La Comisión de Seguridad Pública del Senado evaluó en vista pública el Proyecto de la Cámara 713, que tiene el fin de proveer a las víctimas de violencia de género una aplicación móvil para detectar la cercanía de su agresor mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, en inglés).
La medida fue presentada por los representantes Félix Lasalle, José Pérez Cordero, Joel Franqui Atiles y Michael Abid Quiñones Irizarry el 31 de enero de 2017 y aprobada en la Cámara el 5 de marzo de 2018.
Se trata de una enmienda a la Ley para crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención para atender los casos de violencia doméstica agravada.
La aplicación propuesta sería utilizada en “teléfonos, relojes inteligentes o cualquier otro aparato tecnológico similar, dentro de la distancia dispuesta por la orden del tribunal”.
La medida recibió el aval del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Justicia, la Oficina de la Procuradora de la Mujer y el Departamento de Seguridad Pública, según consignó el Senado en comunicado de prensa.
Corrección requiere a compañías que irán a subasta incluir la aplicación
El Departamento de Corrección y Rehabilitación estableció en la audiencia que a las víctimas se les ofrece un teléfono celular que les permite marcar un número de ayuda como el 9-1-1 o las oficinas del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).
Según indicó la directora del Programa, Margarita Schmidt, como parte del proceso de subasta para renovar los servicios de monitoreo electrónico de Corrección y Rehabilitación, se está requiriendo que las compañías incluyan una aplicación tecnológica que permita detectar si el agresor se encuentra en las zonas de exclusión establecidas por el tribunal.
“En ese sentido, la utilidad del aparato electrónico sugerido en este proyecto de ley sirve a los fines de ofrecer mayor garantía de seguridad a la víctima de violencia doméstica. Proteger la vida, integridad y seguridad de esta y sus familiares es tarea de primer orden que debe ser atendida con un alto grado de responsabilidad y sensibilidad”, expuso Schmidt.
La directora del PSAJ destacó, sin embargo, que la gestión debe salvaguardar la intimidad del ofensor.
“A esos fines, recomendamos que este aparato electrónico de rastreo del agresor se programe para activarse únicamente cuando se violenten los parámetros establecidos por la orden del tribunal, y no para ofrecer información que violente el derecho a la intimidad del imputado”, acotó la abogada.
Otra sugerencia de Corrección es que se consigne en la medida alguna disposición que promueva la participación activa de la víctima durante el proceso de supervisión del imputado, de tal forma que el Estado se asegure que entienda la utilidad del aparato electrónico y se mantenga utilizándolo para asegurar su integridad física y su propiedad.
Justicia sugiere consulta con OGP
La postura de Justicia es que el proyecto
“está a tono con los propósitos de la Ley número 54, dirigidos a adoptar estrategias para la prevención de la violencia doméstica y que la misma está acorde con la política pública que pretende establecer y fortalecer los mecanismos necesarios para ofrecer protección a las víctimas”.
Comoquiera, recomienda que se consulte con la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre el posible impacto fiscal que pueda conllevar su implementación.
Procuradora consigna falta de presupuesto y sugiere que Corrección se encargue
La Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) también se expresó a favor pero, en su ponencia escrita, la procuradora Lersy Boria sostuvo que debe ser el Departamento de Corrección y Rehabilitación la agencia que adquiera la tecnología. Explicó que los fondos que la OPM recibía para la supervisión electrónica agresores le fueron otorgados directamente a Correción, y desde 2016, el presupuesto de la oficina ha disminuido en $565,000.
Otra de las agencias que depuso a favor fue el Departamento de Seguridad Pública quienes también se expresaron a favor de la medida.
Participaron de la vista pública el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Henry Neumann Zayas, así como la senadora Zoé Laboy y los senadores Miguel Pereira y Nelson Cruz.
* La imagen que acompaña esta nota es de la autoría de Brad Clinesmith de Wilkes-Barre, PA, USA, y está disponible bajo licencia de Creative Commons.
