(Ilustración por Rosa Colón)
Cuando el 15 de marzo de 2020 entró en vigor la orden de estado de emergencia para frenar el contagio de la COVID-19 en Puerto Rico, no hubo mención de parte del Ejecutivo sobre cómo se atenderían los casos de violencia doméstica.
Desde otros países que ya enfrentaban una crisis sanitaria, llegaban testimonios y advertencias de que la cuarentena obligatoria había confinado a las mujeres víctimas de violencia doméstica junto con sus agresores.
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En las primeras semanas del toque de queda impuesto, la Policía adujo que hubo una baja en el número de denuncias, pero, de acuerdo con datos provistos por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), el número de víctimas de violencia doméstica a las que brindó servicios se duplicó en los meses siguientes a la pandemia con relación a los primeros dos meses del año.
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Además, tan solo en los primeros dos meses y medio de la emergencia, el Observatorio de Equidad de Género registró 11 feminicidios, de los cuales, al menos cuatro fueron vinculados a violencia doméstica.
“A pesar de que las agencias gubernamentales enfatizaron durante el primer mes de la cuarentena que los incidentes de violencia doméstica reportados a la Policía bajaron, en comparación con el mismo periodo para el año 2019, y que la tendencia según avanzaba la cuarentena señalaba una baja en la violencia doméstica, los números de feminicidios reportados en la prensa desde el comienzo de la cuarentena presentan una realidad muy diferente,” expresó en aquel entonces la doctora Debora Upegui-Hernández, analista del Observatorio de Equidad de Género.
Al cumplirse un año del encierro, la entidad tiene un registro de 59 feminicidios, incluyendo el asesinato de cuatro mujeres trans y un hombre trans.
En todo el 2019, se habían registrado 37 feminicidios
Ejecutivo y legislativo sin sentido de urgencia
En la Asamblea Legislativa, hubo tímidos e insuficientes intentos por legislar para proteger a las mujeres en relaciones de violencia doméstica en medio de la pandemia.
Desde el 15 de marzo de 2020, día en que inició el período de toque de queda y orden de distanciamiento social hasta el 31 de diciembre de 2020, cuando acabó el cuatrienio, el Senado presentó cuatro proyectos de ley y dos resoluciones relacionadas con violencia doméstica. La Cámara presentó una resolución.
De los proyectos presentados en el Senado, solo uno se convirtió en ley, pero nunca se llegó a implementar. Se trató de la Ley 49 de 2020, para establecer y reglamentar el sistema de respuesta a llamadas de emergencias por casos de violencia doméstica vía el número telefónico 0-0-0, el cual se conocería como “Llegó la hora cero”, y que estaría adscrito a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
A preguntas de Todas, la OPM indicó que se encontraba esperando la asignación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para su implementación.
También, se aprobó una resolución de la Cámara de Representantes para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad de Energía Eléctrica que le garanticen los servicios de agua potable y energía eléctrica, respectivamente, a toda persona que haya sido víctima de violencia doméstica, y que esté refugiada en un albergue para víctimas de violencia doméstica, aunque exista una deuda pendiente de pago a su nombre.
La respuesta llega de las organizaciones civiles
Ante la falta de una respuesta urgente para atender las poblaciones más vulnerables, varias organizaciones se unieron bajo el nombre de Mesa Social y reclamaron a la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced acción gubernamental en áreas de derechos humanos, tales como la vivienda, la salud, educación y salud mental.
Proyecto Matria lideró el esfuerzo por establecer una nueva línea de ayuda para víctimas de violencia doméstica en medio de la pandemia.
Se unieron a la iniciativa Casa la Bondad, Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, Hogar Nueva Mujer, Oficina de la Mujer del Municipio de Caguas y Casa Protegida Julia de Burgos.
El coordinador de servicio directo de Proyecto Matria, José Galarza Flores, afirmó que la línea comenzó el 23 de abril de 2020 como un trabajo voluntario de las organizaciones para atender llamadas las 24 horas del día, toda la semana, con turnos rotativos.
“Son esfuerzos bien complicados porque están todas las organizaciones con tanto trabajo y, a la misma vez, haciendo esto. Al mismo tiempo, es algo que nos da paz porque sabemos que está teniendo resultados y que llena un espacio que el gobierno no ha podido, históricamente, suplir”, resaltó Galarza Flores.
Aseguró que los organismos comunitarios acogen casos referidos de la OPM, durante la semana, porque la oficina gubernamental “no los pueden manejar”.
Desde que se habilitó en abril del 2020 hasta principios de marzo, la línea de ayuda 787-489-0022 había recibido 2,246 llamadas. Entre las solicitudes, las víctimas y sobrevivientes procuran frecuentemente apoyo en vivienda, asistencia legal y ayuda psicológica, informó Galarza Flores.
“Las organizaciones hemos sido frente en la respuesta de todas estas situaciones y ha sido efectiva, pues seguiremos luchando y dando la batalla”, dijo el profesional, quien enfatizó en el éxito de la iniciativa con la poca asignación de recursos.
Complicada la gestión en los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica
Mientras la escasez de fondos para manejar los protocolos para evitar contagios fue el primer reto que enfrentaron los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica, coincidieron las directoras de dos de estos centros.
Comoquiera, los servicios de alojamiento se han mantenido operando 24 horas, todos los días de la semana. Muchos han asumido tareas que les correspondía atender al gobierno.
Lisdel Flores Barger, encargada del Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, ubicado en el norte de la isla, enfatizó que su personal se ajustó a la emergencia para continuar la prestación de servicios a las beneficiarias y sus familias.
“Siempre se acompaña a las víctimas en todo el proceso, tanto por su seguridad como para apoyar en su estado emocional, ya que es un momento que le causa mucha tensión y el personal que acompaña le brinda el apoyo necesario”, puntualizó la administradora, quien recibió 86 participantes desde el comienzo de la cuarentena.
Ante la crisis salubrista, los albergues comenzaron un proceso de orientación para el personal y las participantes. También, habilitaron áreas de aislamiento para las nuevas integrantes, implementaron medidas para asegurar el distanciamiento social y calendarizar rondas adicionales de limpieza y desinfección de espacios.
“El mayor reto ha sido el poder lograr que la población cumpla con los protocolos establecidos para mantener el distanciamiento social dentro de las facilidades”, sostuvo Vilmarie Rivera Sierra, quien es la presidenta de la Red de Albergues de Violencia doméstica de Puerto Rico.
La también encargada del Hogar Nueva Mujer especificó que, entre los ajustes para mantener el distanciamiento social, comenzaron la asignación de turnos en actividades como comer, en el lavado de ropa, entre otras.
