La resistencia para establecer una educación con perspectiva de género, los datos estadísticos de las agencias gubernamentales que no concuerdan con los de la Policía y la falta de iniciativas para revisar la Ley de Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica (Ley 54) demoran los esfuerzos para combatir la trata humana en el país, indicó el investigador César Rey Hernández.
El catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, conversó sobre el tema de la trata humana, en el que se ha concentrado como parte de su labor con la Fundación Ricky Martin, en el marco de la sexta Jornada de estudios en torno a la violencia de género que se llevó a cabo en la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce.
El profesor hizo referencia a la investigación Violencia: género y trata, en la que comparte créditos con la investigadora Luisa Hernández-Angueira, y que tenía el fin de identificar trata humana en casos de violencia de género. Este trabajo se centró en el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de noviembre de 2015.
“El proyecto fue encomendado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, para ese entonces dirigida por Wanda Vázquez, quien hoy es la secretaria del Departamento de Justicia. Nos pide que hagamos un análisis de posibles errores en la supervisión de los protocolos de los hogares y albergues de víctimas de violencia sexual. Detrás de esa petición, quiere saber si la trata es parte de ese fenómeno”, explicó al definir la trata como “explotación donde hay alguien que se beneficia con especie o con dinero”.
El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños define «trata de personas» de la siguiente manera: “Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
Rey Hernández mencionó que, entre los hallazgos más significativos de la investigación, se encuentran la “vulnerabilidad de parte de las víctimas de violencia doméstica ante la trata” y que la “violencia doméstica constituye un factor de empuje para la trata, convirtiéndose en un factor estructural”.
Además, se observó que “una alta incidencia de mujeres víctimas de abuso sexual, en su niñez, son víctimas de violencia de género en su adultez”.
Reveló, además, que en el instrumento de entrevista que contestan las mujeres en los centros de ayuda o albergues no se tipifica la trata y el tráfico como un delito.
Del estudio se concluyó, también, la importancia de revisar la Ley 54 para la inclusión de conceptos y definiciones relacionados con esta práctica que es invisible en la sociedad puertorriqueña. Entre las recomendaciones, se insta a incorporar un artículo para tipificar el trabajo forzado, la servidumbre y la esclavitud como formas de maltrato doméstico.
“Hay que redefinir y revisitar la Ley 54 que, en su momento, fue progresista y tuvo una razón de ser, pero no reconoce fenómenos criminales como este. ¿Por qué no llamar las cosas por su nombre para poder actuar y defender la vulnerabilidad de la mujer en estos casos?”, comentó.
Señaló que quienes reciben a las mujeres que llegan hasta los hogares no tienen un adiestramiento para profundizar en las entrevistas, sobre todo, con inmigrantes, lo que impide identificar a víctimas de trata y tráfico.
“Nos concentramos en cinco municipios, tres del centro de la isla y dos de la costa, con mujeres de 22 a 45 años. Se hizo un escogido de los albergues y se evaluaron expedientes. Hubo participantes dominicanas, puertorriqueñas y hasta jordanas, y, curiosamente, nadie preguntó a las jordanas cómo habían llegado aquí”, dijo al señalar la falta de adiestramiento en el personal de los hogares para indagar sobre una posible situación de trata humana.
Esa ausencia de conocimiento sobre el tema, aseguró, se constata en las salas judiciales. “No hay capacitación para los jueces, los fiscales. Otro asunto es que no hay una fotografía de lo que pasa en el país. Cada agencia tiene un número distinto. Familia, Salud y Policía te dan números distintos. No hay manera de que se recojan datos verídicos. Mientras eso siga ocurriendo, no se va a saber cuál es la dimensión de este problema”, expresó en referencia a las cifras sobre violencia de género y violencia doméstica que solicitaron a las agencias gubernamentales y al Departamento de la Policía que no coincidían.
“Si me preguntan, ¿cuál es la solución para esto? Es educación. Aquí, no lo va a resolver una orden ejecutiva. Tenemos tres órdenes ejecutivas de tres gobernantes distintos, y qué bueno, lo celebro, pero eso no resuelve nada. Tenemos que educarnos. Tenemos que sensibilizarnos y entender cuál es la sociedad en la que vivimos. Esto no ocurre de la noche a la mañana y, cada cuatro años, se inventa un país nuevo. Eso atrasa el proceso”, puntualizó.
—¿Qué acciones se tomaron a raíz de esta investigación que surge de un interés de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres?
—Como cambió la procuradora, no ha habido un seguimiento, que nosotros sepamos. Pero sí hubo un encuentro entre la procuradora (Lersy Boria) y la jueza presidenta del Tribunal Supremo (Maite Oronoz), que tiene un interés particular en esto. Nosotros les entregamos todos los protocolos, todos los hallazgos. Las políticas públicas sufren de este mal, pero me consta que la secretaria de Justicia y la secretaria del Departamento de la Familia tienen un compromiso.
Sobre el Departamento de la Familia, señaló que existe un protocolo para capacitar a los trabajadores sociales sobre el tema de la trata humana. Es la única agencia que ha dado este paso, aseguró.
“Si en Educación les causa rubor todavía hablar de perspectiva de género, imagínense si se habla de violencia sexual. Es preferible que se hable de estos temas en la casa, donde hay casa; en la familia, donde hay familia; y en las escuelas, a que se hable en el punto de drogas”, expresó.
En su exposición, el exsecretario de Educación mencionó casos que acapararon los titulares de noticias para ejemplificar la trata en la isla. Hizo referencia a la situación que vivió una mujer, quien estaba forzada a pagar las deudas de su esposo, en ocasiones, con dinero y, en otras, con su cuerpo.
También, recordó al caso de una boricua que conoció a un peruano por Internet. Cuando ella viajó a Perú, para establecerse con él, inició su calvario. Él le quitó sus documentos y las tarjetas de crédito. Mientras se culminaba la gestión para obtener una ciudadanía estadounidense, el hombre la obligaba a trabajar y a ser su esclava sexual.
