(Fotos por Ana María Abruña Reyes)
A dos semanas de la revocación de la decisión Roe v. Wade, que reconocía el derecho contitucional estadounidense al aborto desde 1973, en 26 estados entraron en vigor legislaciones que prohíben o se encaminan a prohibir o restringir severamente este servicio de salud.
Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó, ayer, viernes, una orden ejecutiva para salvaguardar el acceso al aborto con medicamentos y a la anticoncepción de emergencia; proteger la privacidad de las pacientes; emprender esfuerzos de educación pública y reforzar la seguridad y las opciones legales disponibles para quienes buscan y brindan servicios de aborto. Entre otras cosas, el mandato también robustece las protecciones para las personas gestantes que necesiten cruzar fronteras estatales para acceder a un aborto legal y seguro.
Durante la manifestación de este sábado, frente al Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, en Hato Rey, abogadas y activistas por los derechos humanos reaccionaron a esta acción del presidente Biden.
“Como un paso inicial, me parece importante, sobre todo, en Estados Unidos. El problema es la preocupación de mujeres y personas gestantes que traten de ir a otros estados en busca del servicio y que las persigan hasta allá y no se lo permitan. Así que, creo que es una movida importante del gobierno federal para garantizar que las personas gestantes tengan acceso al servicio de salud, que es el aborto”, consideró la abogada feminista Patricia Otón Olivieri.
Por su parte, Josefina Pantoja Oquendo, activista feminista de larga trayectoria y presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, entiende que, a corto plazo, es una reafirmación de la política de respeto a los derechos humanos sexuales y reproductivos. Sin embargo, considera que hay una posibilidad que la orden ejecutiva “sea cuestionada pronto en los tribunales, pero, al menos es un mensaje que [se] está enviando”.
Dicho mensaje, según la senadora y también activista Ana Irma Rivera Lassén, “es que, dentro de Estados Unidos, se va a estar garantizando como un servicio esencial de salud el derecho de acceso al aborto”. Además, consideró que enviará un mensaje a las personas que piensan que el estado de derecho en Puerto Rico cambia por la revocación de Roe v. Wade. Tal pensamiento es erróneo e, incluso, fue aclarado por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, quien dijo que no se procesaría a ninguna persona por practicar un aborto o ejercer su derecho a terminar voluntariamente un embarazo.
Al estampar su firma en el documento, desde la Casa Blanca, Biden opinó que la anulación de la jurisprudencia que reconocía el derecho al aborto, amparado en el derecho constitucional a la intimidad, es “terrible, extrema y totalmente equivocada”.
Además, admitió que sus poderes para garantizar derechos es limitado, por lo que instó a escoger a congresistas demócratas en las elecciones de mitad de término –que se llevarán a cabo en noviembre– para que, desde la legislatura federal, se pueda aprobar una medida que proteja los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes.
¿Qué más establece la orden?
Biden ordenó al secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, que le presente un informe en 30 días sobre las medidas que la agencia está tomando al respecto. Estableció, además, un grupo de trabajo interinstitucional sobre el acceso a la atención de la salud reproductiva, que incluirá al Fiscal General de Estados Unidos Merrick Garland.
El Departamento de Salud Federal tomará medidas para ampliar el acceso a la anticoncepción de emergencia y la anticoncepción reversible de acción prolongada, como los dispositivos intrauterinos o DIU, según la Casa Blanca. El departamento tiene la tarea de garantizar que los pacientes tengan acceso a “todos los derechos y protecciones para la atención médica de emergencia que otorga la ley” y el presidente ordenó a Becerra que considere actualizar la guía que aclara las responsabilidades y protecciones de los médicos en virtud de la Ley de Trabajo y Tratamiento Médico de Emergencia. Garland también emitió una declaración en la que dice que los estados no pueden prohibir la mifepristona, un medicamento que se usa para interrumpir el embarazo temprano y que cuenta con la aprobación de la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés).
El departamento intensificará los esfuerzos de divulgación y educación pública sobre el aborto “para garantizar que los estadounidenses tengan acceso a información confiable y precisa sobre sus derechos y acceso a la atención”.
En preparación para los desafíos legales que se esperan en el futuro, la Casa Blanca están convocando a abogados y organizaciones privadas pro bono para que brinden más representación legal a quienes buscan legalmente abortos, así como a quienes los brindan.
La orden ejecutiva también se enfoca en proteger la privacidad de pacientes. Biden solicitó al presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) que considere tomar medidas para proteger la privacidad de consumidores cuando busquen información sobre los servicios de atención de la salud reproductiva. Biden también ordenó a Becerra, en consulta con Garland y la FTC, que considere opciones para abordar prácticas engañosas o fraudulentas y proteger el acceso a información precisa.
El presidente ordenó al Departamento de Salud y Recursos Humanos que considere acciones adicionales para salvaguardar la información confidencial relacionada con la atención de la salud reproductiva, incluso en virtud de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico. Becerra ha ordenado a la Oficina de Derechos Civiles de Salud Federal que emita una nueva guía relacionada con la Regla de privacidad de HIPAA para aclarar que, en la mayoría de los casos, los médicos y proveedores médicos no están obligados, y en muchos casos no están autorizados, a divulgar la información privada de los pacientes, incluso a cumplimiento de la ley. La oficina también publicará una guía para consumidores sobre cómo proteger los datos personales en las aplicaciones móviles.
La orden también busca garantizar la seguridad de quienes buscan y brindan servicios de aborto, incluso mediante la protección de las clínicas móviles que se han desplegado para brindar atención a pacientes fuera del estado.
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