Recuerdo el 2014 con especial detalle. En ese año, comencé a tener conciencia de muchas cosas, tantas de las que nunca me hubiera imaginado. En aquel momento, la Universidad de Puerto Rico (UPR) era amenazada con la congelación de la fórmula 9.6%, es decir, ese por ciento del presupuesto general de Puerto Rico iba a la Universidad, también con el retiro de los fondos de NSF (National Science Foundation) para investigaciones, con la reducción de beneficios a empleados no docentes y con el aumento escalonado en la matrícula ajustado a los ingresos. Todavía no teníamos la sombra de una Junta dictadora respirándonos en la nuca. Los tiempos nos advertían. Paramos los recintos y ganamos tiempo. La fórmula siguió congelada, pero se recuperaron los fondos y la matrícula no aumentó.
Para el 2016, la imposición de la Junta era un hecho. Aunque mucha gente lo advirtió, otras tantas hasta cabildearon a favor de ella. Barack Obama, el presidente de aquel entonces, nos recordó que somos una vil colonia a la merced de la voluntad estadounidense. También, ganó Ricardo Rosselló. Los tiempos seguían advirtiendo. Llegó el 2017 y la Junta de Gobierno de la UPR ya nos auguraba que el próximo plan fiscal desmantelaría a la UPR como la conocíamos. Declaramos una huelga nacional y ganamos tiempo, visibilidad y debate público. También, un año de moratoria.
La Junta dictadora se reunió con estudiantes y, sin embargo, se hizo de la vista larga. El plan fiscal declaraba aumentos crueles escalonados a la matrícula con un plan a largo plazo hasta el 2023 (ese plan está vigente al momento), la reducción de $400 millones al presupuesto, la consolidación de recintos, la reducción de plazas docentes, la eliminación de cursos y el aumento -también- en los servicios. Pensaban que no pasaría. Nos echaron la culpa de la probatoria en la acreditación por “cerrar” la universidad, pero no por sus irresponsabilidades en probar cómo la universidad operaría bajo los estándares de la Middle States sin los fondos que recibía en aquel momento. Llegó María y con ella una de las marcas históricas que más han atravesado nuestras vidas. Hoy todavía hay personas sufriendo las consecuencias del mal manejo gubernamental luego de ese huracán.
El tiempo no ha pasado en vano y todo lo que nos advertía hoy es una realidad. Soy estudiante doctoral y he sido testigo de cómo poco a poco destruyen uno de los proyectos de país más exitosos y reivindicadores de toda nuestra historia. Hoy el tiempo nos ha dado la razón y la universidad es parte de un plan macabro y neoliberal para acabar con el país y con la posibilidad de una vida digna.
Tan cercano como hace unas semanas, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, se comprometió a establecer un presupuesto fijo de $500 millones para mostrar su compromiso con la UPR. La presidenta interina, Mayra Olavarría Cruz, fue a aplaudir y validar esta celebración. Mienten y nos faltan el respeto. El presupuesto para que la UPR pueda funcionar ronda casi el doble de esa cifra. A la UPR le tocaba el 9.6% del presupuesto general de Puerto Rico. Esto variaba con los años. No era una cantidad fija y era mucho más de $500 millones. Claro está, al gobierno también le han hecho recortes que indirectamente afectan esa cuantía. Esta fórmula lleva congelada desde el 2014 con consecuencias nefastas que hemos visto y que van desde el aumento a la matrícula, la congelación de plazas docentes jubiladas, el cierre de viviendas estudiantiles, menos secciones de cursos y la incertidumbre del contrato a profesores que viven bajo el nivel de pobreza. La realidad de la universidad es la de Puerto Rico. Reservarle los privilegios a los mismos que siempre los han ostentado, privatizar los servicios esenciales y que los disfrute solo quien pueda pagarlos. Vendernos al mejor postor. A que los y las pobres no podamos estudiar ni vivir dignamente a menos que nos endeudemos hasta el cuello.
Ante este panorama, el camino es solo uno: la organización y militancia. En ese sentido, los estudiantes de la UPR siempre han dado un paso al frente. Durante estas semanas, se convocaron plenos y ocho de los once recintos declararon paros en contra del PC 1003 o la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico que busca pagar una deuda ilegal a costa de nuestra calidad de vida. Ese proyecto ya fue aprobado por el Senado y se convirtió en ley gracias a la firma inmediata del gobernador Pedro Pierluisi. Poca política pública, mucha diligencia para condenar al país a otra quiebra. El Recinto Universitario de Mayagüez declaró una huelga indefinida. Para la UPR, esta ley significa el cierre de recintos como el de Utuado que tiene especializaciones en agricultura. Hace unas semanas, la comisionada residente Jennifer González anunció con júbilo la subvención de fondos federales para promover el desarrollo de la agricultura en la Universidad Ana G. Méndez. Otra falta de respeto.
Asimismo, la realidad pandémica que nos acompaña ha dificultado aún más la organización. No es casualidad que mientras la mayoría de los recintos toman casi todas sus clases presenciales, en Río Piedras, solo 6% está yendo al campus. La administración no es tonta. Parte de los reclamos estudiantiles han sido reunidos en el hashtag #RetomemosLaUPR, tomando en cuenta la realidad de que la administración ha secuestrado el espacio donde se produce poder estudiantil. No sucede al azar que, en los últimos tiempos, las caras de la lucha estudiantil sean de mujeres poniendo el cuerpo al frente. La universidad que existe nunca ha sido la que soñamos. Hay otra universidad posible, accesible y segura. Lo interesante de este tiempo es que los movimientos estudiantiles han accionado sin la necesidad de esperar por asambleas estudiantiles convocadas por los consejos que también son aparatos institucionales. Esta generación parece reconocer que en la institucionalidad no hay nada qué buscar. Y qué bueno.
Al país le queda la opción de siempre, ignorar a los estudiantes o asumirse en un frente común por la dignidad de vivir en paz en este archipiélago. Las luchas universitarias nunca han sido exclusivas de los recintos y del aparato académico. Siempre cargan consigo los reclamos de un país entero que le debe acompañamiento y lucha a los estudiantes. Hace rato que a este país le toca dar un golpe de timón y retomar lo que ya probamos que somos capaces hace unos veranos atrás. Toca retomar la democracia desde la calle y reclamarle al Estado lo que le corresponde: garantizarnos vida digna.
