Doctoras, abogadas, activistas y expertas en el derecho al aborto señalaron, el lunes, en vista pública, que el Proyecto del Senado 591 pretende tergiversar sobre la regulación y los procesos de terminación de un embarazo en las clínicas de aborto en Puerto Rico, que, con pocos recursos, siguen reglamentos avalados a nivel federal.
Las deponentes señalaron que la medida 591, de la autoría de Thomas Rivera Schatz y Keren Riquelme, es un refrito del Proyecto 950 de la pasada administración y vetado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló. Principalmente, las expertas coincidieron en que la medida da la impresión de que las clínicas de aborto no son reguladas actualmente.
“Es terrible ver cómo se trasgreden los derechos humanos. Me parece que es una medida que impulsa que la gente se haga abortos clandestinos, especialmente en la población de menores de 18 años. No creo que sea algo congruente con ser más inclusivos en sociedad”, explicó la primera deponente, la doctora Yari Vale Moreno.
Los autores de la medida no estuvieron presentes en la vista. Participaron de la vista las senadoras Migdalia González Arroyo, del Partido Popular Democrático (PPD); Nitza Morán Trinidad, Migdalia Padilla Alvelo y Wanda Soto Tolentino, del Partido Nuevo Progresista (PNP); Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad; y María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
“Todas las cosas que sean puestas en ley para limitar el acceso, cuando sabemos que el acceso ya es limitado, imponen una carga adicional”, señaló la ginecóloga obstetra.
La doctora detalló que los promedios de edad de jóvenes que acuden a realizarse un aborto son 14 , 15 y 16 años en adelante. Además, dijo que las mujeres de 29 años en adelante que terminan su embarazo son, en su mayoría, madres solteras que ya tienen, en promedio, un hijo.
Por su parte, la senadora Rivera Lassén explicó que Puerto Rico tiene una historia referente al aborto, incluso antes de la determinación constitucional de Roe v. Wade.
La orientación sobre el consentimiento ya existe
La segunda deponente, la portavoz de la campaña nacional de Aborto Libre Mayra Díaz Torres, detalló que, en los centros donde se realizan abortos, se ofrece orientación antes de que la persona firme el consentimiento informado.
El artículo 3 del proyecto establece la imposición de un «consentimiento informado». Sin embargo, las expertas explicaron que sería redundante, ya que cualquier procedimiento médico en Puerto Rico requiere el consentimiento de la paciente mediante un documento que firma.
“Esto quiere decir que se explora la posibilidad de coacción o violencia, por lo tanto, es completamente innecesario que haya un letrero para advertir”, subrayó.
Según estadísticas del Departamento de Salud, en el 2020, del total de abortos reportados, solo un 3.5% correspondió a menores de 18 años. Mientras, el 96.5% fueron en personas gestantes de 19 años o más. Además, la mayoría de las interrupciones ocurren en el primer trimestre de gestación (alrededor de las primeras 14 semanas).
“La intención de este proyecto es incidir en la toma de decisiones de las personas a través de fundamentos morales y sin datos sustentados. En Puerto Rico, no existe problema alguno con las clínicas y su regulación”, compartió, por su parte, la tercera deponente Amárilis Pagán Jiménez, de Proyecto Matria.
La licenciada indicó que una de las banderas rojas del Proyecto 591 es el artículo 13 que fomenta la idea de que en Puerto Rico se están “asesinando bebes” en las clínicas de aborto. “Es inflamatorio y peligroso por las ideas que puede promover en la ciudadanía”, puntualizó.
“Mientras hay países que legislan por ampliar derechos, aquí se legisla para limitarlos”, expresó Díaz Torres.
Uso incorrecto de conceptos
La senadora Rodríguez Veve insistió en todo momento en incluir las palabras “bebé” y “niño”, en vez de hablar de “embrión” o “feto”, en sus intervenciones a las deponentes de la vista. Además, la legisladora utilizó un discurso gráfico para estigmatizar los procesos de terminación del embarazo en Puerto Rico.
“Es importante que se hable con claridad. Me parece que no es lo mismo hablar de un bebé que de un feto. Agradezco que utilicen las palabras correctas al preguntar a las deponentes”, aclaró la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, la senadora popular González Arroyo.
“El artículo 13, que hace referencia a un ‘niño sobreviviente de aborto’, utiliza una expresión que es imprecisa y contiene una carga moral e inexistente en el derecho. Se trata de un feto; no es un niño”, señaló, por su parte, Díaz Torres.
El proyecto impone la maternidad no deseada
La licenciada Patricia Otón Olivieri fue la última en deponer. Insistió en que las medidas del proyecto representan mayores barreras para las cinco clínicas que operan en la isla. Además, señaló que este tipo de legislación impone la “maternidad forzada”.
“Consideramos que el proyecto es inconstitucional. El verdadero propósito del Proyecto 591 es intervenir en una de las decisiones más íntimas y en la sexualidad de las mujeres. No es proteger su salud”, sostuvo la también profesora de Derecho y portavoz de INTER-Mujeres.
Otón Olivieri recalcó que los ataques contra la honra, reputación y vida privada constituyen un principio que complementa el concepto de dignidad humana. La licenciada señaló que el proyecto discrimina directamente con las menores de edad, ya que restringe su acceso a los servicios de aborto porque impone el requisito de una orden en el tribunal.
“El tiempo que tomará una joven que necesita terminar un embarazo no deseado acudir a un tribunal y obtener una orden, si es que decide esa vía, implica que cuando finalmente vaya a recibir el servicio, sea más costoso por el aumento en las semanas de embarazo”, observó quien agregó que esta situación podría dirigir a las jóvenes con menos recursos a incurrir en abortos clandestinos.
Los profesionales médicos pueden determinar la madurez y capacidad de una menor de edad para tomar la decisión de terminar un embarazo en el tiempo estipulado.
Del mismo modo, la profesora aseguró que todas las regulaciones que intenta promover este proyecto (especialmente, los artículos 3, 5 al 10, 14 y 15) ya están recogidos en el Capitulo IX de Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM).
“La mujer embarazada menor de 18 años tiene derecho a la confidencialidad y a la toma de decisiones sobre su cuerpo sin la intervención de sus progenitores ni del Estado, a través de los tribunales. El Estado no tiene derecho a imponer la maternidad forzada un grupo de mujeres en nuestra sociedad por razón de su edad“, manifestó Otón Olivieri.
“La llegada de una criatura en cualquier mujer la cambia significativamente. Así que forzar a una mujer a una maternidad no deseada limita el derecho a la vida de la propia mujer“, concluyó la senadora González Arroyo en la vista.
Las actividades del Proyecto 591 continúan la próxima semana con una serie de vistas desde el 1, 2 y 3 de noviembre en el Capitolio.
