Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes
En el 2022, en aproximadamente el 58% de los casos por desahucio, la parte demandada por impago fue una mujer, confirmó la abogada y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau Aubert. Cuando se trata de vivienda pública, esta cifra aumenta a un 75%.
Conforme con el glosario de la misma organización, “el desahucio es una acción civil por la cual una persona es desalojada de una propiedad por incumplir el contrato, esto incluye no pagar la renta o violar alguna otra cláusula”.
Aunque el desahucio puede ocurrir por distintas razones, como por haber violado el contrato de arrendamiento o que la persona que vive la propiedad se niegue a abandonarla, en Puerto Rico, esta acción legal ocurre con más frecuencia por el impago del alquiler.
“En el 2021, tuvimos unos 750 desahucios por impago”, puntualizó Godreau Aubert. Mientras que, en el 2022, la entidad observó cómo el desahucio por impago se triplicó y llegó a unos 2,100 casos.
“La pobreza en el país está feminizada”
Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, para el 2019, el 46% de las mujeres en Puerto Rico estaban bajo el nivel de pobreza.
“La vulnerabilidad de las mujeres en este país ha aumentado lamentablemente”, sostuvo Godreau Aubert.
La pobreza es solo una de las circunstancias que posiciona a las mujeres a mayor riesgo de ser desahuciadas, pues otros elementos sociales como los estereotipos, roles y expectativas de género las ponen en una posición más vulnerable.
Godreau Aubert mencionó que “las mujeres son quienes usualmente tienden a cargar el peso del hogar, ese peso del cuido, ese espacio de la crianza y, a la misma vez, ser las más afectadas por políticas laborales que no permiten movilidad y que castigan a las mujeres por el hecho de ser mujer”.
Algunos ejemplos de las políticas a las que hace referencia la licenciada pueden ser las que no incentivan o no implementan igual paga por el mismo empleo, las que privan a las mujeres de cuido de menores o las que no promueven una licencia de maternidad que sea adecuada o que incentive a que las personas que cuidan, ya sea a envejecientes o a crías, puedan tener responsabilidades profesionales.
“Esas circunstancias tienen una repercusión clara en el hogar”, añadió.
Procedimientos insensibles
“En el proceso del Estado, y esto no es algo que es una percepción, está así en las leyes que han estado enmendando los procesos de desahucio, la más reciente en 2011, establece que hay un interés de proteger la propiedad. Así que es un interés confeso en ese sentido de proteger la propiedad o proteger el interés del casero”, explicó Godreau Aubert.
Este interés causa que el proceso sea sumario. Es decir, que sea rápido e insensible para la parte demandada, muchas veces, quitándole la oportunidad de tener representación legal en las vistas.
“En el 93% de los casos de desahucio por impago, la parte demandada, es decir, quien va a ser desahuciado, no cuenta con representación legal. En el caso de vivienda pública, ese número es casi un 100%. En el caso de renta privada, el 63% de los caseros sí tiene representación legal y, cuando es vivienda pública y el 100% de las veces, como es una corporación, la ley exige que tenga representación legal”, elaboró.
“Esa disposición a proteger el interés propietario del casero va a ser no solamente desigual, sino que incluso es violenta. Literalmente, da la capacidad de que tú seas despojada de tu techo en un minuto”, añadió.
La abogada de derechos humanos recordó un caso que tuvo, tan reciente como la semana pasada, en el que una madre, con una menor de edad, fue desahuciada de su hogar en una vista que duró exactamente un minuto.
Al preguntarle cómo un procedimiento jurídico ocurre con tanta celeridad, Godreau Aubert explicó que es posible porque “la persona [con sentencia de desahucio] no se entera que está la vista. Entonces, a la vista va solamente la administración, que, en el 100% de los casos, tiene abogado, y el juez resuelve en un minuto, en un minuto…”.
Situaciones como estas colocan a la persona desahuciada en una posición vulnerable, pues según la guía de Ayuda Legal Puerto Rico, luego que la decisión es final, tendrá un término no mayor de 20 días para abandonar la propiedad. Al tener en cuenta la importancia y la centralidad de la vivienda, este tiempo ejerce una presión significativa en la parte desahuciada.
“Sin vivienda no hay trabajo, sin vivienda no hay educación, sin vivienda no hay nada…”, mencionó Godreau Aubert.
Asimismo, el tener a dependientes supone otra carga para la salud mental de la persona desahuciada. En la corte, el tener menores bajo custodia no es una defensa.
“Ahora mismo, en la legislación, no hay nada que obligue a que se active el Departamento de la Familia y, para nosotras, el Departamento de la Familia debería activarse para que levante un informe de qué alternativas puede tener esta mujer o esa familia para relocalizarse”, sostuvo.
La Ley 142 de Procedimientos Legales Especiales dispone que se active el Departamento de la Vivienda y las procuradurías cuando hay personas adultas mayores o personas con diversidad funcional, pero no en el caso de menores.
Existen otras preocupaciones que son vitales que se atiendan como el hecho de que las mujeres tienden a exponerse a situaciones de violencia doméstica para evitar la posibilidad de ser desahuciadas o para relocalizarse luego del desahucio.
“Cuando la mujer no tiene seguridad a la vivienda, se expone más su integridad física y emocional ante situaciones de violencia. Se ve obligada entonces a quedarse con una parte agresora o a aguantar situaciones de violencia o maltrato precisamente porque no se quieren quedar sin hogar y se acaban de quedar sin alternativa”, precisó Godreau Aubert.
Apuestan por política pública que atienda estas problemáticas
Godreau Aubert tiene en la mira el Proyecto del Senado 865, por petición de Ayuda Legal Puerto Rico. El proyecto enmienda la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) a los fines de reconocer la violencia económica, que, entre otras manifestaciones, utiliza el desplazamiento o el desalojo como una manera de agresión.
Este proyecto se aprobó el 10 de noviembre de 2022 en el Senado. Como parte del proceso legislativo, la medida fue remitida a la Comisión de Calendarios de la Cámara de la Representantes.
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“Nosotras creemos en políticas que promulguen el derecho a la vivienda digna, particularmente lo que es vivienda que erradique o que prohíba y penalice el discrimen en la vivienda a sobrevivientes de violencia doméstica en todas las instancias. Creo que eso es bien importante”, afirmó.
Además, considera importante establecer políticas públicas que trabajen con el tema de los alquileres y de la vivienda asequible.
Si tú o alguna persona conocida está en situación de vivienda precaria o en riesgo de desahucio, tienes derecho a recibir ayuda. Puedes llamar a Ayuda Legal Puerto Rico al 787-957-3105 o a Proyecto Matria al 787-704-2222. Mira más recursos de ayuda aquí.
