En el primer día de vistas públicas sobre medidas legislativas que buscan trastocar el reconocimiento legal al derecho humano al aborto en la Cámara de Representantes, depusieron ayer, jueves, Carlos Sánchez, de la llamada Asociación Pro-Vida, y el sacerdote católico Carlos Pérez Toro, de Puerto Rico por la Familia.
Como era de esperarse, los deponentes avalaron proyecto del Senado (PS) 693, que restringiría el aborto desde la semana 22 de gestación y fue aprobado en la Cámara Alta, en junio, con 14 votos a favor. Además, respaldaron el proyecto de la Cámara (PC) 1084 –que prohibiría las interrupciones voluntarias de embarazos desde que se detecte actividad cardiaca en el feto, lo que ocurre alrededor de la sexta semana de gestación, cuando muchas personas desconocen su estado de embarazo.
Pérez Toro describió a ambos proyectos como “un buen primer paso social consistente con la defensa de la vida humana”, aunque en la práctica, se trata de un atentado contra la vida de las mujeres y personas gestantes.
Para la directora del programa Mujeres y Salud de Taller Salud, Lourdes Inoa Monegro, “en el fondo, hay una intención de apoyar legislación que sea totalmente prohibitiva. […] Por ahí, va su intención legislativa real y, ahora, estamos discutiendo estos proyectos como embocadura”.
En ponencias plagadas de desinformación y basadas en ideologías de fundamentalismos religiosos, los hombres hablaron del aborto en desconexión de la realidad de este servicio de salud. Algunas expresiones llegaron al absurdo, como lo fue la aseveración que hizo Sanchez de que “en Puerto Rico se hacen abortos a mujeres que no están embarazadas”.
“Todos tenemos derecho a opinar, lo que no tenemos derecho es a presentar información falsa que va a hacer a los legisladores pensar en un escenario que no es real”, señaló la abogada y activista Eva Prados Rodríguez, en un aparte con Todas.
Los deponentes, además, validaron el PC 1410, que propone crear un referéndum para que la ciudadanía escoja el estado de derecho del aborto, cuando es un asunto salubrista y de derehos humanos. Y se opusieron al PC 1403, que ratifica la protección a los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes. El sacerdote argumentó que esta última medida oscurecería la reciente “conquista jurídica” de que las personas gestantes no tengan derecho absolutos sobre su cuerpo.
Las mujeres y las personas gestantes tienen el derecho a su vida
El discurso de los antiderechos estuvo centrado en que prohibir el aborto es una cuestión del derecho constitucional a la vida. Los deponentes hacían constante referencia a los derechos del “no nacido”, que no son reconocidos jurídicamente. El Código Civil de Puerto Rico, en su artículo 70, especifica que los derechos se adquieren una vez la persona nazca con vida independiente al cuerpo gestante.
“Nos debemos preguntar si el Estado realmente garantiza la vida a quienes indudablemente están vivos y vivas”, cuestionó la representante del Movimiento Victoria Ciudadana Mariana Nogales Molinelli.
La abogada Frances Collazo Cáceres, de Profamilias, sostuvo que la conversación sobre el derecho al aborto no puede darse fuera del contexto de la responsabilidad legislativa de asegurar el acceso a los servicios de salud, necesarios para garantizar la vida.
El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia establece que el aborto es parte esencial de la atención médica integral.
Derechos de las sobrevivientes de agresión sexual
Durante la sesión de interrogatorio de los legisladores a los deponentes, se hizo hincapié en que, pese a las restricciones, se debe garantizar el acceso a quienes deciden terminar un embarazo como consecuencia de una agresión sexual. Este tipo de excepciones plantea que las mujeres y personas gestantes solo pueden decidir cuando esa potestad ya les ha sido violentada.
Los proyectos en cuestión, comoquiera, no contemplan excepciones en estos casos.
Pérez Toro no dejó pasar la oportunidad para repetir el mismo comentario, carente de empatía hacia las sobrevivientes, que dijo durante las atropelladas vistas públicas del PS 693 en el Senado: “los hijos de los criminales no deben pagar las culpas de sus padres”.
Para Inoa Monegro, “son ellas [las sobrevivientes] las que tienen que decidir el curso de sus vidas. Precisamente, el Estado debe poder garantizar que sean ellas quienes vuelvan a tener el control porque ya alguien las usó, las maltrató, ya se les restó ese control. ¿Qué decisión tomen? Eso es lo que tenemos que proteger, que puedan tomar cualquiera, sostener ese embarazo o no. Y que lo puedan hacer porque les reconocemos su humanidad y su capacidad de tomar decisiones”.
Ambivalencia de vicepresidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer
Durante la campaña política que la llevó a su escaño, la representante Estrella Martínez Soto dijo a este medio que protegería el derecho al aborto y garantizaría su acceso.
En su turno llamó la atención sobre las incongruencias de que los deponentes se llamaran “provida”, mientras que apoyaban el PS 693. Lo mismo sucedió con ella quien dijo explícitamente que estaba “en contra del aborto” en todas las etapas gestacionales.
Todas cuestionó sus expresiones discordantes, a lo que la legisladora dijo que, aunque jamás se practicaría un aborto –una decisión que el estado de derecho actual protege y que no tiene que ver con las que pueden tomar otras personas– no llegó a la legislatura a limitar derechos, por lo que se comprometió a votar en contra de cualquier proyecto que intente prohibir el derecho al aborto.
La audiencia pública –presidida por el representante Orlando Aponte Rosario– marcó la reanudación de la discusión en la asamblea legislativa desde que, en la misma semana, el Senado aprobó el PS 693 y el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó la histórica jurisprudencia de Roe v. Wade, que reconocía el derecho constitucional al aborto en ese país.
Los representantes José Bernardo Márquez, Lydia Méndez Silva, Lisie Burgos Muñiz, Héctor Ferrer Santiago, Wanda del Valle Correa, Sol Higgins Cuadrado, Jesús Manuel Ortiz González, Gabriel Rodríguez Aguiló y otros estuvieron presentes en la vista pública.
Durante los próximos tres jueves, depondrán las agencias gubernamentales, personas expertas, grupos feministas y de derechos humanos.
