La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, manifestó este miércoles, en el lanzamiento de su informe anual 2020-2021, que la pandemia ha puesto al descubierto la desigualdad sistémica, la represión generalizada y las políticas destructivas que han contribuido a que las Américas sea la región más afectada en el mundo por el coronavirus.
“El último año ha estado marcado por el impacto de la pandemia de la COVID-19, que ha golpeado con especial dureza a las personas de grupos históricamente marginalizados y oprimidos como consecuencia de las desigualdades, el abandono y los abusos sufridos durante décadas. El año 2020 es la historia de quienes tienen menos y dieron más, pero recibieron nada de sus gobiernos”, sostuvo la directora en una transmisión vía Zoom que conectó a periodistas de toda la región.
El Informe 2020-2021: La situación de los derechos humanos en el mundo recoge la situación de 21 países del continente americano, así como un análisis regional de las tendencias y los temas de mayor impacto en la agenda de los derechos humanos continentales.
En el Día Mundial de la Salud, esta organización de defensa de los derechos humanos compartió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizó más de 55 millones de casos confirmados de COVID-19 y 1.3 millones de muertes confirmadas en la región de las Américas hasta el 29 de marzo de 2021.
Guevara Rosas insistió en que los problemas de salud pública, sociales y económicos en la región se han agudizado y han afectado, principalmente, a las poblaciones más vulnerabilizadas, entre ellas las mujeres y las niñas.
Al terminar 2020, 209 millones de personas (el 33.7% de la población) vivían en la pobreza en América Latina y el Caribe, 22 millones más que el año anterior. De ellas, 78 millones (el 12,5% de la población) vivían en la pobreza extrema, 8 millones más que en 2019, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
“El verdadero liderazgo para responder a la pandemia no vino de los líderes políticos o de los líderes de las empresas. Surgió de las personas trabajadoras de la salud, de las y los científicos, de quienes mantienen los hospitales y las calles limpias, de las personas trabajadoras en el campo y en las tiendas, de quienes transportan y distribuyen los productos de consumo, de las mujeres y las niñas que sobrellevan, desproporcionadamente, la carga de los cuidados y las trabajadoras domésticas y de muchas personas más que sin recursos ni poder político hoy siguen estando en la línea del frente”, compartió Guevara Rosas.
Incremento de la violencia de género
La pandemia intensificó la crisis de violencia contra las mujeres y las niñas en el continente, ya que las medidas de confinamiento dieron lugar a un considerable aumento de la violencia de género en el ámbito familiar, la violación y los feminicidios.
Las medidas para proteger a las mujeres y las niñas fueron inadecuadas en toda la región, y a menudo las investigaciones sobre casos de violencia por motivos de género fueron insuficientes, detalló la portavoz de Amnistía Internacional.
En Estados Unidos, las tiendas de armas de fuego fueron clasificadas como establecimientos esenciales durante la pandemia. El incremento exponencial de la compra de este tipo de armas aumentó el riesgo de violencia contra mujeres, niños y niñas en viviendas en las que la gente se veía obligada a ponerse en cuarentena con sus agresores.
En su respuesta a las recomendaciones del Comité de la ONU contra la Tortura, el gobierno canadiense no se comprometió a garantizar justicia para las mujeres y niñas indígenas sobrevivientes de esterilización forzada y obligada, indica el informe de Amnistía Internacional.
Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay había registrado 339 alumbramientos de madres de entre 10 y 14 años, y 9,382 alumbramientos de madres de entre 15 y 19 años, para agosto del 2020. En junio, la Defensoría del Pueblo de Perú señaló que, durante la pandemia, había mujeres y niñas que no recibían los botiquines de emergencia para víctimas de violencia sexual.
La organización denunció que muchos gobiernos en las Américas no han hecho lo suficiente para conceder prioridad a la salud sexual y reproductiva como servicios esenciales durante la pandemia. El aborto sigue estando penalizado en la mayoría de los países, lo que supone un grave obstáculo para el derecho a la salud.
El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana siguen prohibiendo totalmente el aborto, y 18 mujeres continúan en la cárcel por cargos relacionados con emergencias obstétricas en El Salvador.
Las personas LGBTQIA+ fueron objeto de violencia y asesinatos en países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Paraguay y Puerto Rico. Sobre 287 personas trans y de género diverso fueron víctimas de homicidio en el continente el año pasado.
Además, los sistemas de salud se centraron en la pandemia, por lo que resultó más difícil acceder a otros servicios clave para las personas de la comunidad LGBTQIA+, como el asesoramiento en materia sexual y de salud mental.
Situación de derechos humanos en el Caribe
El foro internacional se subdividió en cinco salones para que los periodistas compartieron con los representantes de Amnistía Internacional de cada región. En el caso del Caribe, estuvieron aportando a la discusión Elina Castillo Jiménez, encargada de campañas para el Caribe; Louise Tillotson, investigadora para el Caribe, y Liza Gallardo Martín, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico.
Gallardo Martín explicó que las autoridades en Puerto Rico no garantizaron los derechos de miles de personas que se quedaron sin hogar a causa de los terremotos de enero 2020 en la isla.
Además, durante el último año, los feminicidios y transfeminicidios aumentaron drásticamente. Tras el homicidio de dos mujeres transgénero en Puerto Rico, se presentaron, por primera vez, cargos federales por crímenes de odio.
Según el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, alrededor de 60 personas habían sido víctimas de homicidio por motivos de género a finales de diciembre, frente a las 37 registradas en todo 2019.
Asimismo, el informe de Amnistía Internacional detalla que organizaciones de la sociedad civil criticaron el cierre de los comedores que ofrecían almuerzos gratuitos en las escuelas públicas en Puerto Rico en el contexto de la COVID-19. Aproximadamente, el 70% del alumnado infantil del sistema de educación pública vivía en situación de pobreza y dependía de las comidas escolares.
Por otra parte, en el Senado de la isla se discute un proyecto para prohibir las mal llamadas terapias de conversión, al cual Amnistía Internacional avala en su totalidad. Gallardo Martín insistió que el proyecto debe aprobarse sin enmiendas.
“Desde Amnistía Internacional, avalamos el proyecto y entendemos que sería un beneficio grandísimo para para la salud emocional de las personas de orientación sexual e identidades de género diversas”, compartió Gallardo Martín.
En República Dominicana, la despenalizacion del aborto sigue siendo un tema primordial en la agenda de derechos humanos del país caribeño.
“Entendemos que en República Dominicana se debe eliminar la prohibición total del aborto en el Código Penal. Un primer paso para hacer esto es la despenalización del aborto en tres causales y nos parece que hacer esto sería un paso decidido y firme hacia la protección de la vida y la salud de todas las mujeres y las niñas en el país”, manifestó Castillo Jiménez.
Asimismo, muchas mujeres trans fueron discriminadas por múltiples motivos interrelacionados en República Dominicana. Tras la aplicación del toque de queda nocturno en marzo, muchas trabajadoras sexuales transgénero perdieron la posibilidad de trabajar y se encontraron con dificultades para pagar el alquiler y sin acceso a protecciones sociales fundamentales, como una serie de servicios de salud, según la ONG Transsa.
Las autoridades dominicanas tampoco aplicaron un protocolo nacional para la investigación de la tortura, pese a los indicios que Amnistía Internacional había presentado en 2019. El año pasado, el informe anual registró casos en los que la policía violaba, golpeaba y humillaba de forma habitual a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, en actos que podían constituir tortura.
En Cuba, entre la escasez de alimentos y la censura, las autoridades siguen reprimiendo todas las formas de disidencia. El informe de Amnistía Internacional reseñó los casos de encarcelamiento de artistas independientes, periodistas y miembros de la oposición política.
Logros para toda la región
A pesar de los retos, Argentina hizo historia, en diciembre, al convertirse en la mayor nación de América Latina en legalizar el aborto tras la campaña sostenida por años de los movimientos feministas.
Además, en noviembre, México se convirtió en el país número 11 de América Latina y el Caribe en ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sin precedentes para la protección del medioambiente y los defensores de los derechos ambientales. Entrará en vigor el 22 de abril de 2021. Por su parte, Chile fue el primer país de la región, y uno de los primeros del mundo, en presentar un objetivo de reducción de las emisiones en 2030.
“Aunque el primer año de la pandemia ha sido especialmente difícil para las Américas, sacamos fuerza de la pasión y resiliencia que hemos visto en activistas de toda la región, sobre todo de las mujeres, las personas jóvenes y activistas antirracistas. Su valentía ante la adversidad nos dice que podemos construir un mundo más justo para todas las personas”, afirmó Guevara Rosas.
