(Foto de Mustafa Omar en Unsplash)
A pesar de la emergencia de salud pública que enfrenta el país y las medidas de seguridad que se han impuesto para evitar el contagio del COVID-19, especialistas en sexualidad y reproducción reclaman que se garanticen los derechos de las personas gestantes en los hospitales públicos y privados.
“Ante la pandemia del virus, nos empiezan a llegar casos de mamás que están confrontando, no solo los problemas que estamos confrontando todos con el manejo de este virus, sino problemas adicionales en cuanto a su parto”, aseguró la abogada Melissa Pellicier Ortiz, quien pertenece a la Fundación Puertorriqueña para la Protección de la Maternidad y la Niñez (PROMANI).
Estas expresiones formaron parte de un conversatorio virtual que se publicó, el pasado viernes, en la página de YouTube de Caderamen, un espacio de autocuidado y apoyo a los procesos reproductivos.
La letrada señaló que, tras el primer programa especial del task force médico que asesora a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en el que respondieron, improvisadamente, ante cuestionamientos sobre el manejo de las embarazadas, su organización entregó al Departamento de Salud, a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y a la oficina de la mandataria recomendaciones basadas en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y en la evidencia recopilada por otras instituciones expertas en el tema.
“Se le dio libertad absoluta a que cada hospital implementara su protocolo, por lo que, lamentablemente, nos ha llegado información de que hay unos protocolos que no siguen las recomendaciones dadas por las organizaciones que ya aprendieron de las experiencias de otros países”, indicó Pellicier Ortiz.
En el foro, organizado por el Frente por los Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mesa Social y moderado por el director programático de Caderamen, Javier Morales Nazario, se puntualizó que más del 99% de los partos, en el país, ocurren en instituciones hospitalarias.
Según la portavoz de PROMANI, en Puerto Rico, se ha exigido por mucho tiempo un trato individualizado a cada parturienta, problemática que se agudiza con la emergencia de salud que se enfrenta mundialmente. Recalcó que, pese al pensamiento general, si se garantizan los derechos de la madre, se estará protegiendo al personal médico de manera más eficiente.
Recomendaciones para el manejo de las personas gestantes
Pellicier Ortiz sostuvo que cada parto debe realizarse de acuerdo con las mejores indicaciones obstétricas y las preferencias y circunstancias de cada persona. Sin embargo, recalcó que este proceso se está incumpliendo, debido a que tratan a todas las gestantes como si estuvieran contagiadas por el COVID-19.
“Es vital que se les hagan pruebas a las embarazadas, y, sobre todo, a las que están más cercanas a su fecha de parto”, puntualizó la abogada, quien resalta que el mal manejo de estos exámenes médicos, por parte del Estado, agravan la situación.
Desde el inicio de la emergencia, el gobierno ha enfrentado controversias por la carencia de pruebas, irregularidades sobre las compras de estos exámenes, que hoy se investigan por entidades estatales y federales, y las múltiples restricciones que han impuesto para que la ciudadanía acceda a estas evaluaciones médicas.
A pesar de que cada hospital tome medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus, aseguró que las embarazadas deben estar acompañadas al menos de una persona, quien es el apoyo psicosocial y físico de la gestante.
“El acompañante es un aliado tanto para la mujer como para el personal de enfermería porque es la persona que tú vas a reeducar para que continúe los cuidados en el hogar”, destacó la enfermera y partera Gisel Arroyo Ortiz, quien pertenece al Concilio de Partería de Puerto Rico.
Arroyo Ortiz subrayó que el personal médico no puede visualizar al acompañante como alguien que entorpece, sino como la persona que asistirá a la madre durante todo el proceso de recuperación si se considera que, debido a la emergencia, se busca dar de alta más rápido a las mujeres y a sus bebés. De igual forma, aseguró que instruir a la persona que la gestante seleccionó para que sea su apoyo evitaría que regresen al hospital en busca de respuestas.
Pellicier Ortiz, por otro lado, afirmó que el que una gestante sea paciente de COVID-19 no significa que se le deba someter a una cesárea programada. Asimismo, indicó que se recomienda la lactancia, en el hospital, sin importar si la parturienta dio positivo o negativo a la prueba. En el caso de que la madre presente síntomas severos debido a la enfermedad, es preferible que se extraiga la leche materna, pero esta situación no implica que se le separe de su bebé.
“Más que nunca debe haber un alojamiento en conjunto (entre la madre y la criatura) porque menos personas van a estar en contacto con ese bebé”, subrayó la miembro de PROMANI, aunque resaltó que se deben tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar un posible contagio al recién nacido.
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Cuestionar las irregularidades
Arroyo Ortiz instó a que estas recomendaciones se dialoguen con la o el obstetra antes de la fecha del parto. Sin embargo, si esta persona le indica a la madre que seguirá los protocolos de hospital, que violan los derechos de las gestantes, la mujer debería cuestionar, el día del alumbramiento, los procedimientos a los que se le va a someter y documentarlos con el fin de compartirlos después.
“No es crear controversias en una hospitalización dentro de un evento tan maravilloso como (es) traer a un bebé…la meta es que más hospitales entiendan que no hay razón real ni válida para negarle (los derechos a la gestante)”, resaltó la integrante del Concilio de Partería.
“No estamos pidiendo nada extraordinario, no estamos pidiendo que se violenten los derechos de los médicos ni su seguridad…Se trata de una dinámica que tiene ocurrir entre paciente, obstetra y hospital. (Una relación) que debió estar ocurriendo (desde) hace muchos años, (pero que) no sucede, y ahora nos está explotando en la cara”, indicó Pellicier Ortiz.
Las demandas de las expertas, por su parte, se ven amenazadas luego que la gobernadora otorgara inmunidad a los hospitales, inmediaciones médicas y personal clínico que esté atendiendo a pacientes sospechosos de COVID-19 u otras condiciones de salud que se traten durante el estado de emergencia.
