* Las periodistas Génesis Dávila Santiago y Gabriela Carrasquillo Piñeiro colaboraron en esta historia.
No habrá un Estado de Emergencia en Puerto Rico ante la gran cantidad de femicidios que se han reportado en lo que va de año porque para la gobernadora Wanda Vázquez Garced “las palabras no hacen diferencia”. Pero, la mandataria sí ordenó hoy, mediante orden ejecutiva, que será prioridad del gobierno la lucha contra la violencia hacia las mujeres. También incluyó iniciativas con las que dijo espera atajar esa violencia.
Aunque la primera ejecutiva podía establecer el contenido de la orden ejecutiva en un proyecto de ley y, de esa forma, elevar y darle fuerza al documento, señaló que no lo descartaba eventualmente, pero tampoco se comprometió a hacerlo de esa manera.
Afirmó que es la primera vez en la historia del gobierno que se declara como prioridad el tema de las mujeres y que se trata de un gran paso de avance.
“Hoy, declaro en esta nueva orden ejecutiva, y como producto del esfuerzo de los grupos de mujeres, se declara servicio de prioridad para el gobierno de Puerto Rico la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En esta declaración de servicios de prioridad se ordena a las agencias el priorizar los servicios de prevención, protección y seguridad para todas las mujeres”, declaró Vázquez Garced en una rueda de prensa.
Entre las iniciativas incluidas en la Orden Ejecutiva tanto la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) como el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) tienen 15 días para someter un informe detallado de los fondos que necesitan para poner en vigor todos los protocolos y programas de prevención y ayuda a las mujeres.
“Lo defenderemos ante la Junta (de Control Fiscal)”, afirmó la gobernadora.
Reconoció que actualmente la OPM no cuenta con el presupuesto suficiente.
“¿La Oficina de la Procuradora de las Mujeres tiene cuánto? Dos o tres millones y eso no es justo”, expresó.
Además, se le ordena al Departamento de Justicia (DJ) y al NPPR crear un protocolo uniforme para la investigación de los asesinatos de mujeres. La gobernadora lamentó que la práctica normal de la Policía es establecer un posible móvil de los asesinatos sin completar la pesquisa. Indicó que cuando se atribuyen asesinatos de mujeres por parte de parejas o exparejas a que estaban cegados por celos o que se trató de un crimen pasional minimiza la responsabilidad del agresor.
Datos recopilados por el Observatorio de Equidad de Género apuntan a que en lo que va de año se han cometido 47 feminicidios.
Aunque se supone que esté en función la Comisión Nacional para la Erradicación de la ViolenciaDoméstica, la Agresión Sexual y el Acecho hacia las Mujeres (CNEV), la gobernadora ordenó la creación de la Comisión Multisectorial de Violencia contra la Mujer que estará compuesta por 14 entidades incluyendo los departamentos de Justicia, Salud, Vivienda, Familia, Educación, así como el NPPP, la Administración de Servicios Contra la Adicción (AMSSCA), el Instituto de Estadísticas, la Asociación y la Federación de Alcaldes y la OPM. También se le extenderá una invitación a la Rama Judicial y a los medios de comunicación. Del mismo modo, se incluirá una persona que represente las organizaciones civiles que luchan por los derechos de las mujeres.
De inmediato, no estuvo claro si la CNEV dejará de funcionar o si se transforma en la nueva comisión. Indicó que el organismo le responderá a ella en su carácter de gobernadora y que cada agencia debe nombrar una persona con un puesto de carrera y no de confianza que será responsable de los trabajos que se designen en la comisión.
“No será una comisión más… Yo estaré muy pendiente del cumplimiento aquí y donde quiera que esté. Es la única manera de validar el esfuerzo de las organizaciones y la Oficina de la Procuradora”, señaló la mandataria.
Dijo que espera que los medios de comunicación se unan difundiendo mensajes contantes de orientación y ayuda a víctimas de violencia a través de cintillos y otros recursos.
Otra disposición de la Orden Ejecutiva es que todo el personal del Departamento del Educación tiene que tomar adiestramientos sobre la erradicación de la violencia para diciembre de 2020. No se informó quién ofrecerá los adiestramientos. Según la gobernadora ya hay unos módulos virtuales que cada persona debe tomar y al finalizar el proceso se establece por medios de preguntas si lo pasó o no.
Vázquez Garced convocará una sesión extraordinaria para que se evalúe una nueva ley contra la trata humana por entender que el estatuto que está en vigor actualmente no es muy “específico”. También enviará un proyecto de ley que tipificará los feminicidios como delito tomando como base las definiciones internacionales sobre lo que es un feminicidio.
Las agencias que reciben fondos federales tienen 90 días desde que se les informa cuánto se les otorgará para notificar a las organizaciones sin fines de lucro, recibir las propuestas y asignar los fondos. Generalmente estos fondos se informan en octubre cuando inicia el año fiscal federal, pero en Puerto Rico se están asignando los fondos en febrero o marzo.
Mientras, todas las agencias del gobierno tendrán que implementar planes de acción para erradicar la violencia de género y destinar en sus presupuestos las partidas necesarias para ello.
Palabras más, palabras menos
Una y otra vez se le cuestionó a Vázquez por qué no decretó el estado de emergencia como solicitaban decenas de organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y por qué tardó tanto desde la primera reunión el año pasado hasta ahora en establecer pasos de acción.
La gobernadora defendió su gestión y aseguró que los desastres naturales como los temblores y la epidemia por Covid-19 les impidió avanzar como hubiesen querido. Además, alegó que el contenido de la orden ejecutiva es resultado de la declaración de alerta que se emitió el diciembre de 2019. Estos adiestramientos se deben renovar todos los años.
Marilú Cintrón, directora de la Oficina de la Primera Dama, tomó el micrófono para decir que el documento no se quedó engavetado, sino que desde diciembre se le circuló a distintas organizaciones y constantemente se recibieron comentaros y sugerencias, que aseguró están incluidas, y que por tratarse de un documento vivo, requirió de tiempo en lo que se le daba su forma final.
Organizaciones feministas evaluarán el impacto de la orden
Las integrantes de las organizaciones feministas Taller Salud y la Colectiva Feminista en Construcción aseguraron que aún deben evaluar la orden ejecutiva con rigurosidad.
De manera preliminar, Zoán Dávila de la organización política Colectiva Feminista en Construcción catalogó el mensaje de la gobernadora como una victoria para las reclamaciones que, por años, exigen los grupos feministas.
“Las expresiones que hoy ha dado la gobernadora, en esencia, número uno, reconocen que el gobierno ha fallado, que, aunque existen leyes y protocolos, no se están cumpliendo; que el Estado tiene una responsabilidad con las mujeres, tiene una responsabilidad ministerial para erradicar la violencia de género; y que, de ahora en adelante, se supone que en todas las agencias de manera transversal, la erradicación de la violencia de género sea un servicio prioritario. Yo creo que esos tres puntos son, definitivamente en esencia, una gran victoria para quienes hemos estado estos últimos años solicitando, exigiendo un estado de emergencia en contra de la violencia de género y un plan integrado para erradicarla”, expresó Dávila en una entrevista telefónica.
Sin embargo, Dávila se expresó sorprendida de que Vázquez Garced alegara no haber firmado la declaración de estado de emergencia por violencia de género, que desde el 2018 exigen las activistas, porque no había consenso entre las organizaciones.
“De mis mejores recuerdos en las reuniones en las que yo participé y que participó la Colectiva Feminista en Construcción, había un consenso entre todas las organizaciones de que se debía declarar un estado de emergencia porque esa declaración lo que reconocía es precisamente que las mujeres en Puerto Rico, por causa de la violencia de género, estamos expuestas todo el tiempo y reconoce también que ha habido un incremento en este tipo de casos”, argumentó.
Dávila atribuyó esta decisión a las presiones que ejercen grupos conservadores para impedir que se declare el estado de emergencia y que se prevenga la violencia desde la educación. Aun así, manifestó su deseo de que las promesas ofrecidas por la gobernadora, durante el mensaje de hoy, se cumplan.
Por su parte, Alexandra Figueroa, de Taller Salud aseguró que, todavía, la organización feminista debe medir el impacto de la orden ejecutiva sobre las víctimas y sobrevivientes de violencia, y en cuanto a las exigencias que habían hecho.
No obstante, denunció que, al comienzo de la cuarentena, la organización intentó comunicar algunas de esas exigencias a la gobernadora, pero no recibió respuesta.
“Nosotras enviamos tres cartas directo a La Fortaleza, a inicio de los procesos de la cuarentena con nuestra lista de exigencias, entre ellas, no solo la declaración de un estado de emergencia, pero un protocolo específico para las personas afectadas por la violencia de género y los albergues y esa carta nunca fue contestada; ninguna de las tres misivas fue contestada”, expresó Figueroa en una entrevista telefónica.
Vázquez Garced anunció hoy, lunes durante una conferencia de prensa, que la violencia de género debía atenderse de forma prioritaria y que publicaría un plan de acción para prevenir la violencia.
Sin garantías de continuidad
Por su parte, la directora de Coordinadora Paz para la Mujer, Vilma González Castro, opinó que el momento que eligió la gobernadora para hacer el anuncio no fue adecuado debido a que coincide con su salida del puesto de la gobernación, lo que no les garantiza a las organizaciones que trabajan con las sobrevivientes que se cumplirán las determinaciones de la orden ejecutiva.
“Verlo ahora, ya casi al final, terminando el cuatrienio, nos deja con la sensación de que esto no se ha atendido responsablemente”, expresó.
“Ahora es fácil hacer compromiso y prometer cosas cuando ya está de salida. No se me hace muy responsable hacer ese tipo de compromiso cuando sabe que ella ya no va a estar para hacerlo cumplir”, agregó González Castro.
González Castro cuestionó la expresión de que la orden resultó de un trabajo en consenso entre el grupo de organizaciones no gubernamentales, pues, al menos durante el tiempo en que la Coordinadora participó del grupo, las organizaciones presentes no tuvieron acceso a revisar el borrador del documento.
“¿Consenso entre quién? De las organizaciones que empezaron haciendo la solicitud del estado de emergencia, y por la que se activa este grupo, muchas de ellas no estaban en la mesa al final”.
Resaltó, además, que no tiene conocimiento de que la alerta nacional contra la violencia de género emitida el año pasado por Vázquez Garced haya tenido algún efecto durante los pasados meses, especialmente cuando los albergues continúan ofreciendo servicios a las sobrevivientes durante la emergencia de la COVID-19, y aún no han recibido los fondos asignados a Puerto Rico del CARES Act.
