(Foto de Tam Wai en Unsplash)
El aumento en las políticas de austeridad y la ausencia de perspectiva de género en el diseño de legislación laboral tiene consecuencias adversas en las mujeres.
A juicio de dos académicas del Instituto de Relaciones del Trabajo (IRT) del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el impacto negativo será aún mayor si la mujer es madre soltera de niños y trabaja fuera del hogar.
“Estamos viviendo en una sociedad en que todos y todas nos sentimos estresados porque vivimos presionados con cumplir con múltiples obligaciones. No solamente con una jornada de trabajo, sino con una jornada más allá de ese trabajo, que es la jornada que viven muchas mujeres con sus hijos, muchas de las cuales son también madres solteras o tienen la jefatura de familia. Recae en ellas no solamente el tiempo de cuido, sino, además, la parte económica”, expresó Tania García Ramos, experta en el área de psicología del trabajo y directora actual del IRT.
Parte de esa ausencia de perspectiva de género en el campo de la política laboral pondera la maternidad como un asunto privado del cual el estado y los patronos no deben tener injerencia con respecto a las trabajadoras. Por tal razón, más allá de los días que se conceden por maternidad, inmediatamente después del parto, no existen otras protecciones para las madres dentro del contexto de los centros de trabajo.
Salvo unas pocas empresas y corporaciones públicas, no se considera el establecimiento de centros de cuido en los lugares de trabajo como algo importante o necesario. La ley no lo obliga.
Peor aún, la situación se agrava cuando la madre no cuenta con la ayuda del padre, aspecto que se perpetúa con la noción cultural de que las labores de cuido deben recaer en las mujeres.
“Se podría trabajar como una política pública que un poco facilite la implantación de centros de cuido y otras políticas, por ejemplo, que las empleadas no tengan que salir de su área de trabajo necesariamente a buscar sus hijos y llevarlos a un centro de cuido o llevarlos a casa de sus familiares. Un centro de cuido en el lugar de trabajo facilita y es un beneficio de ambas partes, tanto para la empleada, la tranquilidad de ella de que también el niño o la niña están seguros, y para la organización que tiene a su empleada ahí”, explicó García Ramos.
Por su parte, la también profesora del IRT Virgen Cáceres coincidió con su colega y señaló que la falta de protecciones y derechos a las trabajadoras parte de visiones tradicionales de género que insisten en atribuir las cargas domésticas y de cuido principalmente a las mujeres.
“¿Quiénes son las que tienden a faltar al trabajo para atender a los padres y los niños? Las mujeres. Hablar de cuidadores a ancianos y es hablar de mujeres, sobre todo mujeres mayores cuidando a mujeres ancianas. Entonces, no hay ningún tipo de apoyo por parte del estado”, comentó Cáceres.
“En el caso de muchas mujeres que trabajan asalariadamente, viven angustiadas porque tienen que dejar, a veces, los hijos solos, pendientes de que nadie vaya a revelar que el niño se quedó solo por media hora. En lo que llegan del trabajo, temen por la intervención del estado”, añadió la también psicóloga e investigadora en temas sobre el impacto de las políticas de austeridad en las mujeres.
La situación de precariedad cada vez mayor para las trabajadoras constituye una forma de violencia de género. De acuerdo con García Ramos, las diferentes instituciones de poder, y no solo el gobierno, son responsables de aspectos como el empobrecimiento de las mujeres y del número cada vez mayor de madres solteras que pierden sus hogares.
“En nuestro país, se han visto recientemente casos con mujeres que han tenido que dejar de pagar sus casas. Hay aquí una crisis con el mercado hipotecario, que sabemos que comenzó ya desde el 2006-2008, y se ha agravado, incluso con el huracán María. Hay muchas mujeres desprovistas de un hogar seguro para ellas y para sus hijos”, señaló la directora del IRT.
Asimismo, la manera en que opera el mercado hipotecario cancela cualquier posibilidad de garantizar el derecho a la vivienda.
“Ni los bancos ni el gobierno han mostrado la sensibilidad para atender que estas mujeres puedan tener una vida digna y proveerles una vida digna a sus hijos”, sentenció García Ramos.
