(La ginecóloga Yarí Vale Moreno muestra imagen de cómo luce un tejido embrionario en las primeras semanas de gestación.)
La Coalición de Centros de Terminación de Embarazo del Área Metropolitana advirtió ayer que el Proyecto del Senado 591 es un nuevo intento del sector fundamentalista de añadir restricciones al derecho al aborto en Puerto Rico y agudizar el discrimen por razón de género y edad al limitar las posibilidades de que menores puedan decidir no continuar con un embarazo no deseado.
La medida para establecer la “Ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo y la preservación de la vida” es de la autoría del senador Thomas Rivera Schatz y de la senadora Keren Riquelme, del Partido Nuevo Progresista (PNP). Propone la prohibición de la práctica de abortos a menores de edad no emancipadas que no obtengan el consentimiento escrito de su madre, padre o tutor legal.
Discrimen por edad
Una de las portavoces de la coalición, la ginecóloga obstetra Yarí Vale Moreno, señaló que la legislación pretende dejar desprovistas a las menores de 18 años del derecho a decidir sobre sus cuerpos y es contrario al estado de Derecho vigente.
La Coalición estableció en un memorial explicativo, que sometió a la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado, que la Ley Núm. 27 de 1992 le reconoce suficiente capacidad a una menor de edad embarazada para consentir recibir servicios médicos prenatales y postparto sin necesitar autorización de sus padres o custodios.
“Si una joven está capacitada para decidir continuar un embarazo, está igualmente capacitada para interrumpirlo o para elegir la alternativa de la adopción”, dijo Vale Moreno durante una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
La especialista y parte de la facultad médica del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico también presentó estadísticas del Departamento de Salud que señalan que la mayoría de los abortos se realizan a mujeres y personas gestantes mayores de 19 años, y que solo el 3.6% de las terminaciones voluntarias de embarazos en 2020 se realizaron a menores de 18 años.
“Esta población, aunque no es un porcentaje grande, me aterraría pensar que buscarán servicios clandestinos, servicios en la web, servicios inseguros y que quede su salud en precario. Me preocupa que esta población quede desprovista de los servicios que nosotros proveemos”, apuntó Vale Moreno sobre lo que podría ser una consecuencia de la medida y que es una realidad en los países donde el aborto es ilegal.
Acompañada por un grupo de estudiantes de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, la ginecóloga obstetra Vale Moreno mostró con datos del Departamento de Salud que la mayoría de los abortos se realizan durante el primer trimestre del embarazo, cuando lo que existe es un tejido embrionario.
Mostró fotos de las instalaciones donde se realizan los procedimientos y los instrumentos que se utilizan.
Intento por regular lo ya regulado
El proyecto también pretende elevar a rango de ley el reglamento del Departamento de Salud sobre la regulación de los centros de terminación de embarazos.
Según expuso la codirectora ejecutiva de Profamilias, Frances Collazo Cáceres, la medida “expone una falsa problemática respecto a la necesidad de regular el aborto en Puerto Rico, cuando ya existe exhaustiva regulación al respecto y se está en cumplimiento con los requisitos de operación requeridos por el Departamento de Salud”.
La abogada, también portavoz de la coalición, explicó que, de aprobarse la legislación, impediría que se atempere el reglamento a los avances tecnológicos que vayan surgiendo según los procedimientos vigentes bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).
Significaría que serían los legisladores, personas que no necesariamente tienen peritaje en el área de salud, quienes harían enmiendas a la ley, despojando de esta responsabilidad al Departamento de Salud, que es la agencia salubrista encargada de hacer las modificaciones al reglamento.
“El aborto en Puerto Rico ya es una práctica regulada. La premisa de que no lo es o de que le falta regulación no es cierta”, sostuvo Collazo Cáceres al presentar una tabla en la que se demuestran las partes del Reglamento de Centros de Terminación de Embarazo que ya contienen las disposiciones del PS 591.
La medida senatorial enfatiza, además, en el consentimiento informado que debe proveer una persona antes de que se le realice un aborto y cómo se le debe notificar de sus derechos, lo cual, señaló Collazo Cáceres, también es una disposición del Reglamento de Centros Terminación de Embarazo y una práctica para cualquier tratamiento o procedimiento médico.
Sin embargo, el proyecto busca que los centros de terminación de embarazo coloquen un letrero en un lugar visible que lea “Aviso: Ninguna mujer podrá ser obligada a realizarse un aborto o coaccionada a continuar con su embarazo”.
“Entendemos que es una premisa que presume que allí puede haber algún tipo de procedimiento que no cuente con el deseo libre e informado de la persona que se está llevando a cabo el procedimiento, así que es totalmente innecesario. Ya para eso existen todas las guías médicas a nivel de Estados Unidos y de Puerto Rico para así garantizarlo”, dijo Collazo Cáceres.
La coalición también describió como violencia de género los intentos por continuar legislando para limitar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos.
“El gobienro intenta crear las condiciones legales para obligar a las mujeres a ser madres y eso es violencia de género”, sostuvo la codirectora de Profamilias.
“Se continúa imponiendo el estereotipo de la mujer como destinada a la maternidad”, agregó.
“En un momento histórico en el que el país enfrenta un estado nacional por violencia de género, resulta alarmante violento e irresponsable que el Estado por conducto de la Rama Legislativa ejerza violencia de género institucional contra las mujeres, jóvenes y personas gestantes al crear las condiciones socio-jurídicas para una maternidad forzada e inventar que existe una crisis en cuanto a las regulaciones clínicas”, lee el memorial sometido a la Comisión de Asuntos de las Mujeres.
El problema que sí existe, dijo Collazo Cáceres, es la falta de acceso al procedimiento de terminación voluntaria de embarazos.
La Coalición, compuesta por el Centro de Planificación Familiar Santa Rosa, Darlinton Medical Associates, Women’s Medical Pavilion de Carolina y la Clínica Iella de Profamilias, presentará sus datos y experiencia en vistas públicas el próximo lunes.
