(Foto de archivo: Ana María Abruña Reyes)
El futuro del país se evalúa este miércoles, cuando la jueza federal Laura Taylor Swain podrá ratificar un plan de ajuste de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Sin una presión pública masiva y consistente que lo revierta, este acuerdo será una condena al pueblo de Puerto Rico a pagar miles de millones de dólares en intereses por 40 años, evaluó la economista y expresidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico Martha Quiñones.
“Es una sentencia de esclavitud”, catalogó Quiñones.
Se trata de un acuerdo de reestructuración entre quienes prestaron dinero a Cofina y el gobierno de Puerto Rico que no generará ahorros, han coincidido economistas del patio e internacionales, pero que representará ganancias exorbitantes para firmas que ya son millonarias. Esto, a expensas del producto del trabajo de los puertorriqueños y sus servicios públicos esenciales.
Y sí, lo pagará cada persona que viva en la isla, pues el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) es la fuente de repago de esta deuda.
Actualmente, de 11.5%, el impuesto al consumo más alto en Estados Unidos, el IVU aumentaría necesariamente en los próximos años para poder cumplir con las escandalosas cuantías que reclaman los bonistas. Ante la merma proyectada en la población de Puerto Rico en los próximos años, no quedaría de otra que aumentar el impuesto a quienes permanezcan en la isla.
¿Cómo llegamos aquí?
Cofina se creó en 2006 bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá con el único propósito de tomar prestado para pagar lo que ya se había tomado prestado. ¿Su ingreso? El IVU.
El gobernador siguiente, Luis Fortuño, expandió sus funciones para que los préstamos que tomaba Cofina también cubrieran gastos operacionales.
Así, Cofina sirvió para evitar cumplir con los límites constitucionales de la deuda.
Ahora, la deuda de Cofina representa el 23% -la tajada más grande- del total de la deuda de Puerto Rico.
Entre el 2007 y el 2011, Cofina había emitido $16,300 millones. Al momento de radicar la quiebra, la deuda ascendía a $17,600 millones, a pesar de que ya se habían pagado $6,800 millones.
¿Qué propone el acuerdo?
El acuerdo que tendrá ante sí la jueza Laura Taylor Swain propone un recorte del 32%, lo que reduciría el principal de la deuda a $11,900 millones. Sin embargo, cuando se incluyen los pagos de intereses, Puerto Rico se estaría comprometiendo a pagar $32,300 millones en el período de 40 años.
Repetición: Puerto Rico pagaría $32,300 millones por haber tomado prestado $16,300 millones.
El acuerdo dura 40 años. Una vez aprobado, el gobierno no puede enmendarlo. El IVU, además, no se podría eliminar, a menos que se cumplan con requisitos impuestos por los bonistas.
Existe análisis serio que apunta a que esta deuda es ilegal y que, por lo tanto, no debería pagarse. Sin embargo, con este acuerdo, el gobierno de Puerto Rico estaría renunciando a su derecho a cuestionar la constitucionalidad de Cofina.
Precariedad para todas
En una sociedad desigual, como la puertorriqueña, donde el peso de las responsabilidades familiares recae principalmente en las mujeres, será la población femenina la que pagará el precio más alto.
“Todos estos acuerdos afectan más a las mujeres que a los hombres. No es porque seamos mayoría, sino porque la mayoría de las mujeres y sus familias reciben servicios del gobierno, servicios que van a ser recortados. Y la mayoría de los empleados públicos son mujeres”, destacó Quiñones.
“Muchas mujeres ya están sintiendo la precariedad con los servicios esenciales que están siendo limitados, sobre todo, servicios de salud, servicios educativos, y de vivienda, además de la seguridad, que todos, hombres y mujeres, lo estamos sufriendo. Pero, por ejemplo, muchos de los servicios de salud se ofrecen a niños, niñas y mujeres, y estos están siendo recortados”, ejemplificó la economista.
Auditoría, demandas y movilización
Quiñones ha sido consistente en su reclamo por una auditoría de la deuda.
“Sabemos que estas deudas son ilegítimas e ilegales, pero tenemos que saber quiénes se beneficiaron de estas deudas y embrollar al pueblo de Puerto Rico”, sostuvo.
Una auditoría forense, indicó, serviría para identificar por qué se asumió esa deuda, quién la tomó, quiénes fueron los beneficiarios, si el pueblo de Puerto Rico recibió algo de ese dinero o si simplemente los intermediarios se hicieron ricos a base endeudar a Puerto Rico y, además, identificar a todos los bonistas.
“Se está levantando poco a poco la visión de que hay cosas que se están haciendo en Puerto Rico que son ilegales, que hay un saqueo al pueblo de Puerto Rico, pero el pueblo aún no se ha enterado correctamente. Ya es hora de que el pueblo empiece a protestar. Si no, cuando vengamos a ver, ya no tendremos país y seremos un pueblo de esclavos que todo el tiempo estamos trabajando, ganando mal para pagar a los bonistas, y no para recibir nuestros servicios esenciales”, puntualizó Quiñones.
Diversas organizaciones han convocado a una protesta contra el acuerdo de Cofina mañana, miércoles, desde las 7:00 a.m. y durante todo el día, frente al Tribunal Federal, en Hato Rey.
*Este reportaje utilizó como referencia el informe Isla Deuda: Wall Street tiene en la mirilla 40 años de ganancias a expensas de Puerto Rico, de Abner Dennis y Kevin Connor, de la organización LittleSis.
