Cuarenta y tantos años después de empezar a acompañar a sobrevivientes de agresión sexual en los tribunales, todavía tengo viva en mi memoria la voz de un juez que, en tono fuerte y autoritario, interrumpió y regañó a la testigo-víctima que, a preguntas del fiscal, intentaba explicar la secuencia de actos violentos que contra ella había cometido el acusado. “No vuelva a decir que el acusado la violó. A usted no le corresponde determinar si el acusado la violó o no. Le corresponde decidirlo al tribunal y, para eso, estamos aquí”.
De otro juicio, recuerdo a un médico que ofrecía detalles de trauma y laceraciones en una señora, a quien había examinado a escasas horas de haber sido agredida sexualmente. A preguntas de la fiscalía, el médico declaró que, según su experiencia y conocimientos, los hallazgos del examen eran compatibles con el trauma del abuso sexual que la víctima le había relatado. Importa subrayar que, pocas veces, el tribunal tenía el beneficio de este tipo de evidencia y peritaje médico-legal tan cercano a los hechos de un caso.
En su contrainterrogatorio, el abogado de la defensa le preguntó al perito si esas laceraciones podían deberse al uso de papel sanitario barato, habida cuenta de que se trataba de una mujer pobre. El perito hizo un esfuerzo por ceñirse a sus observaciones registradas en el récord médico. Sin embargo, ante las insistentes y repetidas preguntas del abogado de la defensa y en un ambiente de burla y poca seriedad en la sala, el médico, visiblemente nervioso, afirmó que sí, que las laceraciones también podían deberse al papel sanitario barato y de baja calidad que, según había sugerido el abogado, usaba la mujer que alegó haber sido víctima de agresión sexual.
Relato estos dos ejemplos, de otros muchos que conozco, para ilustrar lo difícil y penoso que puede ser el camino de la justicia para víctimas, testigos y acompañantes en casos de violencia sexual. Nadie tendría que recibir humillaciones o burlas mientras reclama justicia, pero hay condiciones que vulneran a unas personas más que a otras: la condición y clase social, la etnia, el color de piel, el nivel de escolaridad, la orientación sexual, el sexo, el género, entre otras. Está documentado que para niñas, jóvenes y mujeres, el reclamo de justicia, sobre todo en casos de agresiones sexuales, ha sido un camino particularmente tortuoso.
Si bien algo se ha avanzado en las pasadas décadas gracias a los estudios de género, las denuncias, la fiscalización y los reclamos de justicia de organizaciones feministas y de derechos humanos, tanto internacionales como de Puerto Rico, todavía estamos muy lejos de alcanzar el trato equitativo que merecemos. Sabido es que los sistemas cambian muy lentamente porque, lentamente, cambia la cultura donde están enmarcados.
Si alguien aún tiene dudas de a quién favorecen nuestras instituciones culturales, políticas, económicas y legales, habría que echarle un vistazo a la trayectoria de las acusaciones al poderoso alcalde que, durante 24 años, dirigió la ciudad de Guaynabo. Dueño y señor por un cuarto de siglo del territorio político, que fue también su territorio económico y sexual, la fama de abusador y controlador de las mujeres era un secreto a voces. Secreto que tapaban sus allegados con silencio, arreglos informales, negociaciones, transacciones y condiciones que permitieron que se perpetuara un ambiente de trabajo hostil y ofensivo, tolerante y fértil para la violencia sexual.
La ley de “macho que agarra y somete a su paso lo que quiere”, con el tiempo, se normalizó y parecía invencible. Respaldado por la gerencia, mujeres y hombres se atuvieron a esa norma patriarcal que, casi siempre, se sostiene con respuestas, tales como “eso siempre ha sido así” o “las mujeres también son tremendas” o -la más socorrida- “¿por qué no lo denunció antes?”.
Las leyes y reglamentos del Estado que prohíben el discrimen y la agresión sexual en el empleo no guiaron el comportamiento en el “jaragual” municipal. Según declaraciones que se han hecho públicas, bajo el mandato del alcalde se hizo de todo. El sistema de justicia tiende a desalentar a las víctimas, pero, poco a poco, las mujeres se atrevieron a presentar sus denuncias en foros investigativos administrativos, muchas de las cuales quedaron parcialmente ocultas bajo condiciones de confidencialidad.
No fue hasta finales del 2016 que llegó a manos de Ivette Sosa, una valiente periodista, una historia que confirmaba el patrón de hostigamiento sexual, por parte del alcalde, que había sufrido una joven empleada de la policía municipal que, si bien no fue la única, a la fecha de hoy es la principal testigo del caso que, casi cuatro años después, no ha comenzado a verse en su fondo en los tribunales del país. Los hechos de su situación particular se remontan a años anteriores (entre el 2009 y 2014).
En marzo del 2017, fue que comenzaron a publicarse detalles de los abusos sexuales por parte del funcionario. De ahí en adelante, una ola de indignación y repudio a la violencia sexual movió a organizaciones feministas, entidades no gubernamentales, figuras públicas de diversos sectores y al pueblo en general a exigir la renuncia del alcalde Héctor O’Neill. El 1ro de mayo del 2017 el Departamento de Justicia refirió a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) 20 posibles violaciones al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental, incluyendo violaciones por Ley 54 por maltrato psicológico, maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual, además de otras violaciones a los Artículos 135 y 136 del Código Penal por acoso sexual y exposiciones obscenas.
El 5 de junio del 2017, el alcalde renunció a su puesto en medio de continuas presiones y un consenso de que era imposible que se mantuviera en su posición. El 13 de diciembre del 2017 fue fichado luego que, el día antes, el tribunal encontrase causa por 7 de 11 delitos radicados por el FEI. Entre recursos legales, apelaciones, posposiciones, renuncia y nueva designación de fiscal independiente, inhibición de la jueza, asignación de una nueva jueza, prescripción de delitos y archivo de cargos, el tiempo siguió pasando y, de esos 7 delitos, hoy quedan 3, y el juicio en su fondo aún no ha empezado.
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Reflexionando sobre el modo en que se ha ido manejando este caso, parecería que en lugar de caminar hacia la luz de la justicia, nos acercamos nuevamente hacia el muro de la impunidad. Ante este panorama, ya demasiado conocido, las mujeres sabemos que esperar a que un tribunal de justicia sea el que declare si una mujer fue maltratada, hostigada, agredida sexualmente o violada no puede ser la única forma de hacer justicia.
Indignarnos, luchar en la calle, visibilizar las denuncias, destapar los “secretos” que solo favorecen a los agresores, mover las conciencias, solidarizarnos y acompañar a las víctimas-sobrevivientes, validar sus palabras, desenmascarar el poder patriarcal y disminuirlo, lograr la renuncia y descarrilar la carrera de un agresor, son chispas de justicia que podemos lograr encender en la marcha. Sin embargo, me gustaría pensar que algún día las víctimas y sobrevivientes del “alcalde violador” encuentren justicia también en los tribunales.
