Emily Montañez Cardona fallecieron respectivamente en persecuciones policiacas. Por otro lado, Aixa López Otero, una paciente de salud mental, murió bajo custodia de la Policía.
Los investigadores Avilés, Mari Mari Narváez, Luis Emilio Muñoz, Aharhel E. Alicea Holandez y Lauce E. Colón analizaron decesos por acción o presencia policial. Los casos analizados incluyen feminicidios íntimos, muertes bajo custodia, proceso de arresto y suicidio policial.
Las fuentes de información que se utilizaron incluyen las redes sociales, la prensa y datos suministrados por la Policía. Toda la información se corroboró con los datos del Registro Demográfico. Entre 2014 y 2020, hubo un total de 71 muertes por uso de fuerza policial, revelaron los investigadores en la presentación del estudio, realizada en el espacio cultural Pública, en Miramar.
“Hemos hecho mucha documentación, en anteriores informes, pero hacía falta que hiciéramos un primer estudio estadístico para poder, finalmente, contestarnos muchas preguntas que teníamos”, explicó Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización, al detallar los vacíos que llena esta investigación.
Aunque el estudio analiza las muertes hasta 2020, Kilómetro Cero informó, en una reciente publicación, que las cuatro víctimas de muertes por uso de fuerza policial, registradas en lo que va del 2022, fueron identificadas como mujeres.
Las agentes Nelly Díaz Báez y Damaris Soto Sánchez se quitaron la vida con su arma de reglamento. La tercera víctima del año fue la agente Brenda Liz Pérez Bahamonde, quien fue ultimada a disparos por su expareja, también policía. Además, se registró la muerte de una mujer no identificada.
Impunidad policial en casos de violencia doméstica
El estudio, presentado el martes, destaca datos del informe de la Oficina del Monitor Arnaldo Claudio del que se desprende que el sistema no trata equitativamente a los miembros de la Uniformada, en comparación al resto de la ciudadanía, en casos de violencia doméstica.
Para el 2017, el 14% de las querellas por violencia doméstica terminaron en convicciones, sin embargo, en el caso de los policías no hubo ninguna convicción. Este fue el último año que estos datos aparecieron en el informe del monitor.
“La Policía exhibe consistentemente un patrón de impunidad. Si vamos a explicar los feminicidios [íntimos] en la Policía, es claro que existe un sistema de protección que finalmente desemboca en la acción más violenta, que es el feminicidio”, sostuvo Avilés.
No obstante, El Vocero informó que, para 2021, el patrón de 0 convicciones se mantuvo.
La Policía es selectiva en el uso de su fuerza
El estudio revela que la tasa de muertes por uso de fuerza policial es de 3.1 de cada millón de habitantes. El grupo más afectado fueron los jóvenes, de 20 a 29 años, con una tasa de 8.4, casi el triple del promedio para Puerto Rico.
El nivel educativo también apuntó a ser un determinante en estas muertes. La tasa de mortalidad para las personas que no poseían educación mayor a la escuela superior fue de 4.0, mientras que para los que tenían estudios postsecundarios fue de 2.0.
“En estos momentos en que se le priva a la universidad de recursos, […] vemos claramente cómo esa población que llega a acceder a la universidad está en una posición que no es tan vulnerable como los que no llegan”, argumentó el investigador.
Uno de los datos que más destaca de la investigación es la variable racial, que se analizó con el ingreso económico. En las comunidades predominantemente blancas, fueran pobres o no, la tasa de mortalidad no tuvo grandes cambios. Sin embargo, cuando se ven los vecindarios racialmente mixtos, la tasa de mortalidad fue de 3.3 para los no pobres y 4.8 para los pobres.
“Sistemáticamente, vemos un efecto racial en términos no de cómo yo soy, ni como yo me identifico, sino del barrio donde yo resido. Es un efecto bien claro y bien patente. Si yo fuese a resumir esto, lo diría de esta forma: ante el riesgo de morir por uso de fuerza policial, a nivel geográfico, pesa más la composición racial del vecindario que la clase social”, puntualizó Avilés.
Asimismo, los datos que proveyó la Policía, luego de un litigio que llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico, tenían un subregistro de 64% de las muertes, comparados a los datos recopilados por Kilómetro Cero.
Entre las recomendaciones que hace la organización, está la creación de un organismo independiente de investigación civil y de fiscalías independientes que se especialicen en delitos y violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la Uniformada.
“Nuestra aspiración, por supuesto, va a ser, sigue siendo y será cero muertes por uso de fuerza policial y que, cuando la Policía lo informe, no tengamos que sospechar de que, una vez más, nos están mintiendo. Que están encubriendo muertes de ciudadanos, ciudadanas, de personas que, muchas veces, de forma inocente cayeron ante la violencia del Estado”, expuso la directora ejecutiva de Kilómetro Cero.
