(Fotos tomada de la red social Twitter de Bandera Roja)
Ya suman tres años desde que Verónica Figueroa Huertas, Thaliangelly Torres González, Francisco Santiago Cintrón, Randiel Negrón Torres y Gabriel Díaz Rivera enfrentan un proceso judicial en su contra que tiene su origen en la huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico en el 2017.
Los hechos se remontan a una manifestación en la que un grupo de estudiantes interrumpió una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR, en aquel entonces, en la que se aprobaría un aumento en los costos de matrícula.
Dos de las acusadas, Verónica Figueroa Huertas y Thaliangelly Torres González, enfrentan dos cargos graves, restricción a la libertad e intimidación, y uno menos grave por interrupción de una reunión pública debidamente constituida.
En una conversación con Todas, ambas denunciaron persecución política contra ellas y sus otros compañeros, irregularidades y el empeño del Estado en continuar con un proceso criminal. Señalaron, además, que los asuntos judiciales en el país se manejan con una “doble vara”.
— ¿Cómo el Estado ha manejado este caso contra ustedes?
Thaliangelly: “Llevamos tres años en los que todavía no ha comenzado el juicio. Esto contrasta con todas las veces en que el mismo sistema te pone todos los obstáculos para comenzar un caso de violencia de género, por ejemplo, porque la persona no tiene la evidencia. En nuestro caso no solo ha durado tres años, con incontables vistas, mucha dificultad con testigos muy importantes de fiscalía que no se han presentado, sino que han sido consistentes en crear una batería de esfuerzos para continuar y llegar hasta el final. Es interesante ver cómo nuestro caso se construye desde las redes sociales y, a la vez, tienen otros escenarios con las mismas pruebas y no radican cargos. Si el entendido es el mensaje, pues hablemos del chat de Telegram, qué mensaje más claro y con mayores pretensiones que ese. Sin embargo, todo el procedimiento ha sido para hacernos daño y crear un precedente con nosotros. Eso es lo que se intenta, crear un precedente con la lucha, con los estudiantes que luchan, con este nuevo sistema de justicia que aparenta tener este gobierno”.
La estudiante hace referencia a la determinación de la Oficina de Ética Gubernamental de cerrar la investigación sobre el chat de Telegram que provocó la renuncia a la gobernación de Ricardo Rosselló Nevares. En el informe, se alegó que no pudieron autenticar el contenido, por lo que no hubo sanciones para los participantes.
Paralelo al caso, Thaliangelly, quien también era atleta durante el proceso huelgario, enfrentó la expulsión y suspensión de sus becas y ayudas económicas luego que se le radicaran cargos.
“Cuando regresé el semestre después de la huelga al año LAI, me topo con que no tengo beca. Luego, me entero que no podía estar en el equipo porque tenía que pasar por el comité de disciplina de la universidad y que estaba expulsada del programa. Nunca se me notificó. Me enteré por terceras personas. Nunca fui al comité de disciplina y, al momento, me encuentro estudiando mi doctorado en la universidad”, explicó.
— ¿Cuál es la relevancia que tiene el caso?
Verónica: “Lo que yo veo es que hubo un enfrentamiento directo entre el poder y la resistencia que provocó unas heridas en el Estado, pues no le gusta tener enemigos, y, por eso, tienen tanto interés en el caso. Nosotros no hemos tenido la suerte con la que corre María Milagros Charbonier que sigue cobrando y está acusada; ni la de Nelson del Valle. Estas personas siguen teniendo no solamente posiciones de poder en el país, sino que conservan una cotidianidad intocable, casas seguras, carros seguros, sus familias seguras, y sus hijos van a poder irse a estudiar a universidades con dinero que se robaron del pueblo. Para nosotros, todo lo que hay es incertidumbre y, ciertamente, miedo por no saber hasta dónde el Estado es capaz de llegar”.
El miércoles pasado, frente al Recinto de Río Piedras, un grupo denunció que el Departamento de Justicia, en aquel entonces bajo la jefatura de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, y la Policía de Puerto Rico obtuvieron nombres y recopilaron información de miles de personas que interactuaron con las páginas de Pulso Estudiantil, Diálogo y Centro de Comunicación Estudiantil, como parte de la investigación contra los universitarios. Estas interacciones incluyeron material publicado, mensajes privados, comentarios y “likes”, se detalló en la conferencia de prensa.
— ¿Cuán peligrosa es la existencia de unas listas de más de 3,000 cuentas de Facebook intervenidas?
Verónica: “Creo que lo más peligroso es darse cuenta hasta dónde el Estado es capaz de llegar, cuánto invade la privacidad para probar un caso en contra de unos estudiantes que se manifestaron y cómo se generan varios niveles en el asunto del carpeteo. Estamos siendo perseguidos con el caso y, a la vez, crean una base de datos que, en otra circunstancia, no sería admisible como parte de la evidencia. Un ejemplo claro es cuando, a veces, van mujeres a radicar cargos por Ley 54 y los registros de llamadas, los mensajes de texto o las publicaciones de Facebook nunca son admisibles como parte de la evidencia. El argumento de la Policía y los tribunales es que toda esa información es manipulable, sin embargo, en nuestro caso sí es admisible”.
Thaliangelly: “Hay que preguntarse, ¿cuál es la intención del sistema de Justicia en almacenar documentos por un mero comentario o por un mensaje? ¿Por qué deben tener una base de datos con información tuya?”.
Mañana, lunes, los universitarios están citados al Tribunal de San Juan, donde también, a partir de las 8:00 a.m., se convocó la manifestación Contra el carpeteo y la persecución política: solidaridad con lxs 5 estudiantes.
