Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes
Ha sido notable cómo, dentro de las últimas semanas, el tema del aborto ha estado en el lente de los medios puertorriqueños y estadounidenses. Por un lado, vemos cómo, en Puerto Rico, la senadora Joanne Rodríguez Veve presentó el Proyecto de Senado 693, que busca limitar el derecho al aborto a partir de las 22 semanas de gestación. Este proyecto surge bajo ideas pseudocientíficas de que, luego ese tiempo, los fetos tienen mayor “viabilidad” o posibilidad de vivir. No obstante, el PS 693 es solo uno de una serie de medidas similares presentadas en la Cámara y el Senado para limitar la terminación voluntaria de un embarazo y penalizar a les doctores que lleven a cabo estas prácticas.
Por otro lado, se filtró el borrador de una opinión del juez Samuel Alito del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la que se hace referencia a la posible anulación de Roe v. Wade, que es el caso que posibilita y reafirma el derecho al aborto a nivel federal. La decisión se dio desde el derecho a la intimidad que tiene toda persona gestante sobre su autonomía corporal y el poder decidir. Habiéndose resuelto este caso, en 1973, marcó una victoria para la autonomía de los cuerpos, el derecho de intimidad y las luchas feministas. La victoria no se dio sin el descontento de todas las personas antiaborto, que, hasta el día de hoy, siguen luchando por que se revoquen legislaciones estatales al igual que casos como el de Roe v. Wade.
Como sabemos, que exista un caso decidido a nivel federal de Estados Unidos sobre el aborto implica que ninguno de los 50 estados ni los territorios pueden crear leyes que sean contrarios a dicha decisión. Revocar un caso a nivel federal de esta índole, pudiese poner en peligro a las personas gestantes a través de todos los diferentes estados dentro del territorio estadounidense. Al no tener un caso a nivel federal que les obligue, los estados pueden crear sus propias leyes sobre el aborto, lo cual pudiese incluir leyes para prohibir el aborto o delimitar el tiempo al que se puedan someter las personas gestantes a la interrupción del embarazo. Esta decisión no tan solo afectaría a las personas gestantes con relación a los proyectos que actualmente están corriendo en los senados de los diferentes estados, sino también con los ya existentes y futuros.
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Es necesario aclarar que estas luchas no son nuevas, pues muchas de estas se remontan a años antes del 1970. Sin embargo, no significa que carezcan de novedades. Algo que nos ha tocado luchar a las nuevas generaciones es la posibilidad de perder derechos ya considerados como garantizados e inmutables, mientras que, a la misma vez, luchamos por derechos que aún no se nos han reconocido a nivel nacional. Esta tensión puede agotar y disuadir nuestras luchas a nivel nacional de manera que facilite a los conservadores legislar en contra de todo lo que encuentran “aberrante”, “contranatura” y “sodomita”.
Implicaciones de la revocación de un precedente histórico
Si hay algo que ha provocado gran preocupación, es el efecto que tendría el derrocar a Roe v. Wade. No tan solo tendría un impacto sobre todas las personas gestantes y su acceso a un aborto libre, seguro, accesible e inclusivo, sino que a nivel legal se llevaría el mensaje de que no hay ningún precedente histórico, en la Corte Suprema de Estados Unidos, que no puede ser revocado.
Se teme que esta posible decisión envíe el mensaje a los exponentes de la ultraderecha y los fundamentalistas cristianos de que, si ellos impulsan desde diferentes escenarios su agenda política, pudiesen derrocar decisiones dirigidas a proveerles derechos a personas gestantes, mujeres y personas LGBTTIQAP+. La revocación de un caso de esta índole pudiese provocar que los grupos de ultraderecha y fundamentalistas emitan mayores esfuerzos para cambiar las leyes, de manera que favorezcan las agendas conservadoras y religiosas. Incluso, aunque no se revoque Roe v. Wade, el que siquiera se vea en peligro la anulación de un precedente histórico estadounidense nos levanta banderas sobre la lucha que tendremos que hacer hacia el futuro.
Efectos sobre las luchas LGBTTIQAP+
Una decisión que revoque a Roe v. Wade no afecta únicamente los derechos de las mujeres, sino que también pudiese afectar grandemente los derechos de las personas LGBTTIQAP+. Por un lado, es necesario reconocer que existen personas de las comunidades sexo-género diversas que son personas gestantes. Tanto personas no-binarias, mujeres lesbianas, hombres trans y muchas otras identidades dentro de nuestro acrónimo se verían afectadas por una decisión tan nefasta.
Por otro lado, las decisiones como la de Obergefell v. Hodges, caso a nivel federal estadounidense sobre el matrimonio igualitario, se podría ver en peligro de revocación bajo la misma idea de que ningún precedente es incambiable. Además, las actuales luchas de las personas trans orientadas al reconocimiento de nuestras identidades, al igual que el libre acceso a servicios médicos y leyes protectivas, se verían grandemente afectadas debido a que parte de los argumentos utilizados dentro de muchas legislaciones y casos a favor de personas trans se cobijan bajo precedentes como Roe v. Wade sobre el derecho a la intimidad y la autonomía corporal.
Escasez de recursos para luchar a favor de los derechos humanos
Recientemente, asistí a un panel nombrado Un proyecto inviable: Diálogo sobre justicia reproductiva, sobre el PS 639, moderado por la profesora Mayté Rivera Rodríguez. Participaron la ginecóloga Yarí Vale Moreno, la licenciada Mayte Bayolo Alonso y la doctora Melissa Rosa Quiñones.
Recuerdo haberle preguntado a la doctora Vale Moreno sobre qué ella consideraba que nos faltaba como movimientos a favor de derechos humanos para que logremos hacer impactos más duraderos, al considerar cómo, en estos tiempos, hay tanta resistencia de parte de la ultraderecha y los grupos fundamentalistas.
Admito que su respuesta fue tan valiosa que me inspiró a escribir esta columna. Se centró en visibilizar cuánto nuestras luchas no son financiadas ni avaladas por quienes están en el poder, así provocando una carencia de recursos para poder avanzar luchas feministas y a favor de los derechos de todes. La falta de recursos no nos permite organizarnos a nivel nacional para planificar y enviar un mensaje contundente sobre lo que las comunidades marginalizadas necesitamos. No es de extrañarnos. No solo somos de los movimientos menos financiados, sino que pertenecemos a las identidades que más pobreza confrontan a causa de la misoginia, la transfobia y falta de oportunidades de empleo y vivienda.
Qué podemos hacer desde nuestro país
Es necesario que, en Puerto Rico, se creen nuevas legislaciones dirigidas a garantizar derechos humanos básicos, sin requerir la intervención de Estados Unidos. Sea los ya existentes precedentes puertorriqueños a favor del aborto, al igual que cualquier ley que beneficie a las comunidades LGBTTIQAP+, debería considerarse como una alternativa a los ya existentes precedentes estadounidenses. Esto no solo implicaría protecciones para las personas gestantes, mujeres o personas LGBTTIQP+ en caso de que la legislación federal falle, sino que sería un acto de autodeterminación necesario para entender que como país podemos tomar nuestras posturas a base de asuntos de derechos humanos.
Para lograrlo, es necesario que se hagan esfuerzos de parte de diferentes organizaciones y sectores en Puerto Rico que estén dispuestes a hacer una verdadera transformación. Esto incluye todas aquellas que históricamente no han tomado posturas a favor o en contra de aquellas comunidades más marginalizadas.
