Por los próximos cuatro años, el país tendrá una Asamblea Legislativa mixta y diversa en la que las mujeres ocupan más escaños que en los pasados cuatrienios, y en la que ya es evidente que las propuestas en defensa de los derechos humanos de los sectores más progresistas también enfrentarán las nuevas agendas fundamentalistas que se han insertado con la intención limitar libertades.
Abiertamente, legisladoras electas de Proyecto Dignidad han negado la violencia de género en Puerto Rico, menospreciado el movimiento feminista y compartido sus intenciones de legislar para restringir los derechos sexuales y reproductivos de las personas.
Organizaciones feministas, activistas y pro derechos humanos han exclamado su preocupación con el fortalecimiento de grupos fundamentalistas religiosos que, desde el Capitolio, desean legislar para restringir derechos adquiridos y promover mensajes en contra de la diversidad de género en Puerto Rico.
“Es sumamente importante que los legisladores estén abiertos y abiertas a escuchar lo que queremos decir los grupos feministas, las personas que trabajamos con las comunidades, las organizaciones que trabajan con sobrevivientes de violencia doméstica… Que no nos cierren las puertas”, aseguró Isabel Ramos, organizadora del proyecto de apoderamiento social y político La Ruta de las Mujeres.
Logro simbólico de representación en el Senado
Es la primera vez en la historia puertorriqueña que las mujeres logran ser mayoría en el Senado con un total de 14 mujeres frente a 13 hombres. En comparación con el cuatrienio pasado, 34 mujeres fueron electas; 12 más que en el 2016, que fueron 22.
Entre las funcionarias electas, se encuentran 14 senadoras (51.85%), 10 representantes (19.60%), 9 alcaldesas (11.53%) y una comisionada residente.
“Todas las feministas, comoquiera, eso lo celebramos porque, en un pasado, poder acceder a esos espacios de poder político no era posible. Pero, no necesariamente es que todas las mujeres que hayan entrado al poder vayan a favorecer la causa”, sostuvo Ramos.
(Visualización y entrevistas por Adriana Díaz Tirado y Kristaliz Rosa Rojas)
Este logro simbólico, que podría traducirse en más políticas públicas atemperadas a las realidades de las mujeres, no es una garantía del todo, ya que entre las electas hay quienes han expresado sus intenciones de restringir derechos ya adquiridos.
Por otro lado, sigue existiendo una brecha de representación de género en la Cámara de Representantes. De 51 escaños, solo 10 representantes son mujeres (19.60%). Ademas, las presidencias en cada cuerpo legislativo corresponden a hombres cisgénero.
(Visualización y entrevistas por Adriana Díaz Tirado y Kristaliz Rosa Rojas)
La paridad de género en la representación política es necesaria para el balance de la democracia representativa en un país, donde el 53% de la población son mujeres. Sin embargo, ser mujer no es lo único que garantiza un avance en la agenda de la equidad. No moviliza del todo proyectos en defensa de los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres u otras comunidades vulnerabilizadas.
“Puede ser que dé paso a que haya más proyectos que, quizás, tengan esa mirada de perspectiva de género, de las experiencias de las mujeres y sus realidades más claras. Pero hay ciertas mujeres que no necesariamente defienden proyectos de ley que favorecen la equidad. Uno tiene que estar pendiente de cuáles son sus posturas. Algunas no han querido decir y de eso también estamos pendientes”, sostuvo Ramos.
Honor a las que abrieron camino
En las sesiones inaugurales de la Asamblea Legislativa, varias candidatas electas celebraron ser mayoría por primera vez en un cuerpo legislativo y reconocieron los trabajos de mujeres que les precedieron.
“Por primera vez, somos mayoría en un cuerpo legislativo y, por primera vez en la historia reciente del país, hay una amplísima diversidad partidista. Sobre lo primero, quiero señalar que si hoy nosotras tenemos el privilegio de ocupar estos escaños es porque hubo mujeres bravas en las generaciones anteriores que cuando había que pagar un precio para atreverse a hablar en una tribuna, lo hicieron”, manifestó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón.
La también primera candidata del PIP que corrió por la gobernación, en 2016, reconoció en su mensaje que las mujeres continúan siendo marginadas y violentadas. Asimismo, declaró que unirá esfuerzos con el senador independiente José Vargas Vidot para trabajar por el Estado de Emergencia por la violencia de género.
La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Ana Irma Rivera Lassén, con una amplia trayectoria como activista por la justicia racial y de género, también compartió un mensaje en el que aludió a los movimientos feministas pasados y actuales que combaten el discrimen racial, por orientación sexual e identidad de género.
“Honraré a quienes nos han precedido. Voy a honrar con mis palabras a Ana Roqué y a las sufragistas que dieron las luchas para el voto de las mujeres. Luchas que nos trajeron hasta aquí y nos toca seguir luchando para hacer del poder y la participación política una realidad que no se consigue automáticamente con el derecho al voto”, declaró la portavoz del MVC en el Senado.
Rivera Lassén dirigirá la comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, y la senadora independentista Santiago Negrón estará a cargo de la comisión especial para el Monitoreo Legislativo del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación.
Por su parte, la senadora electa por el Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve hizo hincapié en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
“Durante la pasada campaña, hubo quienes, abiertamente, reclamaron el silenciamiento del sector llamado religioso de la discusión de asuntos de política pública, que nos atañen a todos, simplemente por nuestro estatus de creyentes. Preocupante por demás que, en pleno siglo XXI, resurjan fuerzas políticas en todos los partidos que dicen luchar contra el discrimen, discriminando contra los creyentes. Dicen luchar por la equidad, mientras exigen que se privilegie la mujer sobre el hombre”, aseveró la candidata, en su insistencia de negar la violencia de género.
Rodríguez Veve ha establecido su agenda por legislar para restringir el derecho al aborto, una práctica que ya es regulada en Puerto Rico y que es segura, aunque no lo suficientemente accesible.
A finales de noviembre, Rodríguez Veve, junto con su correligionaria representante Lisie Burgos Muñiz, envió una carta firmada por diversos líderes del sector religioso en la isla en la se le solicitó al entonces gobernador electo, Pedro Pierluisi Urrutia, que no declarara un estado de emergencia por la violencia de género.
“Es nuestra postura que, de ninguna manera, este problema social puede atenderse desde la inequidad, como si la vida de las mujeres valiese más que la vida de los hombres o como si las causas por las cuales asesinan mujeres importarán más que las causas por las cuales asesinan hombres”, especificaba el documento, en negación abierta a las raíces de la violencia de género.
En el pasado cuatrienio, tanto mujeres como hombres han presentado y apoyado proyectos desde la Asamblea Legislativa para restringir los derechos a las personas gestantes de decidir sobre sus cuerpos y vidas, limitar el cambio de sexo en las hojas de nacimiento de personas de la comunidad LGBTTIQ+, entre otras legislaciones.
Del mismo modo, legisladores han votado a favor de proyectos antiderechos, solo para cerrar filas partidistas, sin tomarse el tiempo de leer detenidamente medidas ni involucrar en la toma de decisiones a las comunidades u organizaciones que trabajan los diversos temas.
“Ya ha habido personas que son fundamentalistas en esta Legislatura y hemos visto el tipo de proyecto de ley que han querido impulsar y sus agendas políticas e ideológicas. Entonces, sabemos que eso es una amenaza. Son personas que son muy claras con lo que quieren y, que de esa manera, fue que pudieron reclutar los votos”, explicó Ramos.
Negociaciones políticas con los cuerpos de las mujeres
La legisladora Rodríguez Veve expresó que llegó a negociar su voto por la presidencia del Senado a cambio de que el senador del Partido Popular Democrático (PPD) José Luis Dalmau Rodríguez le permitiera pasar legislación para restringir el derecho al aborto en Puerto Rico. Esta intervención fue elogiada por varios analistas políticos hombres que la consideraron una jugada política astuta.
Ante el cuestionamiento de los medios sobre esa conversación con Rodríguez Veve, el presidente del Senado respondió que no hubo acuerdo especial con ningún senador, pero que no excluiría ninguna medida de la discusión de la Cámara Alta.
Mientras, defensores de los derechos humanos han denunciado que dar paso a la discusión de cualquier proyecto de esa índole que va en contra de un derecho adquirido, es un retroceso para la Asamblea Legislativa.
Esta no ha sido la única controversia durante la primera semana de la nueva legislatura en el Capitolio. Dalmau Rodríguez creó la comisión Asuntos de la Vida y Familia que atenderá legislación sobre “derechos prenatales” y será dirigida por Rodríguez Veve. Dalmau Rodríguez expresó que deseaba ser inclusivo en la participación. Por tanto, creó y otorgó nuevas comisiones a los cinco partidos y al senador independiente Vargas Vidot.
Ante este anuncio, varias organizaciones pro derechos humanos repudiaron el nombramiento de la senadora a esta nueva comisión.
“Que sepa la legislatura que las comunidades, las mujeres, y sus aliados estamos preparados. No daremos ni un paso atrás. No vamos a ceder derechos y no permitiremos la persecución ni el discrimen desde la banca”, compartió el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE).
Desde CABE no nos sorprende que, a costa de un voto se de carta blanca para el discrimen y la persecución de las comunidades LGBTTIQ+ y las familias diversas al designar a una comisión de esta naturaleza a una senadora cuyo partido nos invisibiliza. ?1/3 pic.twitter.com/Bpa1YdpdNc
— Comité Amplio Para la Búsqueda de Equidad (CABE) (@Porlaequidadpr) January 14, 2021
Por su parte, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano advirtió que combatirán cualquier esfuerzo de Rodríguez Veve en contra de los derechos LGBTTIQ+ y de las mujeres tras ser nombrada presidenta de la comisión senatorial.
“La senadora Rodríguez Veve hizo campaña en contra de la perspectiva de género, los derechos LGBTTIQ+ y los derechos reproductivos de las mujeres. Ha minimizado el problema de la violencia de género, inclusive aduciendo que se pretende ‘privilegiar’ a la mujer víctima de violencia doméstica”, aseveró Serrano.
La legisladora Burgos Muñiz, quien también ha sido vocal sobre su intención de restringir el aborto, dirigirá la Comisión de Bienestar Social y Personas con Discapacidad en la Cámara de Representantes.
La comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara la dirigirá la representante popular Sol Higgins Cuadrado, quien en entrevista con Todas condicionó su defensa del derecho al aborto.
Recalcar la división de Iglesia y Estado en la Legislatura
Los inicios de los trabajos legislativos han traído a colación la importancia de hablar sobre la división de Iglesia y Estado, contemplada en la constitución. La incorporación de líderes conservadores fundamentalistas que desean imponer ideologías y creencias ha sido una constante en todo América Latina y el Caribe. Son grupos que están resurgiendo y luchando por su poder hegemónico en la sociedad de decidir moralmente por otros.
“(La separación de Iglesia y Estado) es la única manera en que se garantiza que todos los ciudadanos y ciudadanas de un país puedan tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, independientemente de su creencia y poder. Le da una tranquilidad también a la sociedad de que no hay ninguna religión que vaya a ser privilegiada en ese Estado”, expresó la teóloga feminista Agustina Luvis Núñez.
La profesora del Seminario Evangélico de Puerto Rico destacó que la separación de Iglesia y Estado promueve una sociedad más justa.
“Todos tenemos ideas y relaciones con la religión diferentes. El Estado debe garantizar el bienestar de todos, independientemente, de la religión que se profese o no se profese”, agregó.
Luvis Núñez explicó que la llegada de grupos que quieran imponer creencias o ideologías es sumamente peligroso, y “la historia ha sido testigo”. La teóloga entiende que la Iglesia puede contribuir de múltiples maneras sin tener que imponer dogmas religiosos.
“El problema de la violencia de género es un problema serio de este país”, recalcó al rechazar las posturas de las legisladoras que firmaron la carta en contra de la declaración de un estado de emergencia.
La teóloga feminista aseveró que el tema de la ley del aborto no es una decisión moral que deban hacer las legisladoras, sino que el asunto legal recae en el poder de decisión de las mujeres, así como de otras personas gestantes, sobre sus cuerpos.
“La lucha feminista es sobre quién decide sobre los cuerpos de las mujeres. Decide esa mujer, que está viviendo la realidad en su cuerpo, o decide el esposo; o decide el Estado o decide la Iglesia. Quién tiene la capacidad, la agencia moral para decidir sobre su bienestar. Pues son ellas las que la tienen, la que lo cargan. Y ese es el asunto de discusión. Y estoy de acuerdo con que las mujeres tenemos esa capacidad”, reconoció Luvis Núñez.
La insistencia de grupos fundamentalistas por querer negar la violencia de género, desinformar sobre la perspectiva de género y legislar en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes representa un punto de alerta para las organizaciones feministas y que defienden los derechos humanos en la isla.
