(Ilustración de Andrea P. Montañez González)
En el 2018, 51 mujeres fueron asesinadas en Puerto Rico. Entre estos casos, 23 fueron asesinatos perpetrados por parejas o exparejas de la víctima y clasificados como de violencia de género. Sin embargo, más de la mitad del total, 27, queda sin esclarecer, revelan estadísticas de la Policía evaluadas por las senadoras Zoé Laboy e Itzamar Peña durante una vista pública realizada hoy, martes, en el Senado.
“A pesar de que tratamos de que en 72 horas se determine el móvil, es bien difícil. Porque no tenemos en la investigación, aunque sabemos quién fue el responsable, no tenemos la información del porqué ocurrió”, expuso durante la audiencia el teniente Julio de Jesús, según un comunicado de prensa enviado por el Senado.
De Jesús agregó que parte del trabajo de esclarecimiento depende del Negociado de Ciencias Forenses. Esta entidad enfrenta desde hace meses serios problemas para agilizar autopsias y otras pruebas, entre estas, el análisis de más de 2,700 Safe kits.
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La vista pública correspondió a la Resolución del Senado 624, de la autoría de Peña Ramírez, que le ordena a la Comisión de la Mujer de la cámara alta investigar la incidencia de muertes de mujeres por violencia y cómo la Policía de Puerto Rico trabaja en su esclarecimiento y los clasifica en términos de las estadísticas.
Durante la audiencia, trascendió, además, que en los 36 días que han transcurrido desde que inició el año, se han presentado siete querellas por violencia de género contra agentes de la Policía.
De acuerdo con la información provista por la Oficina de Comunicaciones y Prensa del Senado, el 2018 culminó con 88 querellas de este tipo, y el 2017, con 99.
Mientras, para el pasado año, la mayor incidencia de casos de violencia de género fue en Bayamón, donde se reportaron 943, seguido de Arecibo, con 857, y Caguas, con 587 casos.
El municipio con la menor incidencia de casos de violencia doméstica para el 2018 fue Utuado con un reporte de 200 incidencias.
Bajo la clasificación de asesinatos por violencia doméstica, las estadísticas de 2018 también reflejan tres víctimas varones, que junto con las 23 mujeres, suman 26.
Estadísticas fragmentadas
La procuradora de la Mujer, Lersy Boria, compartió la preocupación de la senadora Peña Ramírez sobre la importancia de uniformar las estadísticas sobre los asuntos de la mujer.
“No tenemos una uniformidad en cuanto a estadísticas se refiere. Nuestra oficina se comunica con justicia y verifica los números de la Policía de Puerto Rico, pero eso no debe ser así. No debe ser fragmentado. La base de datos de la mujer no necesariamente tiene que tocar el aspecto de la violencia doméstica exclusivamente, sino otras áreas. En la vista, hemos notado que está el compromiso, la voluntad, pero estamos trabajando de manera fragmentada y necesitamos uniformidad”, expuso Boria.
“Las estadísticas de los casos de violencia doméstica son un instrumento necesario, no solo para registrar la incidencia de estos casos, sino para poder conocer más sobre las causas, los motivos de que esta surja y cómo podemos seguir trabajando para erradicarla”, manifestó Peña Ramírez.
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Presentará proyecto para crear la División de Delitos contra la Mujer
Peña Ramírez, quien es presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado, anunció que presentará un proyecto de ley para establecer en el Negociado de la Policía de Puerto Rico, la División de Delitos contra Mujer. El propósito, dijo, es brindarle más herramientas al cuerpo policial.
La Coordinadora de la División de Violencia Doméstica del Negociado de la Policía de Puerto Rico, la teniente Aymeé Alvarado Cardona, consideró que la división sería una iniciativa de avanzada que permitiría, entre otros asuntos, atender los casos de las mujeres desaparecidas.
Actualmente, hay 180 agentes de la Policía asignados a la División de Violencia Doméstica en un horario de 8:00 a.m. hasta las 12:00 de la medianoche.
Mientras, algunos tribunales cuentan con salas especializadas para casos de violencia doméstica y hay 32 fiscales especializados en esta área, de los cuales cinco son subvencionados por la Oficina de la Procuradora de la Mujer.
