(Foto de archivo: Ana María Abruña Reyes)
No hubo acuerdos concretos ni se especificaron en cuáles puntos no hubo consenso, pero la integrante de la organización política Colectiva Feminista en Construcción, Shariana Ferrer, consideró como “una ganancia” la reunión que se llevó a cabo ayer con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
“Es una ganancia que se haya abierto este espacio porque hemos sido consistentes en nuestro reclamo y no lo hemos dejado caer”, reaccionó la portavoz sobre el encuentro que convocó Rosselló con diferentes portavoces de grupos y organizaciones para escuchar recomendaciones que atiendan la situación de violencia de género en el país, donde, en 2018, 23 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.
El grupo de trabajo que el primer ejecutivo nombró Concilio de Mujeres; la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez; la procuradora de las mujeres, Lersy Boria; la secretaria del Departamento de Hacienda, Teresita Fuentes; la directora de Coordinadora Paz para la Mujer, Vilma González; la directora de Casa Protegida de Burgos, Sara Silva; y otras representantes de agencias y entidades sin fines de lucro asistieron a la convocatoria.
Antes de empezar, Ferrer se acercó a Rosselló para entregarle a la mano la orden ejecutiva que declara un estado de emergencia nacional por la situación de violencia de género en el país, y, entre otras cosas, ordena a la secretaria de Educación que incorpore al currículo escolar la educación con perspectiva de género, y ordena al superintendente de la Policía que se trabaje de forma eficaz y estructurada el procesamiento de los delitos de agresión sexual y violencia de género.
La portavoz de la Colectiva reveló que, además, dio una copia de la carta que contiene la respuesta a la procuradora de las mujeres sobre los esfuerzos del gobierno. En la misiva, la agrupación resalta “el rol de la procuradora en fiscalizar que se adelante la agenda de protección de los derechos humanos de las mujeres en todas las agencias del gobierno y no que actúe como una representante del gobierno”.
Rosselló leyó la carta y manifestó que conocía los detalles de la orden ejecutiva, indicó Ferrer.
“Dijo que no iba a firmar la orden porque tenía unos puntos en los que estaba de acuerdo, pero en otros no. Sin embargo, no abundó sobre en cuáles hay diferencias”, señaló la activista a este medio.
La Colectiva Feminista en Construcción intentó entregar la orden ejecutiva el 23 de noviembre de 2018 durante la manifestación Plantón 23N contra la violencia machista que se llevó a cabo en la calle Fortaleza en el Viejo San Juan. Al día siguiente, el 24 de noviembre, las integrantes fueron recibidas por la abogada Johanne Vélez, quien estuvo acompañada de Ileana Aymat.
La Colectiva acampó por tres días y el gobernador no se acercó a atenderlas hasta ayer, 14 de enero, luego del insistente reclamo del grupo en las calles y en los medios de comunicación e, incluso, después de que los exponentes Residente y Bad Bunny reclamaran acceso a La Fortaleza para dialogar con Rosselló sobre la criminalidad, la violencia, la educación y otros asuntos, según mencionaron en sus redes sociales.
Ahora, que se logró el intercambio, Ferrer señaló que Rosselló apostó por la “externalización de servicios”, que ofrece el gobierno, hacia las organizaciones sin fines de lucro, no obstante, la Colectiva hizo hincapié en la importancia de fortalecer la gestión pública para atender el tema de la violencia de género, pues va más allá de ofrecer ayuda inmediata a las mujeres afectadas.
“La Colectiva no está de acuerdo porque se debe expandir y extender la gestión pública y no privatizarla. Reconocemos el trabajo de los albergues y las organizaciones sin fines de lucro que atienden las necesidades de las sobrevivientes de violencia de género, pero reconocemos que ninguna tiene la capacidad de absorber los servicios a nivel nacional”, mencionó a este medio.
Señaló, además, sobre la responsabilidad que tiene el Estado para combatir la violencia de género desde otros espacios como la educación y la salud.
“De igual forma, pusimos en perspectiva la importancia de que este gobierno reconozca y atienda la violencia de género como un problema enraizado en las desigualdades sociales políticas y económicas que permean en el país. Ello, bajo el contexto de las desafortunadas expresiones de algunos funcionarios públicos que pretenden trabajar el tema de la violencia de género como un problema entre individuos, entre parejas, o como un asunto privado, y no como un tema de salud pública. La implantación de un currículo de perspectiva de género, la evaluación de los más de 2,500 rape kits y el mejoramiento del sistema de estadísticas sobre violencia de género, fueron varias de las problemáticas que planteamos en la reunión”, añadió el grupo en un informe que incluyeron en su cuenta de Facebook.
Asimismo, Ferrer comunicó al gobernador que las medidas de austeridad que viven los puertorriqueños “son violencias y están generando que se manifieste más violencia en los hogares y las comunidades”.
