La Oficina de Administración de Tribunales (OAT) rechazó comenzar un proceso disciplinario contra las juezas Sonya Nieves Cordero e Ingrid Alvarado Rodríguez con relación a los procesos judiciales de Andrea Ruiz Costas tras no encontrar “evidencia clara” de negligencia en las vistas que ocurrieron un mes antes de su asesinato.
Ruiz Costas acudió en tres ocasiones al Tribunal de Caguas en busca de protección ante un patrón de acoso, persecución y amenaza por parte de su expareja y luego feminicida, Miguel Ocasio Santiago. Ruiz Costas fue reportada desaparecida el 29 de abril de 2021 y días después fue encontrada asesinada.
“La decisión aporta al sufrimiento que llevamos varios meses pasando porque la realidad es que en nada encontramos resolución. Nosotros estábamos esperanzados en que iba a ver una consecuencia por la manera en que se manejó el caso de Andrea, lo que conllevó a un desenlace fatal”, compartió la hermana de la víctima, Alexandra Ruiz Costas.
La determinación de no encontrar causa para un proceso disciplinario tras las quejas presentadas por la madre de la víctima, Olga Costas Rodríguez, fue compartida por el director administrativo de Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa. El juez notificó su decisión a ambas juezas municipales y Costas Rodríguez el 23 de septiembre; sin embargo, se hizo pública este miércoles.
“No contamos con evidencia suficiente para promover una acción disciplinaria en su contra. En la investigación realizada, no se encontró evidencia clara, robusta y convincente de que usted hubiera cometido una violación ética o de conducta prejuiciada o discriminatoria que amerite iniciar un procedimiento disciplinario”, lee la carta de Steidel Figueroa hacia la jueza Alvarado Rodríguez.
La Constitución de Puerto Rico dispone que los jueces y las juezas de los tribunales podrán ser destituidos por el Tribunal Supremo por las causas y mediante el procedimiento que se disponga por ley. El proceso de disciplina judicial es el mecanismo que se utiliza actualmente en Puerto Rico para evaluar su conducta y determinar si procede imponerles alguna medida disciplinaria.
En el comunicado de prensa, el juez Steidel Figueroa destacó que “una decisión errónea de un juez o jueza, sin más, ya sea al apreciar la prueba o al conceder o rechazar un remedio, no es base adecuada para un proceso disciplinario. […] Tales decisiones solo pueden ser cuestionadas mediante los trámites procesales apelativos que establece la ley”.
Como parte del análisis, la OAT examinó los expedientes judiciales, escuchó las grabaciones de las vistas celebradas los días 25, 26 y 31 de marzo de 2021 y entrevistó varios testigos.
“Indican que carecen de la facultad para intervenir en el ejercicio de la discreción judicial. Evidentemente, el sistema está diseñado para protegerles bajo la sombrilla de la ‘discreción judicial’. Nos tienen que rendir cuentas a la familia y al país. Claramente, se lee que hay espacio para mejorar. Eso es obvio. Sin embargo, las juezas salieron incólumes-sin consecuencia alguna-, pero su reputación está manchada para siempre. Ni el esperado informe del Supremo ni esta respuesta son una rendición de cuentas. Nos siguen dando la espalda. Asuman su responsabilidad. Repitan su nombre: Andrea Cristina Ruiz Costas”, manifestó la portavoz de la familia Rebeca Noriega Costas en comunicación escrita.
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Sin divulgarse las grabaciones
En mayo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó “no ha lugar” a las peticiones de las asociaciones periodísticas, apoyadas por la familia de Ruiz Costas, de divulgar las grabaciones de los procesos judiciales en busca de su derecho a conocer la verdad y procurar que se haga justicia.
“Buscamos que se acepte que no se le dio la protección que el Estado ofrece. La querella que se presentó no era porque no le ofrecieron albergue, orientación, entre otros, sino porque estaba basada en la conducta de las juezas en las vistas, en las cuales fueron unas personas que no mostraron empatía. Ni siquiera estaban interesadas en escuchar la historia de Andrea. No hicieron preguntas. Esperaron a que ella terminara su testimonio para decir ‘no ha lugar’”, denunció Ruiz Costas, quien explicó que supo de este trato por conversaciones que tuvo su hermana con amigas suyas antes de ser asesinada.
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Según la investigación de Tribunales, Ruiz Costas solicitó una orden de protección el 25 de marzo. Al no estar presente Ocasio Santiago en la vista, la jueza Nieves Cordero determinó citar nuevamente para contar con ambas partes.
El 26 de marzo, la víctima acudió nuevamente al tribunal para presentar una querella criminal contra Ocasio Santiago por violación al artículo 3.1 de la Ley 54, la cual recibió el agente Ernesto Zayas Figueroa.
Casi dos horas después de radicar la querella, se celebró la segunda vista, presidida remotamente por la jueza Alvarado Rodríguez. Tras escuchar las declaraciones de Ruiz Costas, Alvarado Rodríguez determinó “no causa” para el arresto del hombre. La hermana de Andrea explicó que principalmente la actitud de la jueza fue el principal factor para que ella no se sintiera cómoda.
Por su parte, Zayas Figueroa compartió en la investigación que, en su inicio, percibió que la jueza Alvarado Rodríguez estaba un “un poco molesta” hacia él, ante la dilación en la presentación del caso. Sin embargo, dijo que, una vez comenzó el proceso, la actitud de la jueza era “normal”. Añadió que dicha jueza “siempre se ha mostrado bien seria, con su carácter recto […] No la vi nada fuera de lo normal”.
La carta del director administrativo de Tribunales detalla que Ruiz Costas contestó que el hombre “no la había amenazado” ante una pregunta de la jueza Nieves Cordero en la primera vista. Sin embargo, en un segmento de las grabaciones de la segunda vista (que Tribunales se niega a publicar, pero que fueron filtradas al medio NotiCel) la víctima explicó detalladamente la serie de agresiones por parte de Ocasio Santiago.
El feminicida la vigilaba y esperaba en el estacionamiento del centro comercial en donde ambos trabajaban. La visitaba a su casa sin avisar. Mandaba mensajes acosándola porque ella no quería regresar con él. Asimismo, la amenazaba con publicar fotos y vídeos suyos.
En su tercera vista, el 31 de marzo, Ruiz Costas cansada del proceso judicial desistió de continuar con el caso de la orden de protección con la jueza Nieves Cordero, según establece la investigación de la OAT.
“La respuesta a la querella es una afrenta al dolor de nuestra familia, a la memoria de Andrea y a lo que pasó. […] Buscaremos la manera de seguir luchando no solo por justicia para Andrea, sino porque existan más medidas de prevención y en busca de mejoras al sistema. Todo aquel que no funcione para trabajar casos de violencia de género no puede estar en esa posición”, sostuvo Alexandra Ruiz Costas.
Informe no mira a la rendición de cuentas
La licenciada Verónica Rivera Torres identificó que el informe no declara que hubo una falla en el sistema de justicia. Asimismo, le preocupa que esta determinación no evalúe el rol que puede tener el sistema judicial en el proceso de la violencia de género.
“La investigación era para que la Rama Judicial tuviera la oportunidad de analizar en dónde se falló y qué se debe hacer para evitar que vuelva a pasar. No debe haber duda que el sistema falló porque ella no está viva”, declaró la abogada de defensa de derechos humanos y víctimas de violencia de género.
Rivera Torres observó que el informe se concentró en una “visión legalista” de responder si las juezas actuaron bajo ley o no. Del mismo modo, criticó que no se analizó las instancias en las que, a pesar de actuar bajo ley, se puede incurrir en discriminación e invalidación de una víctima.
“La violencia de género tiene muchas complejidades. Creo que había que mirar la situación desde ese punto de vista. Mirar si lo que ocurrió en sala es lo que nosotras aspiramos a que ocurra cuando tenemos una víctima de violencia de género. Al fin, tenemos más información de lo que pasó en las vistas. Siento que Andrea hizo lo mejor que pudo y fue clara en su testimonio sobre el patrón”, detalló.
Recomendó que hay que evaluar principalmente la definición que tiene Justicia de estar en riesgo. Las relaciones de poder y la persecución que narró Ruiz Costas eran causa evidente para entender que estaba en riesgo, señaló.
“Mi aspiración es que la institución se comprometa con un espacio de rendición de cuentas efectivo”, puntualizó.
