Después de las cuatro vistas públicas del Proyecto del Senado 591, en las que la mayoría de las organizaciones han expresado su oposición, expertas en derechos reproductivos señalaron que, de aprobarse, tendría el efecto de provocar abortos clandestinos en personas gestantes menores de edad en Puerto Rico.
“Es vital que las personas jóvenes que así lo decidan, puedan terminar un embarazo no deseado de manera segura y accesible. Está confirmado que las trabas y cargas al derecho al aborto no han tenido la consecuencia de evitar que las personas jóvenes terminen sus embarazos no deseados, sino que provoca que encuentren maneras inseguras y no reguladas para acceder a este derecho”, sostuvo la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez.
El Proyecto del Senado 591 para establecer la Ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo y la preservación de la vida fue radicado por los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) Thomas Rivera Schatz y Keren Riquelme, quien ha sido la única de los autores en presentarse, pero solo a dos vistas públicas. La medida tiene un título muy similar al Proyecto del Senado 950 de la pasada administración que fue vetado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló.
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), el Departamento de Justicia, la Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de las Familias (Profamilia), Aborto Libre Puerto Rico, Proyecto Matria, la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, por sus siglas en inglés), entre otras organizaciones, depusieron en contra de la medida en las vistas de la Comisión de Asuntos de las Mujeres del Senado.
La primera ponencia, de la última vista celebrada el jueves, estuvo a cargo de la OPM, representada por el licenciado Richard García Pérez, quien detalló que el proyecto puede discriminar indirectamente a las mujeres por razón de edad. La ponencia de la procuradora Lersy Boria Vizcarrondo concluyó que se oponen a la medida por la manera en que está redactada.
“No entendemos que sobrerregular el aborto vaya a tener un efecto positivo. Entendemos, que buena parte de lo que incluye el proyecto de ley ya se encuentra en el reglamento actual de Salud”, señaló García Pérez.
Asimismo, el licenciado citó la Ley 27 del 22 de julio de 1992 sobre los servicios médicos para las mujeres embarazadas, para detallar que esta ley concede derechos a menores de edad para continuar un embarazo.
“No vemos por qué hay que hacer una distinción entre decir si una mujer joven puede continuar su embarazo y desear terminarlo. […] En eso, consiste el trato discriminatorio que le están dando a las mujeres menores de edad”, indicó.
García Pérez explicó que el discrimen ocurre también de maneras implícitas como complicar los procesos para acceder a derechos. “Entendemos que el proyecto, independiente de la intención, puede resultar inevitablemente en discriminación hacia las mujeres y particularmente de las menores de edad. Lo que más nos preocupa es que, de aprobarse, puede propiciar que las jóvenes recurran a abortos ilegales y clandestinos”, subrayó.
El licenciado manifestó que la OPM entiende que el proyecto viola los derechos constitucionales de las mujeres.
Denuncian descontextualización en ponencia a favor del PS 591
Por su parte, el reverendo y presidente de la asociación religiosa Pro-Vida, Carlos Sánchez, fue el segundo en deponer. El hombre insistió en utilizar palabras como “abortistas” y citar planteamientos anecdóticos sin evidencia.
Además, Sánchez alegó que “la capacidad de una menor de quedar embarazada y la capacidad de conocimiento maduro son totalmente distintas”. El reverendo entiende que las menores pueden ser maduras para ser madres, pero no conscientes para decidir interrumpir un embarazo.
Ante preguntas de la senadora Ana Irma Rivera Lassén sobre la situación en que la vida de la persona gestante esté en peligro, el deponente respondió que existe la tecnología para proteger a la mujer durante el embarazo. La legisladora compartió un caso, en República Dominicana, en el que la madre murió junto a su hijo porque se le prohibieron medicamentos contra el cáncer porque “supuestamente le iba a hacer daño a la criatura”.
“Me parece una falta de respeto que incluya en su ponencia planteamientos sin evidencia y nombres de personas sin su consentimiento”, manifestó la senadora, quien fue interrumpida por el reverendo en varias ocasiones.
Rivera Lassén recalcó que Sánchez utilizó los nombres de los casos que crearon jurisprudencia sobre el derecho al aborto en Puerto Rico (Acevedo Montalvo v. Hernández Colón y Pueblo v. Duarte) para desinformar y descontextualizar.
“Sacó totalmente de contexto los casos que trajo en su ponencia como el caso del doctor Acevedo Montalvo, que reconoce que Roe v. Wade en Puerto Rico era aplicable en los años 70’s. En el caso de Pueblo v. Duarte, es el caso que se decide no solo bajo las leyes de Estados Unidos, sino bajo la Constitución de Puerto Rico, y recalca que las menores también tienen derecho a decidir”, aclaró la senadora.
Fuente de Rodríguez Veve fue borrada de Internet
La presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres, Migdalia González Arroyo, compartió que los datos citados por la senadora Joanne Rodríguez Veve sobre “abortos fallidos”, en Estados Unidos, corresponden a un portal que no permite ver la información y que ha sido denunciado por desinformar sobre el coronavirus. La página web a la que la senadora de Proyecto Dignidad atribuye la fuente se encuentra removida del portal de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).
“Tratamos de acceder al link que tienen a través de Internet y nos aparece que no está disponible la información. Incluso, hay unos alegatos de que se cerró la página por una información falsa que estaban dando acerca del coronavirus, así que no nos parece una fuente fiable de información”, aseveró la senadora.
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Necesidad de políticas públicas que garanticen el acceso
La directora ejecutiva de Taller Salud expuso, por su parte, que este proyecto representa obstáculos onerosos para las personas gestantes. Principalmente, puntualizó que la medida no atiende problemas de salud pública existentes, sino que aumenta los riesgos a la población joven al imponer procesos largos y costosos.
Rosario Méndez recalcó que se debe reclamar una política pública que garantice el acceso y la prevención como proveer métodos anticonceptivos y mejorar la educación sexual integral en el país.
“Las mujeres, en todas sus diversidades, sufren de situaciones adversas, pero no solo por razón de género, sino también por razón de clase y raza. Es, en esta interseccionalidad, donde es imperativo abordar situaciones particulares. […] Sería una ley detrimental para la vida de las mujeres y personas gestantes, al imponer cargas indebidas al ejercicio de una autonomía plena sobre sus cuerpos, su planificación familiar y sus vidas”, sostuvo Rosario Méndez.
Además, resaltó la falta de accesibilidad que existe en la isla, en la que, de cinco clínicas privadas de terminación de embarazo, cuatro se ubican en la zona metropolitana.
“Las personas jóvenes y menores de edad son sujetas de derecho. Esto incluye el derecho a la autonomía y el derecho a terminar un embarazo no deseado”, aseguró.
Preocupadas ante recomendaciones de Justicia
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, estuvo representado por la licenciada Leilani Valle Donato, el miércoles, en la tercera vista del PS 591. Ante preguntas de la senadora Rodríguez Veve, la abogada insistió en que se tendría que ajustar el lenguaje de la medida para subsanar algunos aspectos como el consentimiento escrito.
Por su parte, Enid Pérez Rodríguez, coordinadora de política pública de Proyecto Matria, advirtió que la postura del Departamento de Justicia no es consistente y podría promover a que se sometan más proyectos como este.
“Fue sorprendente porque realmente Justicia menciona que está en oposición al proyecto, pero presentan unas recomendaciones que si se trabaja la parte del consentimiento de las menores y esa restricción, casi implícita, del bypass, ellas pudieran hacer un análisis y pudieran recomendar el proyecto”, reconoció
El término bypass judicial se refiere a la opción que tienen las adolescentes para no informar a sus padres sobre su decisión de abortar. De no tener el consentimiento de sus progenitores, las menores pueden pedir una orden de un juez que permita tener un aborto sin decírselo a nadie, según el portal de Planned Parenthood.
“Hemos demostrado en esta oportunidad que la regulación existe, que ya hay un estado de derecho vigente en Puerto Rico y que el aborto es legal. Lo que necesitamos es más legislación para hacer posible los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas gestantes en Puerto Rico. No necesitamos que se nos restrinjan”, manifestó Pérez Rodríguez, al comparar las vistas del Proyecto del Senado 950 de la administración pasada.
Efectos de la maternidad no deseada
La doctora Milagros Méndez Castillo, directora del Departamento de Psicología del Recinto de Río Piedras, puntualizó que el estado de derecho debe permanecer como está y que la decisión de abortar debe guardarse en estricta confidencialidad, sea mayor o menor la persona.
“En la actualidad, la menor no tiene que llevar consentimiento de padres o tutores. Cambiar esto supondría imponer embarazos no deseados o llenarnos de abortos ilegales con las consecuencias que, en cada caso, eso tiene”, detalló.
Además, la doctora explicó que la capacidad para tener hijos está directamente vinculada a los cambios sociales, demográficos y económicos más que a las áreas del cerebro.
“Esto explica por qué, en Puerto Rico, hace 70 años era razonable (e incluso esperado) que una joven, de 14 años, se convirtiera en madre, y hoy se concibe como un problema social, emocional y, sobre todo, moral”, señaló la catedrática de la Universidad de Puerto Rico.
La psicóloga, en representación de la academia y los profesionales de la salud mental, reafirmó la protección de la confidencialidad de las adolescentes cuando consideren un aborto. Méndez Castillo reconoció que la discusión sobre si está “mal o bien” el aborto lo que contribuye es a la estigmatización y discrimen que sufren las personas gestantes que deciden sobre su cuerpo y terminan un embarazo.
“Este debate no es nuevo. Mujeres y hombres hace más de 50 años han defendido el derecho al aborto como uno correspondiente al derecho de las mujeres. La mirada adelantada que sostiene el sistema jurídico de Estados Unidos y Puerto Rico no constituye un vacío de ley que hay que llenar con argumentos imprecisos, erróneos y discriminatorios”, detalló la doctora Méndez Castillo.
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