(Foto por Valeria María Torres Nieves)
Agencias gubernamentales y expertos en ginecología y obstericia reiteraron su apoyo al derecho al aborto en el segundo día de vistas públicas, este jueves, en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, sobre cinco medidas legislativas relacionadas con el estado de derecho de este servicio de salud en Puerto Rico.
Los deponentes, que incluyeron a Salud, Justicia y facultativos del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), recomendaron únicamente la aprobación el proyecto de la Cámara (PC) 1403, de la representante Mariana Nogales Molinelli, que ratificaría mediante legislación los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, aclaró que pese a que el estado de derecho puertorriqueño reconoce la legalidad del aborto, por la jurisprudencia y constitución local, es importante que se refuerce a través de legislación.
“A base del desarrollo constitucional de Estados Unidos y con la controversia que hay aquí en varios sectores, yo creo que debe y tiene que ser colocado ese derecho en una ley, como bien lo plantea el PC 1403”, expresó.
Por su parte, la doctora Marilú Cintrón Casado, en representación del Departamento de Salud, aseveró que parte de lo recogido en la medida legislativa que apoya, ya es parte de la política institucional de la agencia, por lo que instó a revisar la medida para que fortalezca los programas existentes.
“Nosotros estamos endosando el proyecto porque nos parece que debe haber el acceso a la protección de los derechos reproductivos de las mujeres en el país”, puntualizó.
Oposición de medidas antiderechos
Los expertos en ginecología, que tomaron los micrófonos en la tarde, coincidieron con Salud y Justicia en que las cuatro medidas antiderechos que se evalúan en las vistas públicas no deberían ser aprobadas.
El director de la Unidad de Embarazos de Alto Riesgo del Hospital Universitario, Alberto de la Vega, expresó que pese a estar a favor de los derechos reproductivos de las personas gestantes, no puede apoyar un proyecto que lo ponga a merced del voto popular, como establece el PC 1410.
“Un referéndum sobre aborto solo crearía una campaña de desinformación y acusaciones en ambas direcciones, no ayudaría a nadie. Los derechos no se deben llevar a votación. Estos deberían estar garantizados y no depender del voto”, aseveró el médico.
La ginecóloga obstetra Yarí Vale Moreno indicó que el PC 715, que pretende tipificar como doble asesinato los homicidios a personas embarazadas y como asesinato en primer grado el que se cause la pérdida de un embarazo, pone en vulnerabilidad a la clase médica y a las personas gestantes que tanto busquen una terminación de embarazo como aquellas que tengan emergencias obstétricas.
“Causa mucha confusión con los médicos, que no queremos, entonces, tratar a una mujer embarazada que está sangrando, por miedo a ser acusados. Así que, nos impide hacer nuestra labor como médicos. Esta [propuesta] ley representa algo bien nocivo para nuestro cuidado diario”, expresó Vale Moreno.
En representación de Puerto Rico Obstetrics & Gynecology (PROGyn), el ginecólogo Nabal J. Bracero manifestó que tanto el proyecto del Senado (PS) 693 –que busca restringir el aborto en la semana 22 de gestación– y el PC 1084 –que prohibiría las interrupciones de embarazo cuando se detecte una supuesta actividad cardiaca en el embrión– se inmiscuyen en el criterio médico y también limitarían la práctica responsable de su profesión.
“Cuando yo le doy, a una paciente, un límite de tiempo artificial, que no está basado en ningún tipo de evidencia científica, va a estar tomando decisiones bajo la amenaza de que después no podrá tomar esa decisión. Nosotros no estamos a favor de ningún concepto de vida o no vida, estamos a favor de la autonomía de nuestras pacientes, de que ellas puedan decidir lo que quieran hacer con su cuerpo”, aseveró Bracero.
Persecusión a expertos en la materia
Previo a que el grupo de ginecólogos asumiera sus turnos para discutir las medidas en cuestión, un sujeto que es parte del movimiento antiderechos denominado Pro-Vida Puerto Rico grabó, sin consentimiento, los rostros de los expertos y de estudiantes del Departamento de Ginecología y Obstetricia del RCM presentes en la audiencia pública.
Con actitud desafiante, el hombre hizo comentarios en los que nombraba activistas a los expertos en la materia, en tono despectivo, intentando restarles credibilidad.
Minutos después, salió una publicación en las redes sociales del movimiento que representa, en la que aparecían nombres y caras de estos médicos, para instar a la persecusión política de profesionales que, como parte de su práctica salubrista, realizan abortos.
“Solicitamos un cese y desista a esta conducta y solicitamos cualquier recurso que tenga a su disposición la Cámara de Representantes, como cuerpo legislativo, para parar esta conducta de faltas de respeto constantes, que se pueden convertir en agresiones reales”, señaló la abogada de salud Linnete Sánchez, al exigir una cuestión de orden.
La aprobación de medidas como el PS 693 y el PC 715 abriría la puerta para que estos ataques escalen en gravedad y ocurran con mayor frecuencia.
Servicios de salud reproductiva inaccesibles
La representante de Salud Cintrón Casado y la ginecóloga Vale Moreno coincidieron, en depocisiones separadas, que pese a la legalidad del aborto, el acceso es limitado a las personas que pueden pagar el servicio. Además, solo existen cuatro clínicas en Puerto Rico y todas se ubican en el área metropolitana.
“Estamos aquí hablando de terminaciones de embarazos y cuánto queremos bajarlas, pero ninguno de los partidos que están a favor de las leyes que estamos discutiendo fomentan ni educación sexual y reproductiva en las escuelas, ni contracepción. ¿Cuántos proyectos tienen para que se cubra la contracepción por la Reforma? Ninguno”, precisó Vale Moreno, quien entiende que el Estado debe costear métodos contraceptivos, esterilizaciones y terminaciones de embarazos.
En la audiencia pública, dirigida por el representante Orlando Aponte Rosario, participaron los legisladores José Bernardo Márquez Reyes, Estrella Martínez Soto, Jocelyne Rodríguez Negrón, José Torres Zamora y Lisie Burgos Muñiz, entre otros.
El coautor del PC 1403 Denis Márquez Lebrón reconoció que aborto está en debate por las inequidades de género estructurales que sostiene una sociedad patriarcal. “Si esto fuese un tema de los hombres, no estaríamos discutiendo esto, ya estaría resuelto y no hubiera ningún problema”, señaló.
El próximo jueves, grupos feministas y defensores de los derechos humanos tomarán la palabra en la discusión de las mencionadas cinco medidas legislativas.
