(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
Hace dos años y dos meses, un grupo de mujeres se plantó frente a La Fortaleza para reclamar atención urgente a la crisis de violencia de género en Puerto Rico. Era el 23 de noviembre de 2018 y 22 habían sido asesinadas para esa fecha, ese año, por sus parejas o exparejas.
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Las portavoces de la Colectiva Feminista en Construcción, que había convocado la protesta, tenían consigo un borrador de orden ejecutiva para que el entonces gobernador, Ricardo Rosselló, la firmara y declarara así un estado de emergencia. Su propuesta incluía medidas concretas, como la implementación de un currículo con perspectiva de género; una campaña de concientización masiva, sobre la violencia de género, sus causas y consecuencias; adiestramientos intensivos para policías y fiscales; estrategias de coordinación interagencial y urgencia en el análisis de SAFE kits en el Instituto de Ciencias Forenses, entre otras.
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Setecientos noventa y tres días más tarde, el tercer gobernante que tiene ante sí el reclamo, que lo hizo un compromiso de campaña, Pedro Pierluisi, anunció que mañana, 25 de enero, firmará la orden ejecutiva con la que declarará el estado de emergencia.
Pierluisi hizo el anuncio a un día de que se conociera la acusación por violencia doméstica contra el exdirector de finanzas del Partido Nuevo Progresista y contratista de varias agencias públicas durante esta administración Jerome Garffer.
“La violencia de género es un mal social, basado en ignorancia y actitudes que no pueden tener espacio ni tolerancia en el Puerto Rico que aspiramos. Por demasiado tiempo, víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la inequidad, el discrimen, la falta de educación, la falta de orientación y sobre todo la falta de acción”, lee su comunicación.
¿Qué dice la orden ejecutiva para declarar estado de emergencia por violencia de género?
La orden ejecutiva es un reconocimiento de la violencia de género como un mal que debe atenderse en sus particularidades, que es un asunto que le compete al Estado y que los esfuerzos anteriores no han sido suficientes para hacerle frente.
Como preámbulo a las medidas que el gobernador ordenará, se incluye un compromiso con establecer “un proceso para desarrollar un currículo con perspectiva de género que ayude a combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, el discrimen y la violencia”.
La implementación de la perspectiva de género en la enseñanza pública no es, sin embargo, parte de las órdenes concretas en el mandato ejecutivo.
Sí establece que designará un oficial de cumplimiento para fiscalizar, dar seguimiento y monitorear la implementación de la orden.
Además, crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE), en el que se designan 17 miembros, incluyendo tres representantes de las organizaciones que se dedican a proveer servicios y luchar contra la violencia de género.
Este comité sustituirá la Comisión Multisectorial contra la Violencia hacia la Mujer (Comuvi), que había creado la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, cuando declaró servicio prioritario la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Puerto Rico, el pasado 26 de octubre.
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El comité será presidido por la secretaria de la Familia, Carmen González Magaz, quien tiene conocimiento especializado en violencia de género.
También, se ordena crear una aplicación de teléfono móvil que ayude a víctimas de violencia de género a solicitar ayuda de emergencia ocultando el mensaje enviado para proteger a la víctima de su agresor. Igualmente, cada agencia, en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), tendrá que identificar los recursos internos, fondos estatales y federales disponibles para cumplir con las disposiciones de la orden ejecutiva, y de ser necesario, solicitar fondos adicionales para manejar la emergencia declarada.
“Tenemos que ser proactivos y enfáticos a la hora de combatirla (la violencia de género) como reparación a todas las víctimas que no hemos podido proteger”, expuso Pierluisi por escrito.
La orden insta, además, a crear un programa de seguimiento para que toda persona que tenga una orden de protección por violencia de género sea contactada o visitada por un oficial del orden público para verificar su seguridad. Se busca también capacitar a todos los agentes del orden público y personal de agencias de gobierno, así como la optimización de los procesos para compilar estadísticas confiables sobre la incidencia de la violencia de género.
Un gran paso adelante para las luchas feministas en Puerto Rico
La Colectiva Feminista en Construcción celebró el anuncio “por el adelanto que implica para la lucha feminista de Puerto Rico y del mundo el haber logrado que el Estado reconozca su responsabilidad y obligación en atajar la crisis de violencia de género que nos atraviesa”, según publicó la organización en sus redes sociales.
“Nos sentimos encaminadas en la dirección correcta. Este ha sido un mal que ha trastocado a nuestro país por años, y los esfuerzos para la declaración han sido nuestro enfoque por los últimos dos. Este es un paso importante para aceptar que en Puerto Rico sí existe un problema de violencia de género, y que existen alternativas que pueden atacar el asunto desde la raíz”, expuso Taller Salud.
La organización feminista con base en Loíza advirtió que su equipo analizará la orden ejecutiva para asegurar que esté de acuerdo con las recomendaciones y necesidades identificadas.
Igualmente, agradeció a las otras organizaciones proveedoras de servicio en Puerto Rico que “han demostrado que el poder está en la gente”.
La directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, estimó que la declaración de estado de emergencia es una victoria para quienes luchan contra la violencia hacia las mujeres.
“Ciertamente, hay cosas que sumarle, pero es un gran paso. Nuestras organizaciones se reunieron el pasado viernes con el gobernador y le sometieron un pliego de propuestas. Ahora, estamos evaluando cuáles fueron acogidas y cuáles necesitan seguimiento”, anticipó Pagán Jiménez por medio de Twitter.
Reconocimiento de la violencia de género por encima de las agendas antiderechos
En respuesta al anuncio de este domingo, uno de los religiosos antiderechos que tuvo participación en la toma de posesión de Pierluisi, el pastor Otoniel Font, expresó, también en Twitter, su desacuerdo. “Dios le ayude a no ceder a las presiones de grupos que buscan destruir a la familia”.
El anuncio de Pierluisi también ocurre a días de una intensa discusión en el Senado sobre el problema de violencia de género en Puerto Rico. La senadora Joanne Rodríguez Veve reiteró su discurso negacionista sobre el problema del machismo y el sexismo. Consideró que se trataba de indignarse más por las muertes de las mujeres que por todos los tipos de asesinato y que eso significaba crear categorías de seres humanos superiores.
Varios senadores y senadoras ripostaron sus argumentos y una mayoría de 22 votó para aprobar la Resolución del Senado 54 para solicitarle a Pierluisi, precisamente, la declaración de estado de emergencia.
“Estamos viendo un país donde, solo por el hecho de ser mujeres, en toda su diversidad, incluyendo a las mujeres trans, somos objeto de posible violencia”, sostuvo la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Ana Irma Rivera Lassén en la primera sesión ordinaria del Senado.
Solo Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, y Thomas Rivera Shatz, del Partido Nuevo Progresista, votaron en contra. Se abstuvieron Keren Riquelme y Gregorio Matía, también del PNP.
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Un largo camino de lucha
El reclamo por un estado de emergencia se remonta a un plantón frente a La Fortaleza en noviembre de 2018, cuando Ricardo Rosselló habitaba la mansión ejecutiva.
El tiempo se encargó de develar crudamente el carácter misógino de Rosselló. Sus comentarios de odio contra mujeres y desprecio a activistas por la equidad de género está plasmado en el chat de Telegram que movilizó a miles de puertorriqueños a exigir su renuncia en el Verano del 19.
Las organizaciones feministas reiteraron su reclamo a Wanda Vázquez Garced, la sucesora de Rosselló, exprocuradora de las Mujeres y exsecretaria de Justicia.
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Hubo reuniones y compromisos. Incluso, la gobernadora solicitó a las organizaciones que redactaran sus propuestas.
El 4 de septiembre de 2020, Vázquez Garced emitió un comunicado de prensa para declarar “estado de alerta nacional”. No le acompañó orden ejecutiva. Más tarde, a dos meses de su salida del puesto, con muy poco tiempo para ponerla en marcha, emitió una orden ejecutiva “declarando servicios prioritarios la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Puerto Rico”.
En su investigación sobre feminicidios en Puerto Rico, Proyecto Matria y Kilómetro 0, identificaron que, en 2018, 63 mujeres fueron víctimas de feminicidios en Puerto Rico.
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Para 2020, el Observatorio de Equidad de Género contabilizó 60 feminicidios.
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